Universidad de Costa Rica
Este estudio busca exponer las condiciones generales que existen en la región centroamericana para el ejercicio de la libertad de prensa, en cuanto a la censura y autocensura, y los riesgos para el ejercicio periodístico. Foto Laura Rodríguez.
La intimidación, las amenazas directas e indirectas, el espionaje, la inseguridad, el acoso laboral y sexual, y el exilio forzado forman parte de las situaciones que enfrentan día a día las personas periodistas quienes trabajan en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
Así lo describe el II Informe del Estado de la Libertad de Expresión y la Seguridad del Ejercicio Periodístico en Centroamérica para el año 2023, elaborado y publicado recientemente y en conjunto por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica (Proledi UCR), el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS UCR), y la Fundación Heinrich Böll.
El grupo de investigadores que tuvo a su cargo este segundo informe lo integró Oscar Jiménez Alvarado, Fernando Martínez De Lemos y Johanna Rodríguez López; con la ayuda de los asistentes Diego Bonilla Guevara, Daniela Guerrero Alpízar y Mónica Rojas Víquez.
Este informe es un ejercicio de investigación basado en el análisis cualitativo y cuantitativo, pues incluyó la revisión de la legislación de cada país, las resoluciones judiciales y de políticas públicas, y un estudio de las noticias publicadas que tuvieran como tema central la libertad de expresión, todo dentro del periodo comprendido entre setiembre del 2022 y setiembre 2023.
Además, realizaron entrevistas a profundidad a 10 mujeres periodistas, para ahondar sobre el tema de violencia de género en medio de sus labores, y aplicaron un cuestionario digital dirigido a 200 personas periodistas de Centroamérica, quienes compartieron las preguntas a otros colegas; entre otras acciones investigativas.
Este trabajo de investigación ahonda en cuanto a las percepciones sobre cuál es el rol del Estado, la relación entre las autoridades gubernamentales y los medios de comunicación, el acceso a la información pública, y el papel de los medios de comunicación públicos. Foto Laura Rodríguez.
Al final utilizaron las respuestas de 45 personas quienes se desempeñan en labores periodísticas, que es la misma cifra que en las que se basó el primer informe publicado en el 2022. Del total de las respuestas, 23 llegaron desde Costa Rica, siete de Nicaragua, cinco de Guatemala, y cuatro de El Salvador y Honduras respectivamente; de las dos personas restantes se desconoce su origen.
“Se vuelve esencial realizar este tipo de esfuerzos de monitoreo, en cuanto a la situación de la libertad de prensa en Centroamérica, ya que se trata de una región que muestra un grave deterioro de las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa, y de la viabilidad democrática”, dijo la M. Sc. Giselle Boza Solano, coordinadora de Proledi UCR.
Esta profesora e investigadora de la ECCC UCR añadió que se identificaron graves restricciones al acceso a la información pública y que está en poder de los gobiernos, mediante discursos estigmatizantes y violentos hacia los medios de comunicación que son críticos e independientes; inclusive, se utiliza la publicidad oficial para premiar o castigar las líneas editoriales, según sea el caso.
El informe está dividido en cuatro secciones principales: Las condiciones de la región, El rol del Estado, La violencia de género en Centroamérica: perspectivas de mujeres periodistas, y Resumen de los principales hechos o hitos.
El Lic. Fernando Martínez De Lemos, miembro del equipo de investigación, indicó que según los resultados que obtuvieron sí existe una degradación en las condiciones para ejercer el periodismo en el Istmo, y recalcó que, si bien ya eran preocupantes, se han ido profundizando.
“Tenemos por ejemplo las recientes elecciones presidenciales en El Salvador, las acciones de la Fiscalía en Guatemala en contra de la elección del presidente Arévalo, el desarrollo y profundización de las problemáticas surgidas desde el autoritarismo como en Nicaragua, y las situaciones preocupantes que se dan en Costa Rica”, destacó Martínez.
Algunos de los hallazgos descritos en este trabajo académico, en cuanto a las condiciones y riesgos del ejercicio periodístico, es que el 17 % de las personas periodistas de Centroamérica trabajan fuera de su país de origen debido a exilio, refugio o persecución política.
Además, quedó al descubierto que los medios de comunicación no poseen protocolos de seguridad internos, ni insumos para la seguridad física de las personas periodistas.
Y sobre el resultado de la percepción de censura y autocensura, destaca que la tercera parte de las personas periodistas dijeron haberse autocensurado en algún momento.
“Un alto porcentaje de personas afirman que en sus países existen casos de violencia por redes sociales, hostigamiento a nivel general, casos de amenazas personales, vigilancia por parte de agentes del Estado, actores privados, y por otro lado también hay una percepción de la existencia de discursos de odio y procesos de estigmatización contra las personas periodistas”, subrayó Martínez.
Aunado a esto, en un 53.3 % de los casos no es posible proteger la confidencialidad de las fuentes, y un 48.9 % dijeron que no pueden cubrir temas de movimientos sociales. Además, a la hora de realizar una cobertura sobre la situación de cada uno de los países, un 60 % sufrió hostigamiento, un 88.9 % considera que hay discursos de estigmatización en contra de las personas periodistas, y un 77.8 % añadió que las amenazas son comunes.
Otro de los aspectos analizados es el caso de los medios públicos en Centroamérica, pues un 62.2 % de los periodistas consultados afirmaron que no tienen línea editorial independiente. Asimismo, hubo un consenso general en cuanto a que los mismos gobiernos han cooptado los medios de comunicación públicos, para transformarlos en medios dedicados a la propaganda, es decir, que han se busca influir en la línea editorial.
“Esto representa una limitación muy clara a la libertad de prensa y una limitación a la diversidad de los contenidos que pueden recibir las personas ciudadanas por parte de ese tipo de medios”, agregó Martínez.
Finalmente, en términos de perspectivas de las mujeres periodistas, se analizó en primer lugar las desigualdades laborales; le sigue la cobertura de noticias; después las manifestaciones de violencia en contra de las periodistas; en cuarto lugar los estados como autores de la violencia de género; en quinto los temas que generan violencia digital; y la protección de los derechos humanos de las periodistas.
Entre las recomendamos que plantea este informe destacan la idea de que aumente y se consolide la protección para las personas periodistas, con el fin de garantizar su seguridad e integridad física, y proteger la independencia de los medios de comunicación, especialmente los públicos, que deberían de ser independientes del gobierno de turno, para que puedan abordar los distintos hechos noticiosos desde una perspectiva de interés público.
Se suma también que exista una estricta regulación de la publicidad oficial de los gobiernos, ya que se ha convertido en un instrumento manejable con el que se puede influir en la línea editorial de los medios de comunicación.
Otra recomendación descrita en este proyecto es la realización de campañas sobre libertad de expresión que sean proactivas y sostenibles en el tiempo; y con respecto a la situación de las mujeres periodistas, desarrollar un compromiso global por parte de las jefaturas y autoridades de los medios de comunicación, para reivindicar sus derechos y brindar la seguridad necesaria para que ellas desarrollen sus investigaciones de manera segura; y además, buscar la paridad en los espacios de toma de decisión y la igualdad de oportunidades.
Ingrid Bell, politóloga y directora de la Oficina en San Salvador de la Fundación Heinrich Böll para Centroamérica, afirmó que la libertad de expresión y la libertad de prensa son factores claves detrás de la preocupante pérdida de valores democráticos y del debilitamiento de las instituciones del Estado de Derecho.
Esta experta agregó que una prensa libre e independiente, y la diversidad y la vitalidad de los medios de comunicación, constituyen la columna vertebral de las democracias.
“Vemos con mucha preocupación que hemos entrado de nuevo en una época en la cual se cuestionan crecientemente los valores democráticos, con la presencia de líderes y lideresas populistas o grupos de extrema derecha, en muchos casos racistas y misógenos, a lo largo del mundo. Según la última encuesta de Freedom House, la democracia está en retroceso a nivel global desde hace 17 años y de forma consecutiva”, comentó Bell.
Los pilares democráticos están sometidos a una presión cada vez mayor, tanto en Europa como en América Latina, aseveró Bell, y en especial en América Central, en donde es palpable que se da una fase de desmantelamiento de las instituciones del Estado de Derecho en la mayoría de sus países.
“Este segundo informe arroja unos resultados preocupantes, pues muestra el grave debilitamiento de las condiciones para ejercer la libertad de prensa y las serias amenazas para el trabajo periodístico, agresiones, restricciones a la prensa, la negativa de entrega de información de interés público, y la criminalización de los medios y de los periodistas, especialmente cuando hacen su labor principal que es informar a la ciudadanía sobre el impacto de las políticas públicas e investigar sobre posibles casos de abuso de poder”, concluyó Bell.
