Licda. Floribeth Salazar Vargas

En el mes de julio, en el Centro Cívico por la Paz de Pococí, se realizó la presentación regional Huetar Caribe de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036.

Representantes institucionales y jóvenes de los seis cantones de la provincia participaron en este evento, coordinado por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, junto con la oficina regional del Patronato Nacional de la Infancia de Limón, y sus respectivas oficinas locales ubicadas en: Talamanca, Limón, Matina, Siquirres, Guácimo y Pococí.

En esta actividad se reflexionó colectivamente en torno a los siete ejes estratégicos de la política para socializar los desafíos que representa el plan de acción propuesto para los próximos cincos años (2024-2029).

Así, se compartieron las principales inquietudes de las mesas de trabajo, expuestas por la voz de las personas jóvenes que forman parte de los Consejos Participativos, vinculados a los respectivos Subsistemas Locales de Protección.

Institucionalidad democrática

El primer señalamiento fue la inclusión de la participación indígena no solo como mención en el documento, sino a través de acciones concretas que sean realmente incluyentes. Al respecto, la representante del cantón de Talamanca señaló que cuentan con necesidades e intereses específicos asociados a su cultura y cosmovisión, así como a la atención particularizada de las manifestaciones de violencia que reciben los pueblos indígenas.

Asimismo, se evidenció la necesidad de crear una oficina local en el cantón Guácimo, ya que, ante su inexistencia, la oficina local de Pococí se encuentra a cargo de atender ambas regiones, lo cual no solo genera una sobresaturación de labores profesionales, sino que, a su vez, compromete los pocos recursos institucionales con los que se cuenta para el desarrollo de actividades de prevención y promoción dirigidos a estas poblaciones.

En esta línea, plantean la urgencia de contar con políticas cantonales y presupuestos regionalizados, así como trabajar en el fortalecimiento de los comités tutelares.

Vida y familia en comunidad

Se considera necesario un mayor involucramiento de instituciones y personas. En este sentido, señalan que la mayoría de las acciones planteadas en el plan de acción recaen en pocas instituciones con acciones aisladas y que siempre se ven a las mismas personas, como representantes de las distintas redes o comisiones existentes para estos fines, por lo que consideran necesario diversificar y ampliar la participación de nuevos actores, señalando que el bienestar de las niñeces y las adolescencias es asunto de responsabilidad de todos y todas.

Aseveran que muchas de las acciones se dirigen a las niñeces y las adolescencias, mas no a sus familias, lo cual es un desafío, ya que muchos de ellos y ellas se desenvuelven en entornos con familias violentas.

Por ello, consideran fundamental el énfasis en la protección especial y subrayan la importancia de fortalecer los métodos de crianza respetuosa, y la reflexión para que las familias sepan la responsabilidad que conlleva criar.

Por otra parte, señalan que no todas las personas jóvenes buscan apoyo profesional, pues temen ser juzgadas, por lo que es necesario el desarrollo de abordajes más horizontales que les hagan sentir seguras y sugieren tomar en consideración una estrategia que permita materializar la política para ellos y ellas. En sus palabras, “que las personas jóvenes sepan para qué sirven”.

El área de salud

Para este eje las principales inquietudes se centraron en el acceso diferenciado para la población. Consideran fundamental contar con mayor acceso a servicios de psicología y de Trabajo Social, así como con horarios diferenciados para las citas médicas, de manera que no interfieran con los horarios laborales o educativos.

Plantean la necesidad de que los servicios dirigidos a jóvenes tengan mayor divulgación, pero que, además, se haga mediante medios llamativos y atractivos, para que el mensaje sea recibido.

El área de educación

Destacan la carencia de recursos y el papel que están jugando las personas docentes. Se subraya la mala infraestructura de los centros educativos, lo cual, entre otras cosas, desmotiva el deseo de asistir a las lecciones, así como las limitaciones en cuanto a conectividad.

Demandan mayores recursos tecnológicos, materiales y comunitarios. Además, señalan la alta exclusión educativa producto de la negligencia de las personas responsables o por la necesidad de acceder a mayores recursos económicos, lo cual implica el abandono educativo para incorporarse en trabajos, casi siempre de índole agrícola.

También mencionan la venta y el consumo de sustancias psicoactivas dentro de los centros educativos, algunas naturalizadas tras asumir su bajo riesgo, como los vaporizadores y otras ilícitas que incluso están siendo ofrecidas por las mismas personas docentes a lo interno de los colegios.

Las áreas de cultura, juego, deporte, recreación y actividad física

Resalta la falta de infraestructura deportiva adecuada para su desarrollo, así como la carencia de lugares para la recreación que, además, sean seguros para permanecer en ellos, ya que su percepción sobre los espacios públicos de la provincia es que son peligrosos.

Consideran que no se destina el presupuesto necesario para estos temas, por lo que evidencian que no es prioritario.

A su vez, indican la necesidad de una mayor escucha de las personas jóvenes para que no se minimicen sus emociones y condiciones de salud mental. Consideran necesario un mayor acompañamiento que valide sus situaciones de estrés o ansiedad, muchas veces, son provocadas por las demandas en el hogar, que pueden atenderse a través de su participación en espacios de ocio.

El área de medio ambiente

Hay problemas relacionados con la seguridad ambiental y alimentaria. El cambio climático determina el desplazamiento de familias porque las condiciones climáticas no permiten seguir viviendo de manera segura en su hogar, o porque han disminuido las fuentes de empleo, lo que lleva a migraciones internas.

A esto se suma la dificultad de acceder a empleos dignos, que respeten la naturaleza y permitan la solvencia económica.

Por otra parte, señalan actividades que no se desarrollan de manera óptima, como la gestión de residuos sólidos, la tala, los ruidos excesivos por empresas sin regulaciones, el riego de agrotóxicos en zonas escolares y casas de habitación, lo cual genera, entre otras, cosas grandes malestares físicos y psicológicos.

Consideran fundamental que existan más procesos de educación socioambiental y mayor regulación por parte de los Gobiernos locales, tanto a nivel de auditoría como de políticas cantonales que, lejos de perpetuar correcciones internas, pongan fin a situaciones irregulares.

Frente a este panorama, es importante señalar que la Política Nacional de Niñez y Adolescencia venció en el año 2021 y hasta abril del año en curso se publicó una nueva, evidenciando un proceso de construcción lento y que contó con carencias que conllevaron a retroceder para ser atendidas.

Por lo tanto, actualmente contar con un instrumento jurídico es importante para garantizar y resguardar a las niñeces y personas adolescentes. Pese a ello, la política fue aprobada con una falta grave tras la exclusión de los territorios indígenas en su consulta.

Ante tal omisión, la Defensoría de los Habitante realizó una denuncia e interpuso un recurso de amparo enfatizando la discriminación hacia la población y el incumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Esta situación fue señalada en varios momentos de la construcción de la política y previo a su aprobación por parte del equipo de Proyectos Interdisciplinarios en Niñeces y Adolescencias (Pridena UCR).

Por tanto, los múltiples desafíos que mencionan las personas jóvenes del Caribe evidencian que la implementación de la política requiere de una mirada particular, contextual y situada para la atención de las demandas de las poblaciones y para garantizar el cumplimiento de sus derechos.

Se requiere la superación de indicadores y un gran trabajo articulado entre la institucionalidad pública y privada, las organizaciones de la sociedad civil, las familias y las niñeces y las adolescencias.

Resulta imperante que las políticas públicas sean más inclusivas y se dirijan a abordar las desigualdades y deficiencias identificadas mediante planes de trabajo coherentes, realistas y regionalizados.

En este sentido, Pridena UCR, a través de su trabajo en lo local, se ha integrado al Subsistema Local de Protección del cantón de Guácimo, donde, a través de su compromiso por la promoción de los derechos de las niñeces y las adolescencias, se proponen y articulan acciones específicas que abonen a la consecución de los objetivos y metas establecidas.

Reconocemos el panorama desafiante y el largo camino que aún se requiere transitar, no obstante, reafirmamos nuestro compromiso por un trabajo ético, consecuente y sensible con las realidades locales, y con las niñeces y las adolescencias del país.