Las funciones del Estado se financian con el pago de impuestos, tasas, cánones y contribuciones, pero además con fuentes adicionales de menor importancia relativa para el presupuesto total del Estado y que no son periódicas ni permanentes, como las donaciones, los préstamos no reembolsables y la venta de activos. Foto Karla Richmond.
¿Cómo vemos las personas quienes habitamos este país el tema del pago de impuestos? Pues el 85,6 % afirmaron que dicha acción va ligada a la concepción de ser un buen ciudadano, y el 80,7 % están de acuerdo en que los servicios públicos empeoran si se evaden estos pagos.
Estos resultados se insertan dentro del estudio Encuesta Actualidades 2023, que lo desarrollan cada año las y los estudiantes de tercer año del curso Diseño y ejecución de encuestas, de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Uno de los capítulos de dicha investigación abarcó el tema de la moral fiscal y el comportamiento de las y los ciudadanos alrededor de esta variable.
Precisamente, otros resultados que arrojó este trabajo es que el 35, 7 % dijeron que sí se justifica no pagar los impuestos, cuando se trata de una época muy difícil; y el 19,3 % de las personas que participaron en esta encuesta manifestaron que sí se puede recibir un descuento en algún comercio, a cambio de aplicar un descuento en el cobro.
En este estudio, los responsables definieron la moral fiscal como “la disposición de los ciudadanos para cumplir con sus obligaciones tributarias. Representa la ética y responsabilidad que los contribuyentes asumen al participar en el sistema impositivo”.
El objetivo principal al desarrollar este tema era determinar, desde una mirada general, cuál es la moral fiscal que tienen las personas en Costa Rica, dentro de la población.
Otro de los resultados que obtuvieron es que el 64,5 % estuvieron de acuerdo en que la principal causa de los problemas financieros que tiene el Estado, son producto de la evasión fiscal.
Por otra parte, el 32 % de las personas estarían dispuestas a que los impuestos aumenten para que la infraestructura del país mejore.
“Los resultados de la encuesta revelan una perspectiva alentadora en relación con la moral fiscal dentro de nuestra población. La mayoría de los participantes estuvo de acuerdo con afirmaciones con perspectivas de alta moral fiscal y en desacuerdo con afirmaciones con actitudes de baja moral fiscal”, se indicó en el apartado de conclusiones de este estudio estadístico.
Para la profesora e investigadora de la Escuela de Economía de la UCR, M. Sc. Marcela Román Forastelli, al pagar puntualmente los impuestos a los que estamos obligados se garantiza que las funciones del Estado se puedan realizar, como la prestación de servicios de educación, seguridad, desarrollo de infraestructura, salud, apoyo a la producción, conservación ambiental, cultura, entre otros.
“También nos habilita a pedir cuentas sobre el uso de los recursos, y a exigir su uso correcto y con eficiencia. Pagar a tiempo también nos evita mayores gastos por pago de intereses moratorios y correr el riesgo de recibir otras sanciones, que pueden llegar a convertirse en delitos penales o fraude fiscal, y a la pérdida de patrimonio, o sea, bienes dados en cesión de pago”, expresó Román.
Para estar al día en las obligaciones tributarias, existe una calendarización anual que está a disposición del público en el Ministerio de Hacienda o en las municipalidades; asimismo, la legislación respectiva se encuentra en el SINALEVI, un sistema de consulta que es generado por la Procuraduría General de la República.
Marcela Román indicó que el Estado ha realizado esfuerzos por simplificar trámites y hacer más transparente para el contribuyente la forma de cumplir sus obligaciones, pero agregó que ya en la práctica queda mucho espacio para mejorar.
Por ejemplo, esta especialista citó el caso de las y los trabajadores independientes y pequeños emprendedores quienes, aunque se supone que pueden realizar este tipo de trámites y preparar las liquidaciones de impuestos de forma personal, la manera más segura de hacerlo para no cometer errores es asesorarse con profesionales, como los contadores públicos o privados.
Sin embargo, estos servicios tienen un costo adicional y muchas personas no tienen los recursos disponibles para hacer frente a este pago extra. Aunque, no contar con asesoría especializada podría generar un mayor riesgo de dejar sin declarar el total de los ingresos que corresponden o no saber aplicar todas las deducciones que la ley tiene previstas.
“No es sencillo conocer todos los detalles de la legislación tributaria y el Estado no tiene suficientes servicios de apoyo a los contribuyentes para evacuar las dudas, con lo que les empuja a que asuman ese costo adicional de contratar asesoría”, apuntó Román.
Finalmente, esta experta enumeró cuatro prioridades que se deben mejorar para maximizar la eficiencia en el cobro tributario del país: profundizar los esfuerzos de simplificación tributaria; elaborar estudios rigurosos y de periodicidad definida, para cuantificar la evasión y la elusión fiscal de los principales impuestos, y de tal forma, que las políticas de control y sanción estén basadas en la evidencia; corregir la fuerte regresividad del sistema tributario, que sigue basado en impuestos indirectos; y fortalecer las capacidades municipales, en cuanto a la gestión tributaria.
Los estudiantes quienes tuvieron a su cargo el desarrollo de este tema en específico, dentro del proyecto Encuesta Actualidades 2024 de la Escuela de Estadística de la UCR, fueron: Daniel Alejandro Alfaro Figueroa, Luis Fernando Solano Coto, Josué Flores Jiménez, y Luis Carlos González Flores; bajo la coordinación de la profesora Dra. Fernanda Alvarado Leitón.
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