Universidad de Costa Rica
En el cantón guanacasteco de Abangares se encuentra el EcoMuseo, en donde se puede conocer el funcionamiento que tuvieron las antiguas minas de oro. Foto Laura Rodríguez.
Según una investigación revelada recientemente, existen al menos 59 solicitudes de concesiones para exploración minera subterránea que acaparan 779,52 km2, es decir aproximadamente un 1,52 % del territorio nacional.
Estas solicitudes en trámite abarcan los cantones de Abangares, Cañas, Tilarán, Alajuela, Atenas, San Ramón, Palmares, San Mateo, Orotina, Puntarenas, Monteverde, Montes de Oro, Esparza, Turrubares, Puriscal y Mora; es resumen, están dirigidas a cuatro de las siete provincias del país: Guanacaste, Alajuela, Puntarenas y San José.
Esta información forma parte de la investigación denominada: Informe de solicitudes de concesión de minería subterránea de oro y plata en el Pacífico de Costa Rica, la cual fue realizada por Jennipher Martínez Ramírez y Mauricio Álvarez Mora, del proyecto Geografía y diálogos de saberes del Programa Kioscos Socioambientales, que pertenece a la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) y a la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Para la elaboración de dicho informe, esta pareja de investigadores se basó en información proveniente del catastro y archivo minero de la Dirección de Geología y Minas.
Y como parte de este estudio se generó un Geovisor, desde donde se pueden ubicar de manera sencilla las solicitudes y revisar un manual para que las comunidades tengan acceso a las áreas descritas y puedan revisar los expedientes que están en trámite.
Asimismo, es posible observar que existen solicitudes que incluyen buena parte de la ciudad de Palmares o San Mateo, San Luis de Monteverde, y ciudades completas como Miramar o Guacimal de Puntarenas.
En total, las 77 952 hectáreas que se encuentran en trámite de concesión equivalen a poco menos que la superficie de todo el cantón de Guácimo (801, 48 km2), que está de número 22 en tamaño entre todos los cantones del país.
Si lo comparamos con cantones más pequeños que Guácimo, las solicitudes abarcarían completamente los cantones de Poás, Santa Ana, Barva, Santa Bárbara, Monteverde, San Rafael, La Unión, San José, Palmares, Alvarado, Escazú, Goicoechea, Moravia, San Isidro, Santo Domingo, Alajuelita, Curridabat, Montes de Oca, Belén, Tibás y San Pablo.
En términos de producción agrícola es mayor a toda el área de café (77 352,5 ha) sembrada según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2022, realizada por el INEC.
Si lo comparamos con otros cultivos básicos, es la suma del área sembrada de arroz (33 586,4 ha), frijol (8 653,30 ha), maíz (7 175,90 ha), yuca (7 084,40 ha), papa (2 912,4), naranja (13 220,70 ha), melón (1 673,00 ha) y palmito (3 231,90 ha).
Los cantones donde hay mayor cantidad de área solicitada para las concesiones son Tilarán con 113,3 km2, Puntarenas con 112 km2, Montes de Oro con 78 km2, Abangares con 57,47 km2 y San Ramón con 37,91 km2. Además, hay un grupo importante que suman 276, 7 km2 en solicitudes que se encuentran en dos cantones o más.
Estás solicitudes se tramitaron de la siguiente manera: 13 en el 2019, siete en el 2020, 17 en el 2021, dos en el 2022, 19 en el 2023 y dos en el presente año.
Infografía cortesía del Programa Kioscos Socioambientales UCR.
Por otra parte, un total de 20 empresas y personas son las que tramitan esas solicitudes, en las que destacan Edgar Gamboa Espinoza y la empresa Terrasun Resources S. A., que juntos solicitan casi la mitad (48 %) del área total de las solicitudes; esto representa un 0,72 % del territorio nacional.
Además, figuran empresas como Geoexploraciones de Occidente SRL (cuatro solicitudes), Sofía Solís Cedeño (tres), ECOMINAS S. A (dos), Jorge Eduardo Vargas Ramírez (dos), Carlos Alexander Hernández (dos), Eco Inversión Centroamericana S. A. (dos), Jacqueline Pérez Navarro (dos), Cooperativa autogestionaria para la explotación de minerales y procesos sostenibles COOPEVETA R.L (dos), Cooperativa autogestionaria para la explotación, beneficiado de materiales y protección ambiental R.L. (dos), Cooperativa Autogestionaria para la orfebrería y comercialización de joyas R.L. (dos), Gerling Navarro Porras (dos), y con una solicitud aparecen Carlos Muños Álvarez, Proyecto Terris Sociedad Anónima, CR S. A., Eduandi S.A., Mina OROTEX S. A., Cooper Huatilar, y Cuarzo Dorado San Miguel Sociedad Civil.
Otro de los resultados que arrojó esta investigación es la concentración de personas consultoras ambientales, pues en 60 expedientes se encuentran los nombres de solamente nueve personas y/o empresas de consultoría. Aunado a esto, en varios casos aparecen personas consultoras ambientales que en otros expedientes son los solicitantes y desarrolladores.
En nuestro país históricamente el principal mineral de interés ha sido el oro. A partir de 1820 existen registros de explotación de dicho mineral en la provincia de Puntarenas, en los distritos de Esparza y Montes del Aguacate.
Infografía cortesía del Programa Kioscos Socioambientales UCR.
Según el investigador Rolando Castillo (1997), se pueden definir cuatro ciclos mineros históricos en el país: el primero (1820-1843) es en el distrito minero de Abangares, en la provincia de Guanacaste; el segundo (1890-1930) en el mismo distrito y en Miramar y Guacimal, ambos de la provincia de Puntarenas y que fueron explotados por compañías extranjeras; el tercero en la década de los ochenta con el “oro aluvial” de ríos en la Península de Osa y Burica, al sur de la provincia de Puntarenas; y el cuarto se desarrolló desde 1990 hasta la fecha, y se caracteriza por la llegada de transnacionales con técnicas de cielo abierto por lixiviación con cianuro.
En ese cuarto ciclo se dio la apertura de la mina Macacona, en Esparza, y Mina Beta Vargas, en Chomes; pero, tras una serie de irregularidades y problemas, no pudieron terminar su ciclo de explotación.
A esta se les sumó la mina Miramar, en donde hubo un accidente, y la de Crucitas, que fue anulada la concesión por irregularidades.
Las solicitudes de explotación de este último ciclo llegaron a cubrir más del 20 % del territorio nacional, mientras los permisos de explotación, solicitudes de descongelación y concesiones de explotación cubrieron unos 850 km2, lo que equivale casi al 2 % del territorio (Alvarez, 2015).
Desde el año 2010, en el país está prohibida la minería metálica a cielo abierto, y sólo es posible realizar minería metálica en forma subterránea. Según la Dirección de Geología y Minas, el Estado ha reservado los cantones de Abangares, Golfito y Osa para el desarrollo de la minería artesanal y en pequeña escala.
El 9 de noviembre del 2010, la Ley N° 8904 para declarar a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto fue aprobada por unanimidad, con los 49 diputados presentes. En ella se archivan todos los proyectos de minería metálica a cielo abierto en trámite, que no tengan una concesión válidamente otorgada.
Incluso se archivan aquellos que no han presentado trámites de evaluación ambiental o que no han obtenido un permiso de exploración, pues no podrán obtener una concesión de explotación.
Cabe destacar que dentro de esta ley existía un transitorio, que les permitía a los mineros artesanales o coligalleros trabajar con mercurio en la recuperación de oro.