“La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad” (…), reza el artículo 3 del Estatuto Orgánico. A pesar de ello, y de los avances logrados en las últimas décadas, la desigualdad de género sigue siendo una realidad innegable en nuestra institución, por lo que conviene considerar que es momento de que nuestra casa de estudios adopte acciones afirmativas decisivas para garantizar la equidad y la inclusión de las mujeres docentes, para seguir cumpliendo con su misión de ser una universidad al servicio de la sociedad costarricense y construir una comunidad académica verdaderamente equitativa y transformadora.
Las estadísticas son un reflejo contundente de la brecha de género que existe en la UCR. En el año 2023, de 2.023 docentes en Régimen Académico, solo 861 eran mujeres, y ellas representaron únicamente el 36% de las solicitudes de calificación académica. Estos datos no son simples números, sino que ponen de manifiesto las barreras sistémicas y los obstáculos que las mujeres enfrentan en su desarrollo profesional y su reconocimiento académico. Son el resultado de siglos de desigualdad estructural, de estereotipos de género arraigados y de la subvaloración persistente del trabajo y las contribuciones de las mujeres en el ámbito universitario.
Pero la inequidad no se limita al género. Desde una perspectiva interseccional, reconocemos que las personas con discapacidad, las afrodescendientes y otras poblaciones históricamente excluidas enfrentan múltiples formas de discriminación y marginación en la academia. Sus voces, experiencias y saberes han sido silenciados e invisibilizados por estructuras de poder que privilegian a ciertos grupos dominantes. Esta universidad, como institución comprometida con los principios de justicia social e inclusión, tiene la responsabilidad ética y política de desarticular estas estructuras excluyentes y crear espacios de participación y empoderamiento para todas las personas.
Los instrumentos internacionales y nacionales que respaldan las acciones afirmativas, como la CEDAW y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, y la misma jurisprudencia de la Sala Constitucional esta materia, son herramientas valiosas en la lucha por la equidad. Sin embargo, la igualdad formal no es suficiente. Necesitamos una igualdad sustantiva, una igualdad que trascienda el papel y se traduzca en cambios reales y tangibles en las vidas de las mujeres y las poblaciones históricamente excluidas. Las acciones afirmativas son un medio para lograr esa igualdad sustantiva, para corregir las disparidades históricas y nivelar las condiciones en un sistema que ha favorecido sistemáticamente a determinadas poblaciones.
Iniciativas como el programa PUBLICARE, son un avance significativo. Pero debemos ir más allá. Necesitamos medidas estructurales, como cuotas de género en los procesos de contratación y ascenso, trato preferencial para grupos subrepresentados y presupuestos específicos para fomentar la participación plena de las mujeres y las poblaciones históricamente marginadas en la docencia y la investigación. Estas acciones deben ir acompañadas de procesos de formación y sensibilización con perspectiva de equidad, para desafiar los sesgos inconscientes y los estereotipos que perpetúan la desigualdad.
Sin embargo, es fundamental reconocer que las acciones afirmativas, por sí solas, no son suficientes para lograr una verdadera transformación. La equidad y la inclusión demandan un cambio cultural profundo y sostenido en el tiempo. Este cambio requiere una redistribución justa y equitativa de los recursos, las oportunidades y el reconocimiento, garantizando que todas las personas, independientemente de su género o condición social, tengan acceso a las mismas posibilidades de desarrollo y crecimiento. Asimismo, es necesario construir una universidad que valore y celebre la diversidad en todas sus formas, que escuche y amplifique las voces de las mujeres y las poblaciones históricamente excluidas, y que se comprometa de manera activa y decidida con la justicia social y la transformación hacia una sociedad más equitativa e inclusiva.
La UCR tiene la oportunidad histórica de liderar este camino, de ser un referente de equidad y un modelo a seguir para otras instituciones educativas. Pero para lograrlo, debemos pasar de las declaraciones a las acciones concretas. Es menester estar dispuestos y dispuestas a desafiar el status quo, a enfrentar las resistencias y a perseverar en la lucha por una universidad más paritaria.
La equidad y la inclusión son imperativos éticos y políticos que nos convocan a todas las personas. Son una llamada a la acción, a la solidaridad y a la transformación profunda de nuestras instituciones y nuestra sociedad. Es claro que la Universidad de Costa Rica cuenta con el talento, la capacidad y la responsabilidad de liderar este cambio. Que este momento sea el catalizador para emprender acciones afirmativas audaces y transformadoras que nos permitan construir una universidad verdaderamente equitativa, inclusiva y comprometida con la justicia social y el bienestar de todas las personas.
El camino hacia la equidad y la inclusión presentará desafíos y obstáculos. Pero la lucha por la justicia siempre ha sido y seguirá siendo un camino de valentía, perseverancia y esperanza. Hoy, la UCR, como la institución humanista que ha sido desde su creación, tiene la oportunidad de caminar con determinación por ese sendero, de ser una luz que guíe el rumbo hacia una educación superior transformadora y emancipadora. Que nuestras acciones sean un testimonio de nuestro compromiso inquebrantable con la equidad, la inclusión y la justicia social. Que nuestra universidad sea un espacio donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente, donde se celebre la diversidad y se desafíen las estructuras excluyentes. Que nuestro legado sea una Casa de Estudios Superiores ética, valiente y comprometida con la transformación social.
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