Universidad de Costa Rica
El recurso hídrico resulta esencial para que cualquier familia pueda cumplir sus rutinas de limpieza, alimentación e hidratación. Foto Karla Richmond.
Las comunidades de Hatillo continuaron con las manifestaciones desde el 18 de marzo, en reclamo por las pésimas condiciones de suministro de agua potable que les viene afectando desde semanas atrás.
De forma selectiva, las fuerzas policiales actuaron privando de libertad a las personas lideresas comunitarias, lo que demostró una estrategia de represión focalizada, con el fin de desarmar el movimiento e intimidar a las personas participantes.
Ante la implementación de estas estrategias de inseguridad pública, queremos invitarle desde el Observatorio Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (OBC UCR), a reflexionar sobre las implicaciones de la criminalización de la protesta social, comprendiendo que hay dos elementos que debemos tener presentes.
Luis Andrés Sanabria Zaniboni, coordinador del Observatorio de Bienes Comunes UCR
El primero es que, según la Constitución Política de Costa Rica, el Estado reconoce el derecho humano al acceso del agua potable para consumo humano, y por ende tiene la obligación de garantizar ese derecho.
Y segundo, la criminalización de la protesta social es un mecanismo para legitimar la omisión del Estado en su deber de garante de derechos, y representa una forma de inseguridad jurídica para todas las personas defensoras de derechos.
Luis Andrés Sanabria Zaniboni, coordinador del Observatorio de Bienes Comunes UCR
El OBC UCR busca contribuir a la problematización del contexto que afecta a todos y todas las personas que habitan Costa Rica, mediante la elaboración y difusión de información y generación de espacios de diálogo, que aborde las dimensiones y las relaciones que se dan en los conflictos socioambientales, y que estén relacionados al origen, propiedad y gestión de los bienes comunes.