IV Informe sobre Personas Adultas Mayores en Costa Rica

Más de 215 000 personas adultas mayores viven en Costa Rica sin ningún tipo de pensión

Imagine que usted llega a la vejez, sin energía para poder trabajar, enfermo por el paso de los años, sin casa propia, con muy poco apoyo de sus familiares y sin recibir ningún tipo de pensión de carácter formal. Suena como una situación irreal para una nación como Costa Rica, ¿verdad? Lamentablemente, no lo es.

Un nuevo informe de la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD), ambas de la Universidad de Costa Rica (UCR), revela que más de 215 000 personas adultas mayores en el país no reciben ningún tipo de pensión, lo que las hace vivir en la incertidumbre económica.

El dato ya se encuentra oficialmente publicado en el IV Informe sobre Personas Adultas Mayores en Costa Rica titulado "Pensión Contributiva Básica y sus Desafíos", el cual para este 2024 contó con el apoyo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA).

Dicho informe destaca que, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado costarricense para garantizar una seguridad social integral, aún existen grandes brechas por subsanar, especialmente, en el tema de vejez y envejecimiento.

Por ejemplo, de los 546 225 habitantes mayores de 65 años, indica el documento, solo el 44 % está cubierto por un régimen de pensión contributiva básica, mientras que el 17 % depende de la pensión del Régimen No Contributivo (RNC) que ofrece apenas 82 000 colones mensuales.

Lo anterior deja a 215 528 personas mayores sin ninguna protección económica formal, lo cual podría incidir desfavorablemente en su calidad de vida y bienestar. ¿El peligro de esto? Enorme.

Para el Dr. Fernando Morales Martínez, decano de la Facultad de Medicina de la UCR, esta situación de desprotección haría que el grado de pobreza y pobreza extrema —que actualmente llega cerca del 28 %— se dispare.

“En la actualidad, hay 92 000 personas en régimen no contributivo con un monto de 82 000 colones y con esto no se puede comprar mucho. Se requiere de un compromiso social de parte de las autoridades de turno. Es una decisión del Gobierno conseguir los fondos”, expresó el Dr. Morales.

Desde la mirada del médico, esa decisión del Gobierno es vital. La falta de acceso a una pensión contributiva o no contributiva tiene profundas implicaciones sociales y económicas.

Las personas adultas mayores sin pensión suelen depender de familiares, redes de apoyo o programas de asistencia social para sobrevivir. Sin embargo, la asistencia no siempre es suficiente y muchos se ven obligados a continuar trabajando en condiciones precarias o a vivir en situación de pobreza extrema.

La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué, si la pensión es un derecho humano fundamental, hay personas sin ella?

“Porque el argumento del Estado es que no tiene recursos. La pensión es un derecho, lo que pasa es que hay mucha gente en la informalidad y no hay un plan social que analice esa situación. Por eso se requiere de un pacto social que involucre a todos los afectados”, declaró el Dr. Morales.

Si la situación continúa así, el equipo de investigación estima que las repercusiones a largo plazo serían desalentadoras. El problema de carecer de una pensión digna no se limita solo a la calidad de vida de las personas adultas mayores, sino que también afecta a la sociedad en su conjunto.

Al no tener una red de seguridad económica para este grupo, se incrementa la carga sobre los sistemas de salud y los servicios sociales, lo que aumenta la presión sobre un Estado que ya, de por sí, enfrenta retos significativos en términos de sostenibilidad fiscal y de recursos.

“El envejecimiento de la población está directamente asociado a una mayor prevalencia de enfermedades y, por lo tanto, a una mayor demanda de los servicios de salud. En muchos casos, esa demanda se da por tiempos prolongados que se extienden desde el inicio de la enfermedad, pasando por la discapacidad y hasta la muerte. Estos aspectos nos invitan a pensar en una nueva configuración de los servicios de salud y de los servicios sociales, en los que se redefinan aspectos como la atención de la salud (de calidad y con calidez) y el bienestar de la población”, añadió la M.Sc. Emiliana Rivera Meza, investigadora del Observatorio.

La investigación señala que los fondos y regímenes de pensiones presentan limitaciones y debilidades significativas, lo que podría ponerlos en riesgo a mediano y largo plazo. Fotografía de Karla Richmond Borbón.

Puede empeorar

El desafiante panorama antes expuesto se podría exacerbar en los próximos años. ¿Los motivos? Varios.

El primero es el rápido envejecimiento de la población costarricense, seguido por la alta tasa de vida, la baja natalidad y, finalmente, las pocas personas menores de 60 años que actualmente están cotizando. Veamos cada uno con cuidado.

Para el 2040, se proyecta que el número de personas mayores de 65 años sea el triple y supere el millón de habitantes en este grupo etario. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) calcula que para el 2050 Costa Rica tendrá a 1 262 311 costarricenses mayores de 65 años, lo que equivale al 20,7 % de seres humanos que vivan en el territorio nacional. En otras palabras, tendremos una exposición sociodemográfica de personas adultas mayores.

Ese aumento intensificado, de la mano con una población adulta mayor que vive cada vez más, indudablemente acrecentará las solicitudes de servicios médicos y de pensión. Por lo tanto, vale preguntarse: ¿será posible que la nueva generación de jubilados que viene en camino —en la cual podría estar usted— tenga oportunidades de acceso? Las proyecciones pronostican que muy difícilmente.

En estos momentos, el país está experimentando menos nacimientos y, por lo tanto, menos personas que en un futuro cotizarán al sistema de pensiones. Desde la década de 1960, la población menor de 15 años ha disminuido del 47,6 % al 20,8 %, mientras que la población de 15 a 64 años ha aumentado del 49,2 % al 69,1 %, se detalla en el estudio.

Y, para cerrar con el desafiante panorama, actualmente Costa Rica posee una generación laboralmente activa que no está cotizando para ningún régimen. El informe muestra que en Costa Rica más de 425 000 personas —el 19 %— no cotiza para alguno de los regímenes obligatorios de pensiones disponibles en el país.

A esa realidad se le debe sumar el empleo informal, el cual se ubicó en un 37,3 % de la población ocupada del país. En otras palabras, más de 777 000 personas laboran en la informalidad y no aportan al sistema de pensiones.

¿Las consecuencias? Adversas. La falta de cotizaciones disminuye de manera considerable los ingresos necesarios para cubrir a una mayor cantidad de personas jubiladas, lo que abre las puertas hacia un deterioro de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones.

Así, se podría prever una mayor incidencia de la pobreza en la vejez, más dependencia de los programas de asistencia social y a beneficios gubernamentales para cubrir las necesidades básicas de las personas adultas mayores. “La falta de cotización agrava las desigualdades económicas y genera una mayor carga para los sistemas públicos”, resalta el informe.

Rostro de mujer

En todo esto, además, hay un aspecto muy particular. El crecimiento acelerado de la vejez en Costa Rica tiene rostro de mujer. ¿Por qué? Por la feminización del envejecimiento.

El documento exterioriza que, en todos los desafíos presentes, las mujeres mayores son las más vulnerables, dado que enfrentan más tasas de pobreza debido a una vida laboral caracterizada por trabajos informales, ingresos más bajos y responsabilidades de cuidado no remunerado.

El resultado es que esas mujeres tengan menos cotizaciones para las pensiones, poca cobertura y montos más bajos, lo que no les garantiza una seguridad económica sólida en la vejez.

“Las mujeres adultas mayores son más vulnerables por su poca participación en actividades remuneradas a lo largo de su vida, su bajo nivel educativo, la falta de pareja durante la vejez, así como la pérdida económica y de protección institucional que ello puede representar. Asimismo, las mujeres están expuestas a enfermedades asociadas a su rol reproductivo y de cuidadora de la unidad familiar. Así, la feminización del proceso de envejecimiento, y la ausencia de una perspectiva de género, profundiza las desigualdades de las mujeres respecto de los hombres y restringe el acceso a los sistemas de jubilaciones de estas”, puntualizó la M.Sc. Emiliana Rivera.

El envejecimiento acelerado en Costa Rica afecta fuertemente a las mujeres, un fenómeno conocido como la feminización del envejecimiento. Su vulnerabilidad radica en sus historias de vida, caracterizadas por trabajos informales, bajos ingresos y responsabilidades de cuidado no remunerado.

¡Urge tomar acciones!

El informe concluye que, ante los desafíos expuestos, es vital robustecer el sistema previsional de pensiones. Este sistema representa un mecanismo para brindar protección a las personas frente a aquellas eventualidades que les impida generar ingresos.

Esas eventualidades estarían relacionadas con la edad, el desempleo, la enfermedad, la invalidez, la maternidad o la pérdida del apoyo familiar, entre otros. El objetivo fundamental consiste en mantener la calidad de vida de las personas al garantizar su bienestar y satisfacción.

“Los sistemas de pensión responden a la idea de un sistema previsional; es decir, es un sistema en el cual yo —como persona trabajadora— destino una porción de mi salario para un ahorro, con el fin de preveer que en mi futuro, cuando ya se acabe mi vida económica activa, pueda disponer de recursos para cubrir mis necesidades una vez que esté en edad de jubilarme. La clave de un sistema previsional es que haya cobertura, sostenibilidad y eficiencia en su manejo”, exteriorizó el Dr. Carlos Murillo Zamora, director del Observatorio del Desarrollo de la UCR.

¿Y cómo se lograría esa eficiencia? Para el Dr. Murillo, una opción es desde la inversión. Si se invirtieran los recursos del sistema previsional de pensiones, Costa Rica brindaría una mayor seguridad futura a las personas adultas mayores mientras, al mismo tiempo, incentiva una movilización importante en el mercado laboral a favor del bienestar social a largo plazo.

“Los fondos de pensiones son una fuente clave para contribuir al desarrollo económico, social y político de los países. En ese sentido, como se trata de un fondo de ahorro a muy largo plazo, son fondos que pueden ser destinados a la inversión pública. Por ejemplo, en infraestructura vial y en algunos otros proyectos que contribuyan al desarrollo económico, social y político. El problema en Costa Rica es que la ley no le permite a las operadoras de pensiones que manejan los fondos obligatorios, o los ahorros voluntarios para la pensión, invertir en distintos campos. Si se diera esa posibilidad, Costa Rica dispondría de un mayor fondo de capital para invertir en áreas claves para el desarrollo del país”, alegó el Dr. Murillo.

El informe concluye que ahora, en lo que el país se debe enfocar como eje prioritario, es en generar estrategias que permitan incluir a quienes no han cotizado durante su vida laboral, ya sea por trabajar en la informalidad o por no cumplir con los requisitos actuales.

De igual forma, el documento hace un llamado a reforzar los programas de asistencia social, a mejorar los hábitos de vida para llegar a tener una vejez saludable y a optimizar los mecanismos de inclusión financiera para la población mayor.