Manuel Rojas Salas

Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

Después de un tiempo de reflexión, me he decidido a escribir con la finalidad de alzar mi voz con motivo de diversas situaciones que pareciera, se presentan a diario en algunas instituciones, con detrimento de los derechos de una población considerable:  la de nuestros adultos y adultas mayores.

Me correspondió vivir y padecer lo que aquí señalo, con motivo del reciente fallecimiento de mi señor padre. Tanto él como mi madre, trabajaron juntos y lucharon durante 60 años de matrimonio por construir un patrimonio que les permitiera ser independientes desde el punto de vista económico y financiero, con la finalidad de no depender de ninguno de sus tres hijos. Con motivo de eso, realizaron por iniciativa de ellos y en su oportunidad, diversas inversiones en BANCA PROMERICA, institución que en apariencia, se mostró ante dos adultos mayores, como un sitio seguro y además, respetuoso de la legalidad y de los procedimientos.

 Ahora bien, con motivo de la recta final y el deterioro de salud de mi papá, resultó imperativo el tener que liquidar anticipadamente y de modo urgente las inversiones que quedaban en la institución referida, por decisión de mi madre.  Ante ello, fue notorio el cambio de actitud de los personeros y personeras, que lejos de mostrarse sensibles, inicialmente se mostraron renuentes, pretextando el “bienestar” de los dos y “motivando” a que mi madre-que pasaba un momento acongojante-mantuviera las inversiones hasta el final.  Fueron pretextos, inconvenientes e incluso correos que no fueron contestados en tiempo, denotándose un abierto menosprecio por quienes otrora eran dignos inversionistas.  Ante ello, no quedó más recurso que los hijos empezásemos a intervenir y a pedir cuentas de sus actos a los personeros bancarios, para disgusto de ellos y ellas, ya que desde su obtusa perspectiva, parecía que sus descendientes nos estábamos “aprovechando” de modo tendencioso, cuando la realidad es que no íbamos a permitir que una octogenaria que pasaba una angustiosa situación por la salud de su compañero de seis décadas, enfrentase sola un sistema obsoleto  y  discriminatorio.

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Al final de cuentas, y con una penalización que resultó considerable, mi progenitora logró el traslado de los fondos producto de años de esfuerzo, a otra institución de su elección.  Pero ahí no terminó la historia, porque cuando poco después, me hice presente con ella a una de las dichosas oficinas de la entidad citada, para solicitar una documentación (llámese informe, certificación o lo que fuese ) sobre el origen de los fondos, se nos contestó con una interpretación absolutamente retorcida, antojadiza y absurda (por no usar otros calificativos más fuertes), que eso era imposible, porque la dama en cuestión, era beneficiaria y autorizada, pero no la “titular” de la cuenta, y que por eso la información no se iba a brindar.

 Ante ello, como abogado, solicité que se me brindara esta negativa por escrito con la debida justificación y nuevamente topé con una pared de insensatez, pues dos personas en una oficina-que parecía ser la del gerente o encargado- nos indicaron que esa “información no la podían dar por escrito, porque ahí no se brindaban esas respuestas” y simplemente hubo que conformarse con la negativa verbal

Esta situación fue absolutamente bochornosa y motivó mi enérgica protesta, puesto que era con mi señora madre con quien se habían entendido los personeros y personeras para efectos de renovación de inversiones, cotizaciones y más, y quien sí fue apta y hábil para eso, resulta que no lo era para solicitar de la entidad bancaria una información básica y elemental de una cuenta que ella misma ayudó a aperturar en su momento y que por un tema propio de pareja, decidieron que fuera a nombre de mi señor padre, aunque curiosamente, siempre los documentos salían a nombre de ambos, como si ella fuera cotitular.  Se trató de una clara y abierta discriminación contra una mujer que además es adulta mayor, pero para esos efectos “no era la titular ni la cliente”.

Al final de cuentas, el documento que motivó semejante disgusto, no resultó necesario en la entidad destinataria, pero todo lo vivido, me puso a pensar en que la normativa correspondiente al respeto de los derechos de personas adultas mayores-Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935  y sus reformas-particularmente en su artículo 3- e igualmente la CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES (de aplicación obligatoria y no facultativa en nuestro país ) en sus numerales 3 y 5,  no son más que letra muerta y un alegre eufemismo cuando de dinero se trata.  Pese a que mi padre fue funcionario bancario durante muchos años y mi madre una profesional en filología, que siempre entendieron y manejaron muy bien lo relativo a números, en ese caso en particular, concluimos que se les había “dorado la píldora” como decimos popularmente, para que seleccionaran una institución y a la hora llegada, las interpretaciones sin sentido y abiertamente ilógicas y perjudiciales, afloraron para entorpecer los trámites de urgencia.

Es imperativo una mayor sensibilización de quienes se encuentran al frente de las instituciones públicas y privadas que manejan fondos ajenos, particularmente con este segmento de población para quienes el lenguaje tecnológico es un idioma absolutamente desconocido e incomprensible, sensibilización que no puede obviarse a pesar de “chistes” de mal gusto que provienen del Ejecutivo sobre tales seres humanos, tal y como lastimosamente ha sucedido.  Y por otra parte, en el mes de la Mujer, conviene reflexionar sobre eventos como los aquí narrados, que en un país que se precia de respetuoso de los derechos ajenos, parecen ser sacados de una película de ficción o de terror, lo que quien lea esto, decida.