Universidad de Costa Rica
“Aunque los atrapen, va a continuar el sicariato, va a continuar el crimen organizado, porque no se está realizando una política de prevención”, aseguró Dall'Anese en su exposición.
Foto: Katya Alvarado.En medio de la ola de criminalidad que atraviesa Costa Rica, algunos sectores de la población y del Poder Ejecutivo han cuestionado la decisión de algunos jueces de no imponer prisión preventiva a personas que la policía ha capturado como sospechosas de cometer algún delito.
En este sentido, la Asamblea Legislativa tramita un proyecto de ley que pretende reformar el artículo 239 y 239 bis del Código Procesal Penal relacionado con el tema de la prisión preventiva.
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho reunió a tres juristas con amplia formación y experiencia en el tema para analizar el proyecto de ley y compartir su criterio sobre la hoja de ruta que debe seguir el país ante el crimen organizado.
Uno de los expositores fue Francisco Dall’Anese Ruiz, exfiscal general de la República, quien considera que el nuevo texto propuesto para el artículo 239 atenta contra las garantías procesales de los imputados y no tendría ningún efecto en lo que se busca combatir: la criminalidad.
Según explica, el texto actual señala que el juez podrá ordenar la prisión preventiva, mientras que el texto propuesto por la reforma no le deja al juez ningún margen de valoración porque dice “el juez ordenará la prisión preventiva”. Para Dall’Anese, esta redacción podría alentar a muchos jueces a sentirse titulares de la política de persecución y ordenar la prisión preventiva a partir de argumentos subjetivos, y dejar de lado la ley y las pruebas.
“Ese es el principio del fin de la justicia. Si esto pasa, yo espero que la Sala Constitucional no se arrodille ante los políticos, como ya lo ha hecho en varias ocasiones y, si lo hiciera, que los jueces interpreten correctamente y entiendan que podrían ordenar la prisión preventiva si fuera petición de parte y con las pruebas suficientes, no como una divina potestad que le está otorgando el Legislativo para hacer política de persecución”, advirtió el jurista.
Para Dall’Anese, este proyecto de ley va en la misma ruta de una serie de propuestas encaminadas a disminuir garantías procesales y hasta constitucionales, lo cual cataloga como una barbaridad propia de una clase política que no entiende el problema o no lo quiere entender.
En este sentido, recordó que el Poder Legislativo es el responsable de la política criminal del país. Es ahí donde debe estudiarse el fenómeno criminal para determinar cuáles conductas tienen que comenzar a ser delito y definir su forma de castigo. Además, es el órgano encargado de definir las penas de acuerdo con estudios científicos y técnicos, y no por ocurrencias, como está sucediendo ahora, en criterio del expositor.
A partir de la política criminal definida por la Asamblea Legislativa, surgen dos políticas distintas: la política de prevención del delito o seguridad ciudadana, que le corresponde al Poder Ejecutivo, en las figuras del presidente de la República y del ministro de Seguridad Pública y, por otra parte, la política de persecución criminal. Esta última la decide el fiscal general de la República con ayuda del Consejo Fiscal.
“Dar seguridad ciudadana no es un problema de la justicia o del fiscal general, mucho menos de los jueces. Los jueces se tienen que dedicar a ver si un señor o una señora que tienen al frente, y que lo están señalando, es autor, o no, de un delito con base en las pruebas. Es un asunto singular, no es una política general. El juez se dedica a asuntos muy puntuales”, enfatizó Dall’Anese.
Para el jurista, el recrudecimiento de las penas por la comisión de ciertos delitos tampoco es una solución ante el incremento de la criminalidad. Para sustentar su criterio puso como ejemplo a varios países que incluyeron la pena perpetua y de muerte en su legislación y no han visto ninguna disminución en las conductas criminales.
En contraposición, expuso el modelo de países como Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, donde ha habido épocas en las que cierran las cárceles porque no tienen ni delitos ni sentenciados, producto de una política social muy agresiva que ha permitido que todas las personas vivan en una clase media muy cómoda, con muy buenos servicios y con muy buenas oportunidades de ascenso social.
Por otro lado, Dall’Anese advierte que aumentar los plazos de prisión preventiva, lejos de ser una solución, se puede traducir en una mayor ineficiencia de la Fiscalía porque es común que los procesos de investigación se activen pocos días antes de que expire la medida cautelar, solo para justificar la ampliación de la prisión preventiva.
De acuerdo con Dall’Anese, la legislación costarricense ya ofrece medios contra la delincuencia organizada y que pueden ser más efectivos que todos los proyectos de ley que ha estado aprobando la Asamblea Legislativa recientemente. El problema que señala es que no se están utilizando.
Uno de estos instrumentos es una plataforma de información policial que permitiría diagnosticar la existencia de organizaciones criminales con el fin de desarticularlas a tiempo, similar a los sistemas que maneja Francia frente a los narcotraficantes y España frente a los grupos terroristas. Según el exfiscal, esta plataforma no se ha articulado o no se quiere aplicar.
La otra herramienta que menciona es el capítulo de capitales emergentes de la Ley contra la Delincuencia Organizada, el cual faculta al ministro de Hacienda, al fiscal general de la República y a la Contraloría General de la República a presentar denuncias ante el Tribunal Contencioso Administrativo cuando detecten que una persona o un funcionario público ha tenido un aumento patrimonial inexplicable.
“Todo esto ya está legislado, pero no se aplica. Capitales emergentes se ha aplicado en muy escasas situaciones. En los casos que se ha hecho, se ha hecho con éxito porque se ha recogido patrimonio particular que no tiene causa lícita acreditada.
“Y lo quieren cambiar por una Ley de Extinción de Dominio que obligaría al Estado a probar en un proceso penal la culpabilidad del acusado, a favor del cual juega la duda. Con la Ley de Extinción de Dominio todo correrá a favor del imputado, mientras que con el procedimiento de Capitales Emergentes todo juega a favor del Estado, porque es el administrado el que tiene que probar de dónde obtuvo el incremento patrimonial, su legitimidad, y, si no lo logra hacer en diez días, lo perdió”, explicó el jurista.
Para Dall’Anese, el capítulo de capitales emergentes es el arma más poderosa para combatir la delincuencia organizada porque es la forma de quitarle el dinero a estas estructuras ilícitas que funcionan como cualquier empresa privada, con su proveeduría, departamento de producción, distribución de productos, tesorería, y reinversión de capital. Una vez sin dinero, la empresa delictiva no podrá seguir operando.
De acuerdo con el exfiscal, mientras el capítulo de capitales emergentes siga sin usarse las organizaciones criminales seguirán manejando grandes cantidades de dinero que les da mucha capacidad de maniobra, de violencia, de soborno y de, inclusive, afectar la economía del país.
“Con todo ese dinero, las organizaciones criminales pueden decidir una mañana que necesitan ametralladoras, vehículos o computadoras y las tienen para la tarde. En cambio, todos los recursos de la policía tienen que presupuestarse, cobrarse de los impuestos y enfrentar a Nogui Acosta, el ministro de Hacienda que tiene la plata ahí y no se las da. Y tampoco nos explican ¿por qué, teniendo la plata, no se la da a la policía? Tampoco nos explican ¿por qué, teniendo la plata, no se la da al Ministerio Público ni al OIJ?, a sabiendas de que estamos ante la peor crisis de criminalidad de la historia de este país”, reclamó Dall’Anese.
Para Dall’Anese, el aumento de la criminalidad es el fruto de un creciente abandono estatal de grandes sectores de la población, únicamente por seguir los mandamientos de los grandes organismos económicos internacionales, los cuales propugnan por reducir el tamaño del Estado en aras de un mercado más grande.
En este sentido, el exfiscal señala que esta reducción estatal se traduce en menos servicios públicos y en una mayor privatización. Sin embargo, advierte que la empresa privada nunca va a estar interesada en negocios que no considere rentables.
De esta manera, hay “universos en completo abandono”, en los que las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren en absoluta pobreza, porque el Estado no les facilita oportunidades de ascenso social, no les genera fuentes de empleo y no les da ningún tipo de servicio.
“¿Qué sucede entonces? Que el Estado encontró un competidor, que es el crimen organizado. Entonces, viene don Capo y le dice a la gente: “Como papá Estado no le da a usted nada, yo, don Capo, sí le voy a dar”. Y les da un empleo muy bien pagado y les construye escuelas y, en algunos países, hasta el estadio, el equipo de fútbol e iglesias”, reveló.
De acuerdo con el jurista, esta realidad genera un tejido social que legitima la autoridad de la organización criminal y no la autoridad estatal. Asegura que esto ya se está comenzando a vivir en Limón y en la zona sur del país.
