Universidad de Costa RicaLa educación costarricense atraviesa serios rezagos y un desfinanciamiento significativo. En ese panorama, ¿cuál es su propuesta para retomar el rol de liderazgo de la Universidad de Costa Rica (UCR)?
Este rezago debe abordarse con el posicionando de la UCR —como referente nacional y regional— en el sistema educativo, el liderazgo de la Facultad de Educación en la formación de docentes, así como con el fortalecimiento del alcance del Sistema de Estudios Generales, que es común a todas las carreras y es estratégico en la recuperación curricular.
La UCR tiene que seguir financiando proyectos en los que convergen estudiantes y docentes de diversas áreas académicas y sedes, que propicien el intercambio de experiencias y el diseño de nuevas estrategias didácticas, como es el caso de RedIC-UCR.
¿Cuál es la mejor estrategia que deben seguir las universidades públicas para negociar cada año el FEES con el Gobierno? ¿Luchará por volver a una negociación quinquenal o cree que es mejor que sea anual?
La Universidad de Costa Rica debe impulsar desde Conare la apertura de canales de comunicación asertivos con el Gobierno, para encauzar una negociación quinquenal que les permita a las instituciones un mejor uso de los recursos disponibles. Lo anterior debe realizarse para poder planificar a mediano y largo plazo las actividades en beneficio de la sociedad.
¿Cómo puede ayudar esta Universidad a impulsar al país hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 planteada por la ONU?
La Universidad de Costa Rica, en conjunto con las otras universidades de Conare, debe impulsar la creación de programas y equipos transdisciplinarios y aprovechar el talento humano y la infraestructura instalada. De igual forma, debe reforzar los programas existentes como, por ejemplo, Ucrea y Progai. Además, debe coordinar en el seno del Conare convocatorias de fondos concursables con los demás actores institucionales y de la sociedad civil.
Sabemos que tenemos autonomía universitaria, sin embargo, desde su punto de vista, ¿cuándo debemos fortalecerla y defenderla?
Como universitarios debemos defender la autonomía universitaria como un medio de libertad plena en el claustro académico. A nivel constitucional, está garantizada y solo podría ser modificada por medio de una Asamblea Constituyente.
¿Cuál es su postura sobre la regionalización en la UCR y el impacto que como universidad hemos tenido en las regiones donde existen nuestras sedes y recintos? ¿Cómo se debe enfocar la investigación y la acción social para darle continuidad a la gran cantidad de proyectos existentes en esas regiones?
Somos una sola universidad que se proyecta a todas las regiones del país. La regionalización permite promover la descentralización de las carreras y los procesos administrativos, generar una oferta académica pertinente e innovadora, articular la relación entre las unidades académicas y desarrollar la investigación y la acción social en las regiones. Esta tiene como fin el bienestar de las personas y el desarrollo de la sociedad.
Por lo tanto, es necesario un plan de desarrollo a mediano y largo plazo debidamente financiado. En el corto plazo, los mecanismos para consolidar la regionalización requieren la asignación de tiempos, desarrollo de infraestructura y equipamiento, becas estudiantiles, becas al exterior para su profesorado y fondos concursables para investigación y acción social.
¿Cuáles son sus propuestas concretas para promover y garantizar una mayor equidad de género en todos los niveles y ámbitos de la Universidad de Costa Rica? ¿Cómo piensa implementarlas de manera efectiva?
La Universidad de Costa Rica ha respondido y aportado a cambios positivos de la sociedad, los cuales generan una concepción cultural de respeto a la dignidad de cada persona. Esto conlleva al reconocimiento de la igualdad de género, a las diversas identidades sexuales, así como a las ideas y creencias de diversas comunidades sociales.
En las últimas décadas, han sido las luchas de las mujeres y de diversos grupos sociales las que han generado esos cambios, pero reconocemos que las desigualdades sociales son aún profundas. Por ello, seguiremos fortaleciendo la normativa universitaria referente a la discriminación, al acoso sexual y laboral, teniendo como referencia el Artículo 3 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, que establece nuestra obligación de buscar la consecución del bien común.
Apoyaremos el fortalecimiento de iniciativas existentes, como es el caso del programa Publicare que facilita a mujeres docentes la realización de publicaciones científicas. Asimismo, apoyaremos proyectos inter y transdisciplinarios para promover y garantizar la equidad de género en todos los niveles y ámbitos de la Universidad de Costa Rica.
¿Entre sus ejes de trabajo, se integra el tema de la comunicación a nivel institucional? ¿Cuáles son los componentes que va a trabajar durante su gestión de cara a que la UCR ya cuenta con una estrategia y reglamento al respecto?
Abordamos el tema de la difusión del quehacer universitario desde una perspectiva de nuestra autonomía, basada en el respeto, la ética y veracidad en su contenido. Los diversos medios de comunicación institucionales deben informar y educar en aquellos temas de interés nacional e institucional. Deben ser instrumento para que las instituciones y el sector productivo se informen de las capacidades académicas, con el fin de propiciar puentes interinstitucionales y oportunidades de cooperación.
¿Cuál es su visión respecto al trabajo de los medios de comunicación universitarios?
Visionamos medios universitarios de comunicación con independencia editorial y, por lo tanto, que no sean un instrumento de la Administración. Estos deben tomar en cuenta las opiniones y visiones de toda la comunidad universitaria sin responder a una línea editorial específica.
La Universidad es responsable de comunicar los resultados de sus actividades. Con este objetivo, se deben usar estratégicamente todas las herramientas disponibles para que la información alcance a los distintos estamentos de la sociedad civil, con un mensaje apropiado y oportuno, en un formato y en un lenguaje comprensible.
¿Cuál es su estrategia para llevar a niveles óptimos el bienestar emocional y psicológico de toda la comunidad universitaria? ¿Cuáles son las principales acciones que implementaría y cómo las llevaría a cabo?
La vida universitaria y la salud integral se deben garantizar promoviendo más espacios de integración y oportunidades de socialización que favorezcan la convivencia. Los estilos de vida saludables y el bienestar de la población se logran a través de actividades sociales, deportivas, culturales y artísticas, entre otras. A la vez, se debe mejorar la respuesta institucional reforzando los servicios de salud para la atención oportuna de la comunidad.
¿Mantendrá la política de congelamiento de salarios y recorte de beneficios salariales al personal administrativo de la Universidad?
En el contexto de la Ley Marco de Empleo Público, es urgente definir una estructura salarial justa del sector administrativo, que garantice la permanencia del personal y su bienestar. Cualquier acción futura se tomará en beneficio de la comunidad, apegada al principio de la legalidad y la estabilidad financiera de la Institución.
Ante las últimas reformas internas, la falta de una carrera administrativa y las implicaciones de la Ley de Empleo Público, ¿se vislumbra algún tipo de incentivo para evitar la salida de personal administrativo de la Institución o para mejorar su calidad de vida? ¿Qué plantea para mejorar la situación del personal administrativo en materia de régimen salarial?
La Universidad debe definir una estructura salarial competitiva para el sector administrativo y valorar un esquema de incentivos no salariales, que potencien el crecimiento personal y el desempeño profesional en un ambiente de bienestar. Lo anterior debe realizarse desde una perspectiva de equilibrio financiero y pertinencia, con base en el principio de legalidad y la Ley Marco de Empleo Público.
La Universidad tiene una deuda pendiente con el sector administrativo de la Institución y con el sector docente interino, ya que es la única universidad pública en la que estas poblaciones no participan al 100 % en las elecciones de la Rectoría. ¿Cuál es su propuesta para saldar esta deuda y para que la UCR sea un espacio democrático?
Según el Estatuto Orgánico, esta decisión le corresponde a la Asamblea Colegiada Representativa. En el marco institucional, los grupos interesados pueden elevar sus propuestas. Desde la Rectoría se apoyará la representatividad de los distintos componentes de la comunidad universitaria, que asegure la gobernanza de carácter académico de la Institución.
La UCR cuenta con una serie de comisiones institucionales, por ejemplo, la Comisión Institucional en Discapacidad (CID), a las que se les asigna velar por temas específicos de los diferentes ámbitos de la comunidad universitaria. Sin embargo, algunas tienen un presupuesto muy bajo o no tienen, no cuentan con personal de planta y todos sus representantes son ad honorem. ¿Cómo desde la Administración de la Universidad se debe retomar esta situación y fortalecer las comisiones institucionales?
Resulta relevante revisar las funciones, alcances y logros de las comisiones. Con base en este análisis se debe realizar un levantamiento de las necesidades reales, tanto en talento humano como en recursos, para asegurar su efectividad institucional en procura del bienestar de los individuos.
¿Cuáles son las necesidades más importantes que tiene la UCR en materia de inversión en infraestructura? ¿Cuáles de ellas tendrán prioridad durante su posible gestión como rector?
La necesidad institucional más urgente es la correcta planificación estratégica de los requerimientos de las unidades. Esto nos permitirá cumplir con sus objetivos, mediante la aplicación de un instrumento de evaluación objetivo, transparente y accesible, el cual permita priorizar las necesidades institucionales considerando la estabilidad financiera y presupuestaria.
Se debe avanzar y dar continuidad a los proyectos aprobados con contenido presupuestario. De manera paralela, cada área debe priorizar sus proyectos aplicando ese instrumento. La calendarización para su ejecución estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria institucional. De igual forma, se desarrollará el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, que garantice su buen funcionamiento y disponibilidad en el tiempo.
¿Se plantea usted de alguna manera recortar y reducir la millonaria factura que paga la Universidad en alquileres de propiedades para oficinas?
Es necesario evaluar los requerimientos técnicos de los espacios, para mantener aquellos que son esenciales en el funcionamiento de la institución, así como potenciar la modalidad de teletrabajo como un medio de atención de las necesidades de espacio físico. Además, se puede valorar la adquisición de bienes inmuebles alquilados.
Se llama a la unidad de la comunidad universitaria y, para ello, se llevan a cabo actividades que promueven esa unión y el bienestar integral. Sin embargo, en muchas unidades académicas y administrativas, las jefaturas no dan los permisos respectivos para que el personal, tanto docente como administrativo, participe de ellas.
Sin respuesta.
Durante su gestión, ¿cuál será la estrategia para evitar este tipo de situaciones y propiciar que de verdad las personas funcionarias de la UCR puedan disfrutar plenamente de las actividades que organiza la Institución?
Debemos generar acciones coordinadas que fomenten el bienestar dentro de la Institución, sin que estas afecten la calidad del servicio que se brinda. Estas acciones se pueden gestionar por medio de resoluciones que establezcan las reglas básicas para que la comunidad universitaria pueda participar diferidamente.
¿Cuáles son sus principales fortalezas en comparación con administraciones anteriores de la UCR?
Cada Administración universitaria debe tomar decisiones en coyunturas históricas diferentes, sus acciones obedecen a procesos distintos de acuerdo con la realidad del momento. Por esta razón, comparar administraciones anteriores resultaría una opinión sesgada y emitir juicios de valor sobre una base incierta.
Un listado de 18 preguntas idénticas para cada candidato fue remitido por la Oficina de Comunicación Institucional (OCI) al Tribunal Electoral Universitario (TEU). Las respuestas dadas por cada candidato a la autoridad electoral se publican en este espacio.
