La desinformación, definida como la “difusión intencionada de información no rigurosa que busca minar la confianza pública, distorsionar los hechos, transmitir una determinada forma de percibir la realidad y explotar vulnerabilidades con el objetivo de desestabilizar” (Olmo y Romero, par. 16). Este fenómeno, amplificado por las redes sociales y las tecnologías digitales, afecta la estabilidad institucional y la cohesión social. En este caso, se analizan tres casos recientes de desinformación en Estados Unidos, Costa Rica y Argentina, evaluando sus implicaciones y proponiendo algunas estrategias para enfrentarlo.
En las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos, la desinformación ha sido una constante alarmante. Entre los casos más notorios destacan teorías conspirativas sobre un supuesto intento de asesinato contra Donald Trump y la difusión de imágenes falsas de Kamala Harris, presentándola con trajes comunistas o trabajando en un restaurante de comida rápida. Estas campañas no solo buscan desacreditar a los oponentes políticos, sino también manipular a los votantes indecisos (Cano, 2024).
Plataformas como X (antes Twitter) han jugado un papel clave en la propagación de estas narrativas. Según reportes, el algoritmo de la red prioriza contenido favorable a los republicanos, amplificando sus mensajes y dejando en desventaja a los demócratas. Esta situación evidencia cómo las redes sociales no solo sirven como herramientas para la desinformación, sino que también pueden convertirse en actores directos que moldean las percepciones políticas. Las consecuencias son profundas: el debilitamiento de la confianza en los procesos democráticos y la polarización extrema de la sociedad (Cano, 2024).
En Costa Rica, las universidades públicas han enfrentado ataques significativos basados en desinformación, particularmente en el contexto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Durante las negociaciones presupuestarias de 2024, se difundieron afirmaciones falsas que acusaban a las universidades de no rendir cuentas, de acumular fondos innecesarios y de beneficiar solo a los sectores más ricos de la población (Rivero, 2024).
Sin embargo, estas afirmaciones han sido desmentidas por datos oficiales. Por ejemplo, un estudio del CONARE muestra que más del 60% de los estudiantes provienen de los tres quintiles de ingresos más bajos. Además, las universidades públicas están sujetas a estrictos controles de transparencia, con reportes regulares a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Hacienda. A pesar de ello, las narrativas falsas han logrado penetrar en el discurso público, generando desconfianza hacia estas instituciones y dificultando el diálogo constructivo sobre su financiamiento (Rivero, 2024).
Este tipo de desinformación no solo afecta a las universidades, sino que también tiene implicaciones más amplias para el modelo de Estado social de derecho en Costa Rica. Al debilitar las bases de apoyo a la educación pública, estas campañas buscan justificar recortes presupuestarios y promover un modelo que prioriza intereses privados sobre el bien común.
En Argentina, la desinformación ha sido utilizada como una herramienta estratégica en las campañas políticas. Durante la contienda presidencial de 2023, Javier Milei, entonces candidato y ahora presidente, empleó noticias falsas para manipular la opinión pública y deslegitimar a sus oponentes. Entre los casos más destacados se encuentra la difusión de una fotografía que pretendía mostrar una crisis de combustibles durante el gobierno anterior; sin embargo, la imagen correspondía al año 2017 y fue rápidamente desmentida (Editorial Página|12, 2023).
Otras estrategias incluyeron el uso de cuentas falsas en redes sociales para atribuir declaraciones ficticias a líderes opositores y la creación de contenidos manipulados que vinculaban a figuras públicas con Milei, como el uso indebido de la imagen del futbolista Lionel Messi. Estas tácticas no solo exacerban la polarización, sino que también crean un entorno de desconfianza generalizada, donde los ciudadanos tienen dificultades para distinguir entre información real y manipulada (Editorial Página|12, 2023).
Los ejemplos de desinformación en Estados Unidos, Costa Rica y Argentina evidencian un patrón alarmante sobre cómo esta herramienta se utiliza con fines políticos y gubernamentales. Uno de los impactos más significativos es la erosión de la confianza institucional. En los tres casos, las narrativas falsas han socavado la percepción pública de actores fundamentales, como los sistemas electorales, las universidades y los líderes políticos, generando un entorno de incertidumbre y debilitando los cimientos de la democracia.
Además, la desinformación fomenta una profunda polarización social al dividir a las comunidades en torno a posturas manipuladas diseñadas para provocar emociones intensas y consolidar apoyos partidistas. Este fenómeno dificulta el acceso a información verificada, lo que compromete la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas y refuerza la fragmentación social. En este contexto, la propagación de desinformación desde el poder político contribuye también a legitimar modelos autoritarios que desafían los valores democráticos, consolidando liderazgos que prosperan en la desconfianza y el control narrativo. Así, la desinformación no solo es un instrumento de manipulación, sino también un catalizador de amenazas sistémicas a la democracia.
Afrontar los desafíos propios de la desinformación requiere un enfoque integral que combine la educación, la regulación y el fortalecimiento institucional, asegurando que los ciudadanos cuenten con las herramientas necesarias para discernir entre información verídica y falsa. A continuación, se presentan recomendaciones concretas, basadas en el análisis y propuestas como las de González (2023), diseñadas para combatir la desinformación desde diferentes frentes:
1. Fomentar la alfabetización mediática: Es crucial educar a la ciudadanía para que pueda identificar fuentes confiables, evaluar críticamente la información y reconocer las noticias falsas. Este esfuerzo debe comenzar desde la educación básica y extenderse a través de campañas públicas y programas de formación para adultos.
2. Apoyar al periodismo independiente: Garantizar la existencia de medios que prioricen la investigación y el rigor periodístico es vital para contrarrestar las narrativas falsas y ofrecer información verificada.
3. Regulación de plataformas digitales: Las redes sociales deben asumir responsabilidad en la difusión de contenido falso. Es necesario implementar políticas que promuevan la eliminación de información engañosa sin comprometer la libertad de expresión.
4. Transparencia gubernamental: Los gobiernos deben adoptar prácticas de comunicación claras y accesibles, promoviendo la rendición de cuentas y combatiendo la desinformación desde las propias instituciones.
5. Fomentar el diálogo social: Crear espacios de debate informado y respetuoso puede ayudar a reducir la polarización y fortalecer la cohesión social.
La desinformación es una amenaza real y persistente para las democracias contemporáneas. Los casos analizados en Estados Unidos, Costa Rica y Argentina evidencian cómo esta práctica manipula percepciones, divide a las sociedades y erosiona la confianza en las instituciones. Sin embargo, también subrayan la urgencia de adoptar medidas concretas para enfrentar este fenómeno.
Combatir la desinformación requiere un esfuerzo colectivo que involucre a ciudadanos, gobiernos, medios de comunicación y plataformas digitales. Solo a través de la educación, la regulación adecuada y el fortalecimiento de la transparencia institucional será posible construir una sociedad más informada, resiliente y comprometida con la verdad. El desafío es grande, pero las herramientas para superarlo están al alcance.
Los artículos de opinión de Voz experta UCR tocan temas de coyuntura en textos de 6 000 a 8 000 caracteres con espacios. La persona autora debe estar activa en su respectiva unidad académica, facilitar su correo institucional y una línea de descripción de sus atestados. Los textos deben dirigirse al correo de la persona de la Sección de Prensa a cargo de cada unidad. En el siguiente enlace, puede consultar los correos electrónicos del personal en periodismo: https://odi.ucr.ac.cr/prensa.html
© 2024 Universidad de Costa Rica - Tel. 2511-4000. Aviso Legal. Última actualización: diciembre, 2024