ML. Rosberly López Montero, docente de la Sede del Pacífico. Coordinadora de la carrera Inglés con Formación en Gestión Empresarial

Una de las dimensiones clave para evaluar la calidad en términos de expectativas y experiencias reales de las personas usuarias de un servicio es la fiabilidad, la cual puede comprenderse como la capacidad de prestar el servicio de manera consciente y precisa. Es decir, algo fiable genera confiabilidad y credibilidad y eso es lo que todos anhelamos de un servicio educativo. Pues bien, el XXX Informe del Estado de la Nación, presentado por el Programa Estado de la Nación (PEN) destaca entre sus hallazgos más importantes, como señala Brenes (2024) en una nota reciente, es que se han aplicado recortes en sectores clave para el desarrollo humano, tales como la salud y la educación, siendo la educación uno de los sectores más afectados. Con una situación de este tipo, no cabe duda de que distintos servicios educativos se ven comprometidos, lo que a su vez pone en riesgo su fiabilidad. Entonces, repasemos brevemente cómo la reducción en inversión en todos los niveles educativos, así como en los incentivos para estudiar, comprometen la calidad de la educación costarricense mediante la disminución de su fiabilidad.

En primer lugar, Brenes (2024) apunta que el Programa Estado de la Nación reporta una disminución de un 1,6 % de la inversión en educación por persona, afectando mayoritariamente los niveles de preescolar, primaria y universitario. Como puede verse, la población infantil es la más golpeada con estas reducciones, dado que entre los niveles más afectados se encuentran preescolar y primaria, lo cual abarca al menos siete años de formación en nada menos que la etapa más importante del desarrollo humano. De acuerdo con López (2020), “durante la primera infancia el niño o la niña posee un alto potencial el cual merece ser estimulado adecuadamente para que tenga mayores posibilidades de éxito en el inicio de su vida escolar y en general”. (p. 3). Por supuesto que esta misión se ve afectada con una reducción en la inversión a la educación. Si ya de por sí, las personas docentes y administradoras de centros educativos batallan a diario con las carencias en los centros de estudio públicos, una disminución en la inversión en la educación no hace sino acelerar el aumento de la brecha social incrementando paralelamente la disparidad y disminuyendo las posibilidades de desarrollar el potencial de las personas menores en esa etapa crucial de su vida. Una disminución en la inversión educativa en cualquier área es inconveniente, pero particularmente lo es durante la etapa de mayor potencial de desarrollo de las personas aprendices. Esto demuestra una falta de fiabilidad, al dificultar la prestación de algunos servicios educativos a la sociedad costarricense.

Por otra parte, “los incentivos para estudiar también se inclinaron a la tendencia hacia la baja” (Brenes, 2024). Específicamente, el programa Avancemos sufrió un recorte del 40 % entre el 2020 y el 2024, tal como lo indica el informe, lo que representa una disminución de 127.000 personas beneficiadas entre los años 2021 y 2023. El programa Avancemos, del Instituto Mixto de Ayuda Social, “coadyuva a la inclusión, la permanencia, la asistencia y la reincorporación al sistema educativo de las personas estudiantes” (IMAS, párr 1). Por supuesto, al haber menos personas beneficiadas, la permanencia de estudiantes en el sistema educativo se pone en peligro, favoreciendo el aumento de los índices de deserción, lo cual es ya un reto en esta materia. Esta caída drástica de personas beneficiadas constituye una pérdida importante para el desarrollo educativo del país, el cual debería ser prioritario. Este y otros programas que contribuyan al progreso social mediante diversos mecanismos, si bien es cierto, deben monitorearse para que lleguen a las manos justas, intentan promover la permanencia en las aulas brindando apoyo a las personas estudiantes y sus familias. Si la permanencia y la reincorporación de estudiantes a las aulas se ve perjudicada, claramente se disminuye la capacidad de prestar el servicio de manera consciente y precisa; es decir, se afecta la fiabilidad de la educación, lo que afecta a su vez, la percepción de las integrantes de la sociedad civil, quienes son los principales interesados de este servicio.

No es la primera vez que un informe del Estado de la Nación revela datos alarmantes, pero no por eso, la reducción a la inversión en la educación debería ser normalizada. Una sociedad que invierta en una educación de calidad para su ciudadanía, a como es la expectativa en nuestro país, promueve la disminución de la pobreza y por ende también la disminución de los índices de criminalidad y violencia, lo cual es un fin claro que debemos tener como sociedad, particularmente con el acelerado aumento del crimen en los últimos años. La disminución en inversión educativa durante la infancia, así como la reducción de algunos incentivos como el caso del programa Avancemos, los cuales son dirigidos principalmente a adolescentes, vulnera directamente los derechos de las personas menores de edad de nuestro país, particularmente a aquellos con menos recursos económicos, quienes de por sí ya enfrentan una serie de retos. Para procurar una educación de calidad y que las expectativas de la ciudadanía estén más cerca de cumplirse, es importante valorar estos datos con ojos críticos para que la educación costarricense no vea perjudicada su fiabilidad.

REFERENCIAS:

Brenes, S. (2024, noviembre 14). PEN: Deterioro significativo en servicios de educación y salud por recortes. Delfino. https://delfino.cr/2024/11/pen-deterioro-significativo-en-servicios-de-educacion-y-salud-por-recortes

IMAS, Gobierno de Costa Rica. Consultado el 17 de noviembre, 2024. https://www.imas.go.cr/es/beneficios/avancemos-0

López, R. (2020). Enseñanza del inglés a nivel preescolar en un contexto de educación pública. Revista Educación, 44(1). 1-17. DOI: https://doi.org/10.15517/revedu.v44i1.34626