Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

Cada año, las cinco universidades estatales del país entran en un proceso de discusión sobre el porcentaje que les corresponde del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). En el muy peculiar proceso del último año, se expusieron algunos argumentos de parte del gobierno, que como bien respalda Rivero (2024) son falsos, uno de esos es que “las universidades no rinden cuentas”.  En la línea de la gestión de la calidad existe una serie de procesos que pueden evidenciar cómo se mide la calidad en la educación superior. Para Harvey y Green (1993), la calidad en la educación superior es el proceso de cumplimiento de estándares y metas institucionales que garanticen la relevancia y la efectividad en beneficio de las partes involucradas: estudiantes, empleadores y sociedad en general. Así las cosas, las siguientes son dos maneras en que la universidad pública emplea procesos de calidad para la rendición de cuentas.

En primera instancia, una manera de gestionar la calidad es mediante la consulta a la población graduada de las carreras. De esto se encarga el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) mediante el Observatorio Laboral de Profesiones (OLaP). Según López-Montero (2024) este ente se encarga de realizar “constantes radiografías laborales a través de las cuales ubican a personas profesionales de diversas carreras años después de graduarse” (p. 195). Esto es importante porque brinda insumos para conocer sobre la pertinencia de las carreras que ofrecen las universidades públicas del país: si logran ubicarse en el mercado laboral y dónde, el tiempo que transcurrió para encontrar empleo y su media de salario, por ejemplo. Toda esta información se encuentra accesible al público en general y se realizan actualizaciones cada vez que existe un nuevo análisis. Por su parte, cada universidad y muchas carreras cuentan con sus propios estudios de seguimiento a sus graduados y graduadas. En este sentido Salas (2006) cita a Schomburg -2001- quien manifiesta que estos estudios “constituyen una forma de investigación empírica que ha demostrado su efectividad para evaluar los resultados de la formación profesional y de la capacitación que proveen las instituciones de educación superior” (p. 66). En otras palabras, funcionan como atributo de la calidad al determinar si satisfacen las necesidades o expectativas de las personas graduadas y de los empleadores. También, continúa López-Montero (2024, p. 195), “faculta a la administración de carrera a la toma de decisiones en cuanto a modificaciones de su plan de estudios tomando en cuenta las demandas laborales de hoy día”. Consecuentemente, esto conlleva otra manera de gestionar la calidad: la actualización del currículo en los más altos estándares.

La actualización curricular es un compromiso de toda casa de estudios, particularmente, de una de educación superior. “Una actualización curricular significa, ante todo, la generación de procesos interdependientes entre las funciones sustantivas de la Institución de Educación Superior (IES) y las necesidades de la sociedad” (Ayala y Dibut, 2020, p. 94). Por supuesto, esta actualización sirve como una manera de articular la docencia con la investigación y el trabajo proyectado a las comunidades, actores involucrados en la educación superior pública y que, como tal, son constantes vigilantes del actuar universitario realizado mediante las creaciones de nuevas carreras y sus correspondientes actualizaciones y procesos de acreditación. Sin duda, una manera de gestionar la calidad es a través de la constante revisión y actualización de los programas que evidencien la incorporación de los avances tecnológicos, científicos y sociales. Para la correspondiente rendición de cuentas al país, las universidades cuentan con entes encargados específicamente para supervisar y guiar estos procesos y sus resultados son publicados en las páginas web de estos departamentos. Vale notar que, dentro de estos procesos, existe implícito la calidad del profesorado y de los recursos con los que cuentan las instituciones pues, para diseñar y actualizar carreras, estos factores también juegan un papel crucial; de lo contrario, dichos procesos curriculares no podrían ejecutarse.  Es decir, la formación docente debe ser revisada, así también, se debe supervisar la existencia de recursos adecuados y de calidad para la ejecución exitosa de tales programas.

Entonces, el seguimiento a la población graduada y la consecuente actualización de planes de estudio representan procesos de la calidad en tanto que determinan la capacidad para satisfacer las necesidades de las poblaciones; por ende, generan insumos importantes que enriquecen la rendición de cuentas que las instituciones de educación superior facilitan a la sociedad en general, un compromiso irremplazable inherente a su gestión. No cabe duda de que debemos ser garantes que estas rendiciones se cumplan y que la calidad de los procesos que se llevan a cabo en las universidades, como el seguimiento a personas graduadas y la actualización curricular sea la más alta posible.

REFERENCIAS:

Ayala, C. y Dibut, L. (2020). La actualización curricular como estrategia para la formación integral de estudiantes. Revista Conrado, 16(75), 93-102. En http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v16n75/1990-8644-rc-16-75-93.pdf

Harvey, L. y Green, D. (1993). Defining quality. Assessment and Evaluation in Higher Education, 18(1), 9-34.

López-Montero, R. (2024). Seguimiento a la población graduada 2020 - 2022 del Bachillerato en Inglés con formación en gestión empresarial de Costa Rica. Revista Electrónica Calidad en la Educación Superior. 15(1). 192-222. DOI: http://dx.doi.org/10.22458/caes.v15i1.5043

Rivero, A. (2024, octubre 23). Los 5 argumentos falsos que el Gobierno utilizó en la discusión del FEES. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/universitarias/los-cinco-argumentos-falsos-que-el-gobierno-utilizo-en-la-discusion-del-fees/

Salas, F. (2006). Los estudios de seguimiento de la población graduada como herramienta para el cambio y la innovación en el currículo universitario: la experiencia de la Escuela de Administración Educativa de la Universidad de Costa Rica. Revista Educación,30(2), 63-81. https://doi.org/10.15517/revedu.v30i2.2230