La UCR deja un Conare fortalecido   

Discurso del Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta el 4 de diciembre 2024.

El rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, entregó este 4 de diciembre a la rectora del Tecnológico de Costa Rica, Dra. María Estrada Sánchez, la presidencia del Consejo Nacional de Rectores (Conare), posición que la UCR mantuvo durante el último año.  

En su balance de cierre, el Rector saliente de la UCR señaló que el 2024 quedará marcado en la historia institucional como uno de pruebas extraordinarias y de logros significativos. Recordó que la gestión de la UCR realizó cambios inesperados en las direcciones de la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) y del Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT). 

Las acciones tomadas dejan un Conare renovado y más profesional, fortalecido por una gestión que promovió la rendición de cuentas. 

Durante la gestión, y por primera vez en la historia, la Asamblea Legislativa se vio obligada a definir el financiamiento de la educación superior pública a través del procedimiento ordinario en el trámite del Presupuesto Nacional 2025.  

“Es un hecho que nos entristece profundamente, no por sus implicaciones institucionales, sino por lo que representa para el futuro de nuestro país y para las generaciones venideras”, señaló.  

Al respecto, la autoridad universitaria advirtió que es probable que este escenario se profundice, por lo que desde el 2023 se realizó un vasto análisis sobre las implicaciones de lo establecido en al artículo 85 de la Constitución Política. El informe se entregó con oficio FD-1842-2024 y fue trabajado por la Facultad de Derecho de la UCR y 12 constitucionalistas. El mismo queda como una herramienta fundamental en las negociaciones futuras. 

Transformación y defensa

Conare estudia una metodología para la apertura de sedes interuniversitarias con el fin de responder de la mejor manera a las demandas realizadas por representantes de diferentes poblaciones y territorios o por sus gobiernos locales. Este paso es de suma importancia para el fortalecimiento como sistema, en la medida en que se planifique y se cumpla con las estrategias de desarrollo regional impulsadas por las universidades públicas. 

La autonomía universitaria, consagrada en nuestra Constitución Política, no es un privilegio institucional, sino una garantía para la sociedad costarricense. Es la garantía de que existirá siempre un espacio donde el pensamiento crítico pueda desarrollarse libremente, donde la búsqueda de la verdad no esté condicionada por intereses particulares o presiones políticas.  

Los eventosl año pisieron a prueba, una vez más, esta autonomía. Los intentos de condicionar el financiamiento de las universidades públicas a criterios ajenos a nuestra misión fundamental son una amenaza que debemos enfrentar con firmeza y claridad de principios. La historia nos ha enseñado que la universidad pública solo puede cumplir su misión cuando tiene la libertad de pensar, de investigar y de cuestionar sin restricciones.  

La discusión sobre el financiamiento de la educación superior pública no puede reducirse a un debate sobre cifras y porcentajes. Es, en esencia, una discusión sobre el tipo de sociedad que queremos construir. La inversión en educación superior pública es una inversión en el futuro de Costa Rica, en nuestra capacidad de generar conocimiento, de innovar y de formar los líderes que nuestra sociedad necesita. 

Por la educación de Costa Rica (a todo nivel)

En el periodo de presidencia de la UCR en Conare se promovió en la Asamblea Legislativa la aprobación de cuatro mociones de alto impacto social por un monto total de ¢ 15.515 millones, para la apertura de comedores escolares en el periodo de vacaciones de medio periodo, el otorgamiento de becas del Programa Avancemos para 25 700 estudiantes adicionales, becas de transporte para 10 mil estudiantes adicionales, y dos mil millones de colones destinados a completar los fondos necesarios para el pago de los servicios de agua y electricidad en el 100 % de los centros educativos del país.  

Desde la UCR se apoyó el proceso de análisis, formulación y apoyo técnico de profesionales expertos de la sociedad civil, y a la Comisión de Asuntos Hacendarios, proyecto que, estoy seguro, CONARE apoyará en el futuro. 

Se deja según criterio de Gutiérrez Espeleta un precedente histórico de colaboración con la sociedad civil y de articulación con la Asamblea Legislativa que sienta las bases para un apoyo a largo plazo en el mejoramiento de la gestión presupuestaria del sector educativo en su conjunto. 

La discusión sobre el papel que cada una de las universidades debe de cumplir dentro del sistema para solventar las necesidades de la sociedad costarricense y los mecanismos interinstitucionales que deben asegurar el impacto y relevancia de nuestros esfuerzos es una tarea pendiente. 

Avanzamos en la elaboración del próximo PLANES 2026-2030. Desde la Comisión de Planificación se promovió la incorporación de la visión de gestión para resultados en los procesos de reflexión y construcción de herramientas para potenciar la planificación del sistema de educación superior estatal. El objetivo es que el próximo PLANES cuente con una estructura que permita visibilizar el valor público generado por las universidades públicas, con un enfoque sistémico que facilita la articulación de recursos. 

Aprovecho este espacio para agradecer a los diputados y las diputadas por aprobar recientemente la Ley de Presupuesto Nacional con el aumento del 2 % para el FEES, monto que aún está por debajo de la ruta para lograr que el FEES recupere la pérdida de valor real sufrida durante este quinquenio. Este incremento de un 2 % del FEES para el año 2025 se aprobó en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa siguiendo el procedimiento presupuestario que se estipula en el artículo 204 y siguientes del Reglamento de la Asamblea Legislativa (RAL). 

Hechos de las Universidades Públicas  

• El 82 % de las personas matriculadas de primer ingreso provienen de colegios públicos; de estos el 56 % son mujeres y el 44 % son hombres.  
• El 66 % de graduados provienen de hogares en donde sus progenitores no cuentan con un título universitario. 
• En el ámbito de la investigación, las universidades públicas desarrollan más del 75 % de la investigación que se realiza en el país y cuyo fin es mejorar el bienestar de la población y su calidad de vida.  
• El retorno social de la inversión en educación superior pública es innegable. Por cada colón invertido en nuestras instituciones, se recibe un retorno que se materializa no solo en términos económicos, sino también en la construcción de una sociedad más equitativa, más culta y mejor preparada para enfrentar los desafíos del futuro.  
• El 46,3 % de estudiantes provienen o estudian en la Gran Área Metropolitana, lo anterior significa que aproximadamente un 53 % de las personas estudiantes proceden o están en sedes fuera de la GAM. 
• En acción social, las universidades desarrollan anualmente alrededor de 1 400 proyectos que se distribuyen a lo largo y ancho del país.