Manuel Rojas Salas, Facultad de Derecho

En días pasados causó un enorme revuelo mediático la muy lamentable renuncia a su puesto del único odontólogo forense con el que contaba el Poder Judicial de nuestro país. En una carta, en la cual el valiente profesional dijo las cosas por su nombre y sin el más mínimo reparo, indicó lo que podría señalarse como una política regresiva en materia salarial e, igualmente, una cultura que solo podría considerarse agresiva en relación con las personas empleadas. Mis respetos para el doctor Fernández, aunque me duele por la institución, que debe ser baluarte de equilibrio en un Estado de derecho y que es en gran medida la garantía del sistema de pesos y contrapesos de una democracia.

Sin embargo, como dicen mi familia y amigos cercanos, que me acuerdo de cosas que a la gente generalmente se le olvidan, recordé que —aun sin tener el don de la profecía— mencioné en el año 2017, en el 2019 y en el 2020 que con los golpes asestados a la institucionalidad del país y, particularmente, al Poder Judicial (sí, la institucionalidad y lo que ese Poder del Estado representa, aunque resulte incómodo para ciertos políticos y políticas), iba a iniciarse una desbandada nunca antes vista, ya que el Poder Judicial iba a dejar de resultar atractivo como opción laboral.

No me equivoqué, lamentablemente para mi país. Recuerdo que la reforma que entró en vigencia en el año 2018 en relación con el Régimen de Pensiones del Poder Judicial (autosuficiente y creado con anterioridad al de la CCSS), y que tuvo como resultado la Ley 9544, fue calificada por la principal gestora (una diputada oficialista) de “emblemática”. 

Ahora me pregunto, jugando de abogado del Diablo: ¿lo del calificativo era por constituirse la primera estocada para debilitar nuestro Estado de derecho?  Señalo esto porque dicha diputada y exrepresentante popular, junto con su grupo de acólitos, y en clara complicidad con medios de comunicación abiertamente serviles a poderosos intereses neoliberales, se dedicaron a satanizar el Régimen de Pensiones del Poder Judicial y a calificar a servidores y servidoras judiciales como una especie de “privilegiados”. Se llegó incluso a acuñar el calificativo “de lujo”, en cuanto a merecidas jubilaciones que muchas personas hemos llegado a obtener, no como regalía, sino como producto de una labor digna y honesta.

En esa ocasión, recuerdo con claridad que la representante legislativa, de un modo claramente reprochable, ninguneó a la representación del Frente Gremial del Poder Judicial. Y, aunque ciertamente eran necesarios cambios, la propuesta de los trabajadores y trabajadoras (muy adecuada y que contenía cambios óptimos sin perjuicio para la clase trabajadora), se pasó abiertamente por alto. Y en un abrir y cerrar de ojos se aprobó la más “conveniente” para los intereses económicos de una política neoliberal. Así dio inicio la precarización del Poder Judicial, en una acción que lamentablemente muchos y muchas aplaudieron.

No me explico cómo no se tuvo (o no se quiso tener) un mínimo de visión para pensar que eso iba a traer consecuencias serias en el personal del Poder Judicial del país, uno de los que, pese a todo, sigue siendo de los más confiables de Latinoamérica. 

Ahí no terminó el asunto, pues siguió en el 2019 la implementación de la Regla Fiscal (Ley 9635), que nuevamente disminuyó los salarios. En tanto a fines de ese año, una malhadada “ocurrencia” de otra diputada instituyó un desatino al promover una denominada “contribución solidaria” (Ley 9796), que iba a afectar a jubilaciones “de lujo” (epíteto creado por ciertos medios de comunicación), la cual fue aprobada a golpe de tambor y sin que nadie se opusiera. Esto trajo serios perjuicios económicos a personas que habían cumplido su tiempo en la institución y ante ello debieron, muchos y muchas, realizar arreglos de pago con sus deudas o ponerse a trabajar en bufetes u oficinas, ante la merma considerable de ingresos que se disfrazó de “solidaridad”. La Administración Alvarado —que fue la más nefasta y agresora con el sector público— aprobó dicha ley a toda prisa.

Para remate, la Ley Marco de Empleo Público “unifica” a todo el sector público prácticamente en un mismo saco, como decían nuestros abuelos, y “congela” (así en frío) los salarios por quién sabe cuánto tiempo. No hay duda de que el desánimo, la desazón y el escaso o nulo entusiasmo que se percibe en las oficinas judiciales es, absolutamente, entendible, como la frase que siempre le dicen a un jubilado: “dichoso usted que se pudo ir”. Lo anterior porque el salario no tendrá incrementos, no habrá incentivos y tampoco la esperanza de una jubilación digna.

Es por ello que el panorama en estos momentos es bastante serio, como consecuencia de una primera estocada “emblemática”. Pero era lo esperable, al punto de que los salarios del personal, que eran precisamente uno de los puntos atractivos, han dejado de serlo. De ahí el número, altamente alarmante de personas que, pese al tiempo de servicio y a la experiencia, han decidido renunciar y que se van no como dijo malévolamente alguien, a propósito de la renuncia de un fiscal, con “pensión juvenil”; sino en búsqueda de un futuro mejor para ellos y sus familias, en vista de que también la cúpula judicial ha dejado que estas cosas sucedan. Y como señala el adagio popular, el gato se hizo tigre.

Se requieren acciones urgentes si se pretende permear de alguna forma los efectos de legislaciones regresivas y que afectaron derechos sensibles, de modo abiertamente contrario a la Convención Americana de los Derechos Humanos. El daño ya está hecho desde la aprobación de la “emblemática” (y esperaría que quienes aprobaron ese texto y los demás asuman su responsabilidad histórica y política). Pero si no queremos un Poder Judicial “barato”, en donde ingresen aquellas personas que no encuentran cabida en otros sitios y que aspiran a un ingreso exiguo, sino una institución que se caracterice por su imparcialidad, independencia y por brindar soluciones justas a los diferendos planteados, aunque no gusten a ciertos sectores, es imperativo actuar con prontitud.

Por eso, celebro la iniciativa de la magistrada Patricia Vargas en cuanto a hacer un recuento de las renuncias y del tiempo servido de quienes renunciaron, para tener un panorama completo del caos actual. El debilitamiento del Poder Judicial solo trae consecuencias negativas para todos y todas, quienes vivimos en nuestra querida Costa Rica. Urge que los cambios se realicen, tal y como se realizaron las afectaciones.