11 sept 2024Sociedad

La constante transformación que experimenta la sociedad, las nuevas formas de pensar, el cambio que han experimentado los negocios, la aparición de nuevas tecnologías y el cuestionamiento de algunos sectores sobre el sistema de organización social, obliga a reflexionar sobre el papel del derecho en todos los órdenes de la sociedad para mantener la paz social y generar nueva legislación acorde con los nuevos tiempos.

Es por ello que el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad de Costa Rica (UCR) mantiene una serie de investigaciones abiertas sobre diversos temas de relevancia para el país, como el envejecimiento y los derechos humanos, el impacto laboral y socioambiental de algunos monocultivos, los delitos sexuales y la forma en la que la desigualdad económica está erosionando los derechos humanos.

Una muestra de estos proyectos presentarán sus avances en las V Jornadas de Investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas, las cuales se realizarán del 16 al 24 de setiembre, a partir de las 4:00 p. m., en el miniauditorio de la Facultad de Derecho, ubicado en el sexto piso del edificio de la Facultad. Las exposiciones también serán transmitidas por las redes sociales del IIJ y quedarán alojadas en ellas para consultas posteriores.

Una pincelada de algunas investigaciones

Impacto laboral y socioambiental de los monocultivos en comunidades bananeras y piñeras de la Zona Norte y Caribe, en el marco de la Red Iberoamericana de Cadenas de Valor (REDIC) a cargo de Mauricio Castro Méndez.

1. ¿En qué consiste su trabajo de investigación?

Mauricio Castro Méndez: Busca investigar sobre cómo las cadenas de valor inciden en las condiciones de trabajo de las plantaciones, para identificar las causas de los problemas y buscar soluciones y respuestas. Este proyecto, conjuntamente con el Trabajo Comunal Universitario 681 Cumplimiento de derechos laborales en plantaciones y con el proyecto ED-3668 Defensa, tutela y promoción de los derechos laborales en Costa Rica, conforman lo que hemos denominado el Observatorio de Relaciones Laborales que busca comprender, acompañar a organizaciones sindicales en sectores especialmente vulnerables y dar respuestas específicas frente a los problemas existentes en esos sectores.

2. ¿Cuál es el principal beneficio de su investigación para el país?

Mauricio Castro Méndez: El principal beneficio es integrar el trabajo académico (acción social, docencia e investigación) con los problemas concretos existentes a lo largo de las cadenas de valor en sectores vulnerables, para que, con la participación activa y protagónica de los actores sociales (investigación acción participativa y acción social), podamos tener una comprensión profunda del funcionamiento de esos sectores, de sus cadenas, de las causas de los problemas, y podamos articular respuestas nacionales y supranacionales frente a esos fenómenos con la finalidad de promover el cumplimiento efectivo de los derechos laborales en temas como el salario vital, la salud ocupacional, la discriminación (sindical, migrante y de género) entre otros aspectos fundamentales.

 

Análisis automatizado de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, a cargo de Julio Jurado Fernández.

 

1. ¿En qué consiste su trabajo de investigación?

Julio Jurado Fernández: Consiste en analizar la jurisprudencia de la Sala Constitucional en la cual se presentan conflictos entre principios constitucionales, utilizando motores de búsqueda basados en inteligencia artificial para localizar las sentencias de interés.

2. ¿Cuál es el principal beneficio de su investigación para el país?

Julio Jurado Fernández: Tiene como beneficio una mejor comprensión de la jurisprudencia constitucional al determinar la forma en que la Sala Constitucional resuelve conflictos entre principios constitucionales, y si esa resolución implica algún tipo de jerarquía entre principios.

Observatorio Estado de Derecho y Constitución Política en Costa Rica, a cargo de Magally Hernández Rodríguez.

1. ¿En qué consiste su trabajo de investigación?

Magally Hernández Rodríguez: Consiste en monitorear, analizar y examinar algunas sentencias claves de la Sala Constitucional, de los últimos cinco años (2018 en adelante), que tengan una relación directa con el Estado de derecho, para determinar el estado actual de la Constitución y sus implicaciones para el fortalecimiento del Estado de derecho en Costa Rica.

El tema del Estado de derecho sigue siendo hoy en día de gran relevancia, por las implicaciones prácticas en la democracia, los derechos fundamentales y el control del poder político. Teniendo nuestro país un sistema concentrado de control de constitucionalidad, es la Sala Constitucional la que le da vida y actualidad a nuestra Constitución Política de 1949. Realizar un examen jurisprudencial de sentencias de la Sala Constitucional, de los últimos cinco años (del 2018 a la fecha) nos permitirá conocer el estado actual de la Constitución Política, particularmente, en cuanto a los principios básicos del Estado de derecho (vigencia de derechos fundamentales y control del poder político). Si bien es cierto, a nivel internacional, existen mediciones sobre el Estado de derecho y gobernabilidad, estas tienen como finalidad hacer un balance cuantitativo. Este proyecto, sin embargo, tiene la ambición de ser un análisis cualitativo, evidenciando los alcances y limitaciones que la jurisprudencia constitucional le ha dado a los principios básicos del Estado de derecho en Costa Rica.

2. ¿Cuál es el principal beneficio de su investigación para el país?

Magally Hernández Rodríguez: En nuestro país existe ya un análisis del Estado de la nación y de allí el Estado de la justicia, sin embargo, no existe un análisis del Estado de la Constitución Política. Es bien sabido que el Derecho de nuestra Constitución Política ha evolucionando y lo continuará haciendo, a partir de la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Por ello, resulta relevante contar con un examen jurisprudencial que pueda analizar en qué estado se encuentra nuestra Constitución, en particular en cuanto a los principios del Estado de derecho (derechos fundamentales y control del poder político).

 

Análisis crítico de las pericias oficiales en el proceso penal costarricense, a cargo de Erick Gatgens Gómez.

1. ¿En qué consiste su trabajo de investigación?

Erick Gatgens Gómez: Se trata de un análisis crítico de las pruebas periciales de carácter comparativo que son elaboradas en el Complejo de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial, de cara al informe de PCAST de 2016, y el NAS report, de 2009, ambos de origen estadounidense.

2. ¿Cuál es el principal beneficio de su investigación para el país?

Erick Gatgens Gómez: En Estados Unidos se emitieron dos reportes que realizaron una crítica fundamentada a la realización de las pericias en el proceso penal estadounidenses. Ambos reportes son el informe de PCAST, de 2016, y el NAS report, de 2009. En Costa Rica no se ha hecho ningún análisis de confrontar esas conclusiones con nuestra realidad forense. De esta manera, la investigación pretende llevar a cabo un análisis de ambos informes de cara a las distintas pericias que son emitidas en el Complejo de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial, con el fin de exponer cuál es la situación actual, el análisis de su regulación, las posibles deficiencias y las propuestas de mejora.

Manual jurídico sobre derechos sexuales y reproductivos, a cargo de Sofía Cordero Molina.

1. ¿En qué consiste su trabajo de investigación?

Sofía Cordero Molina: Tiene la finalidad de investigar los derechos sexuales y reproductivos desde el ámbito de las ciencias jurídicas costarricenses, para promover el derecho a ejercer un control sobre la sexualidad, la salud sexual y reproductiva y a decidir de forma libre y responsable sobre las mismas, sin coacción, discriminación ni violencia. Lamentablemente en la sociedad costarricense, existe desinformación, temores, mitos y prejuicios en torno a este tema. De ahí que, el acceso a información jurídica confiable y veraz, ayude a la toma de decisiones y disfrute de manera responsable la sexualidad y vida reproductiva, así como a ejercer los derechos sexuales y reproductivos, desde una concepción de derechos humanos con visión de género.

2. ¿Cuál es el principal beneficio de su investigación para el país?

Sofía Cordero Molina: El mayor impacto que se pretende con el proyecto es la creación de un documento que tiene como intención cambiar de manera duradera y cualitativa la información ofrecida hasta el momento sobre una temática que no ha sido investigada por el derecho a profundidad y que no ofrece instrumentos doctrinarios de fácil acceso.

 

Los derechos de la Sustentabilidad: desafíos para el reconocimiento y efectividad de nuevos derechos emergentes en el Antropoceno, a cargo de Carlos Peralta Montero.

1. ¿En qué consiste su trabajo de investigación?

Carlos Peralta Montero: El proyecto está orientado por una perspectiva de Pensamiento Complejo (Edgar Morin) que, a partir de un diálogo inter y transdiciplinario, pretende investigar y generar espacios de reflexión sobre el carácter sinergético e intemporal de los problemas ecológicos del Antropoceno y la consecuente necesidad de reconocer y dar efectividad a emergentes derechos de la sustentabilidad, de forma que sea posible estructurar un pacto posmoderno orientado por un paradigma ecológico con una visión sistémica de la vida capaz de orientar una ciudadanía ambiental cosmopolita y formular propuestas para orientar una nueva gobernanza ambiental.

El proyecto adopta un análisis de tipo cualitativo, exploratorio y dialéctico que, orientado por el principio dialógico, esté fundamentado en bases epistemológicas que permitan analizar la relevancia de debatir y proponer caminos para un nuevo paradigma de sustentabilidad ambiental fuerte. Ese nuevo paradigma, en tesis, deberá ser capaz de complementar y robustecer los derechos humanos y, al mismo tiempo, promover el respeto de la capacidad de resiliencia de la naturaleza, partiendo de la comprensión y respeto de los límites biofísicos del planeta (o fronteras de riesgo ecológico) en el contexto de los riesgos climáticos que caracterizan el Antropoceno.

En síntesis, el proyecto busca proponer caminos de diálogo para intentar construir un nuevo orden imaginario (deber ser) que sea capaz de entender y respetar los límites del entorno natural (mundo del ser), resaltando que es ese espacio y sus interacciones dinámicas el que permite y condiciona la prosperidad de la sociedad. Ninguna posible aspiración de desarrollo puede existir sin observar esas fronteras planetarias.

2. ¿Cuál es el principal beneficio de su investigación para el país?

Carlos Peralta Montero:  La naturaleza del proyecto es de relevancia para Costa Rica en la medida en que propone una investigación que se fundamenta y, al mismo tiempo, pretende el fortalecimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS constituyen mandatos de optimización tanto para orientar las áreas sustantivas del quehacer universitario como para la elaboración de políticas públicas nacionales e internacionales. Se trata de 17 principios norteadores en la búsqueda de una sociedad más sustentable y equitativa. La Universidad de Costa Rica se ha caracterizado por el compromiso de generar y difundir conocimiento crítico para orientar acciones tendientes para el logro efectivo de los ODS, ocupando un lugar de destaque a nivel latinoamericano en esa materia.

Por otra parte, el carácter exploratorio de la investigación permitirá que el impacto del proyecto se pueda visualizar en la producción de resultados y material de valor para los tres ámbitos del quehacer universitario (docencia, acción social e investigación) promoviendo el desarrollo de actividades académicas con una perspectiva crítica que tendrán un alto impacto en la comunidad académica y en la población costarricense, al poner en destaque la relevancia de generar espacios de debate y producción de conocimiento sobre la epistemología que permite fundamentar los derechos emergentes de la sustentabilidad (clima estable, derecho a la ciudad, derecho al agua y al saneamiento básico, derechos de la naturaleza, derechos procedimentales ambientales, seguridad alimentaria, derechos de las comunidades tradicionales, migrantes ambientales, igualdad de género, etc.). Esos nuevos derechos, en el actual contexto de crisis ambiental, serán fundamentales para garantizar la dignidad humana (desarrollo psicológico, físico y social), orientar el nuevo modelo desarrollo de la sociedad posmoderna y guiar un nuevo modelo de gobernanza ambiental (nacional, regional e internacional).

Pluralismo jurídico: la justicia propia indígena en Costa Rica, a la luz de la jurisprudencia constitucional 1989/2021, a cargo de Rubén Chacón Castro.

1. ¿En qué consiste su trabajo de investigación?

Rubén Chacón Castro: En un espacio relativamente reducido del istmo centroamericano, en extensiones que abarcan casi el 7 % de la cabida del país, todos los días nacen personas cuya lengua materna no es el español, sino el maleku, el bribri, el cabécar o el ngabere. Pese a las afrentas que desde hace más de 500 años sufren los pueblos indígenas que se mantienen en lo que hoy se llama Costa Rica, en el seno de los territorios indígenas que ha reconocido el sistema, se llevan a cabo prácticas ancestrales que se pueden denominar derecho consuetudinario viviente.

Una de las partes de esa realidad comunitaria, es la organización indígena, que entre otras manifestaciones desarrollan dinámicas de justicia propia. La vida práctica, confronta la cosmovisión ancestral de los descendientes de los pueblos originarios, con las influencias y los intereses no indígenas que los oprimen y explotan. Ese enfrentamiento entre dos visiones del mundo pretende ser solventado desde la práctica indígena, a través del derecho consuetudinario, que garantiza la defensa de los intereses de estas comunidades ancestrales.

La investigación que se ha propuesto realizar toma como base la idea de que dentro del sistema costarricense existen disposiciones jurídicas y se han emitido resoluciones en la jurisdicción constitucional relativas al reconocimiento del denominado “derecho consuetudinario indígena” que se desarrolla dentro de los territorios de estos pueblos. Con base en ciertos conocimientos previos, se propuso realizar una investigación que analizara la jurisprudencia de la Sala Constitucional referente a ese tema citado y al papel de las expresiones comunitarias -que imparten justicia propia indígena-.

Bajo un enfoque que se denomina “de la autonomía indígena” se analizan sentencias, que permitirán hacer una reflexión acerca del grado de pluralismo jurídico que expresa el sistema costarricense. En ese recorrido, se pretende, del mismo modo, detectar los elementos esenciales de la justicia propia indígena a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Un punto que resulta fundamental en las actuales coyunturas que surgen de la realidad de estas comunidades se refiere al análisis de cómo las experiencias organizativas propias de justicia inciden en la defensa de los intereses indígenas frente a terceros, propiamente en el álgido tema de los derechos territoriales.

2. ¿Cuál es el principal beneficio de su investigación para el país?

Rubén Chacón Castro: El trabajo expone, bajo la perspectiva de la “autonomía indígena”, un tema que aunque se trata constantemente en la jurisdicción constitucional, no ha sido asumido integralmente en la doctrina nacional con anterioridad.

La investigación permite entender la manera como se va moldeando el derecho consuetudinario y, de esa manera, se espera ir consiguiendo una mayor comprensión de los derechos de los pueblos

indígenas, no solo para ir haciendo conciencia en la sociedad de esos derechos, sino para la consolidación, en la práctica, de los postulados de la sociedad multiétnica y pluricultural que instituye la propia Constitución Política.

Del mismo modo, el análisis que se lleva a cabo pretende posibilitar la divulgación de algunos resultados en las propias comunidades indígenas, con el fin de que, en el seno de algunos territorios, los entes comunitarios que tratan estos asuntos, tengan insumos acerca de las distintas experiencias que se han expuesto en los anales de la Sala Constitucional.

Siendo que las sentencias constitucionales exponen un criterio sobre el derecho consuetudinario, se torna esencial que las comunidades indígenas conozcan tales versiones y, ya que esas manifestaciones jurisdiccionales constitucionales no están siempre al alcance de las expresiones comunitarias que se encargan de definir la justicia propia, este estudio, dentro de sus objetivos, se ha impuesto hacer alguna divulgación de sus resultados entre diversas organizaciones indígenas territoriales.

En el ámbito de la academia, se lograría un estudio que enseña, en la práctica, el modo como se explica un tipo de pluralismo jurídico, basado en las experiencias de las instancias que desarrollan el derecho consuetudinario indígena.

En el campo de los estudios especializados, acerca de los sistemas jurídicos indígenas, se pretende que este trabajo contribuya a que se pueda determinar el derecho consuetudinario no solo como el producto de las definiciones que determina el órgano de justicia constitucional, sino además, que incorpore lo que se cree podría ser la concepción del mundo indígena (basado en fuentes de conocimiento, a las cuales se tiene acceso), de tal manera que se garantice una visión amplia e incluyente.

Visualizar la justicia propia indígena, forja en el sistema hegemónico, una perspectiva pluralista de la administración de justicia, entroniza el derecho consuetudinario indígena como garantía del acceso a la justicia y posibilita entender que la autonomía indígena es el enfoque más democrático para reconocer los derechos de estos pueblos.

 

Aplicación de los principios constitucionales penales en el proceso de formación de la ley, a cargo de Lilliana Rivera Quesada.

1. ¿En qué consiste su trabajo de investigación?

Lilliana Rivera Quesada: Esencialmente, la investigación versa sobre el análisis del cumplimiento o respeto de los principios constitucionales que aplican a la materia penal en el proceso de formación de las leyes en Costa Rica.

Para tal efecto, se ha hecho un análisis de los principios seleccionados para la investigación, desde el punto de vista doctrinal, pero también jurisprudencial, a través del estudio de múltiples resoluciones de la Sala Constitucional, con el fin de identificar cómo se aplican dichos principios, según la opinión de la Sala.

Adicionalmente, se recopilaron los proyectos que se presentaron en la legislatura anterior (2018-2022), que tuvieran el objetivo de modificar el Código Penal (se identificaron 58 iniciativas), para analizar cada uno de los expedientes legislativos y determinar si hubo algún cuestionamiento de constitucionalidad sobre su contenido y, si lo hubo, qué nivel de atención se prestó a los mismos en las decisiones legislativas.

Sobre esta base, se está determinando qué nivel de respeto a los principios constitucionales se ha observado en el trámite de las iniciativas identificadas.

2. ¿Cuál es el principal beneficio de su investigación para el país?

Lilliana Rivera Quesada: El respeto a los principios constitucionales es un rasgo esencial de un Estado democrático de derecho. Por ello, identificar su aplicación real nos permite determinar si las decisiones legislativas se toman para fortalecer el Estado de derecho, o si, por el contrario, tienen rasgos autoritarios.

El resultado de la investigación es un insumo académico para las personas legisladoras y los operadores legislativos en general, que tiene la finalidad de mostrarles, a través de los datos recopilados en la investigación, el grado de respeto e importancia que tienen los principios constitucionales en las decisiones legislativas.

Si bien es cierto las personas legisladoras tienen un muy amplio margen de discrecionalidad en las decisiones de política criminal, este espacio tiene límites, los que precisamente son fijados por los principios constitucionales. Por ello, fortalecer el cumplimiento y valoración de los principios constitucionales en el proceso de formación de la ley es fortalecer el Estado de derecho y, con ello, la democracia.

Análisis socio-jurídico de los mecanismos de democracia directa y participativa empleados en Costa Rica y su relación con la consolidación de la democracia deliberativa-participativa en el país, a cargo de Carolina Ovares Sánchez.

1. ¿En qué consiste su trabajo de investigación?

Carolina Ovares Sánchez: El trabajo de investigación se centra en analizar desde una perspectiva crítica, socio-jurídica y a la luz de un ideal democrático deliberativo y participativo, dos institutos de democracia directa y participativa institucionalizados en Costa Rica: el referéndum y la iniciativa legislativa popular, regulados en la Constitución Política y en sus respectivas leyes. En particular, se busca examinar la capacidad de los mecanismos de democracia directa y participativa para contribuir a la consolidación de un ideal normativo de democracia deliberativa y participativa. La investigación propone evaluar la regulación y los intentos de uso e implementación de estos mecanismos, con el objetivo de determinar cómo pueden generar un proceso efectivo de participación ciudadana más allá del voto periódico. Además, examina la relación entre la regulación de estos mecanismos y la democracia, es decir, el ideal del autogobierno del pueblo, enfatizando la necesidad de que la democracia sea tanto deliberativa como participativa, en el contexto de las sociedades contemporáneas, caracterizadas por el pluralismo, la diversidad y la desigualdad en el acceso al poder, como lo es la costarricense. Se busca abordar el déficit democrático actual y contribuir al conocimiento académico sobre la evaluación de la efectividad de estos mecanismos -el referéndum y la iniciativa legislativa popular- luego de su regulación en 2002, a la luz del ideal de democracia participativa-deliberativa.

2. ¿Cuál es el principal beneficio de su investigación para el país?

Carolina Ovares Sánchez: La investigación se sitúa en un contexto de desafección, declive y pérdida de calidad de las democracias constitucionales en Occidente, un fenómeno también evidente en Costa Rica, donde se ha observado una disminución de la legitimidad democrática de las instituciones, manifestada en una caída en la participación electoral y en el debilitamiento de los vínculos de representación de los partidos políticos. Esto refleja un problema de desafección y déficit democrático. En este marco, el principal beneficio de este estudio es su potencial para fortalecer la calidad de la democracia en Costa Rica. Al analizar cómo los mecanismos de democracia directa, como el referéndum y la iniciativa legislativa popular, pueden aumentar la participación ciudadana y fomentar la deliberación pública, así como identificar deficiencias en el cumplimiento de las promesas democráticas desde las reformas de 2002, la investigación ofrecerá recomendaciones para mejorar el diseño e implementación de estos mecanismos al finalizar el estudio.

 

Análisis del cumplimiento de condena de personas sentenciadas a arresto domiciliario con monitoreo electrónico en los juzgados de ejecución de la pena en el período 2017 a 2022, a cargo de Héctor Sánchez Ureña.

1. ¿En qué consiste su trabajo de investigación?

Héctor Sánchez Ureña: Determinar estadísticamente las causas de revocatoria por incumplimiento del arresto domiciliar con monitoreo electrónico como pena sustitutiva con base en el estudio de muestras de todos los juzgados de ejecución de la pena del país.

2. ¿Cuál es el principal beneficio de su investigación para el país?

Héctor Sánchez Ureña: Se procura generar un insumo a partir de la casuística para la correcta toma de decisiones en el plano legislativo y judicial. Actualmente se hacen propuestas con base en percepciones no verificadas en relación con esta modalidad de condena y otras formas de penas no privativas de libertad y beneficios de la etapa de ejecución de la pena.

Delitos sexuales en el Código Penal costarricense, a cargo de Patricia Vargas González.

1. ¿En qué consiste su trabajo de investigación?

Patricia Vargas González: Se hace un análisis técnico de los delitos sexuales contenidos en el Código Penal y leyes especiales. Igualmente se hace una aproximación histórica recapitulando las transformaciones sufridas por cada norma. Se incluye también un estudio estadístico de los tipos penales involucrados.

2. ¿Cuál es el principal beneficio de su investigación para el país?

Patricia Vargas González: Este estudio sistemático permitirá evidenciar si las transformaciones normativas efectuadas a lo largo de los años están justificadas en datos concretos o son resultado de otras cuestiones. Por ejemplo, la necesidad de satisfacer reclamos de la ciudadanía ante eventos o casos concretos. Esta investigación no solo servirá a las personas estudiosas del derecho y quienes laboran en el ámbito penal para que puedan hacer de mejor manera su labor, sino también a las personas legisladoras que, a partir de lo que aquí se concluya, podrían considerar reformas de las normas ya existentes.

Posterior a su realización, las exposiciones de las V Jornadas de Investigación del IIJ quedarán disponibles en las redes sociales del Instituto:

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