Nicolas Boeglin Naumovic, profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho

Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

El pasado 7 de enero del 2024, mediante un comunicado oficial Bolivia respaldó la demanda interpuesta por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel, la cual fue presentada formalmente el pasado 29 de diciembre.

Cabe recordar que tempranamente, Bolivia alzó la voz ante el drama observado en Gaza a partir de la tarde-noche del 7 de octubre: a diferencia de otros Estados de América Latina que también la alzaron llamando a consulta a sus embajadores, Bolivia optó por romper sus relaciones diplomáticas con Israel el pasado 31 de octubre. El 14 de noviembre del 2023 Belice optó por tomar una medida similar a la de Bolivia (véase comunicado oficial).

Hemos tenido la oportunidad de analizar los alcances de esta demanda de Sudáfrica presentada el pasado 29 de diciembre ante la CIJ así como los temores que ha provocado en algunos sectores en Israel y en Estados Unidos.

La CIJ ante la urgencia absoluta

Presentada la demanda y la solicitud de medidas provisionales el pasado 29 de diciembre por Sudáfrica, la CIJ ordenó el 3 de enero mediante comunicado oficial la celebración de audiencias orales para los días 11 y 12 de enero del 2024. 

Este 10 de enero se detalló cómo se realizarán estas audiencias (véase comunicado oficial de la CIJ): se tratará de una sola ronda de alegatos, primero Sudáfrica y luego Israel.

Desde ya se evidencia una celeridad absoluta por parte del juez internacional de La Haya, confirmándose la urgencia total ante el drama al que somete Israel a la población civil de Gaza desde la tarde-noche del 7 de octubre del 2023 con sus incesantes bombardeos aéreos.

Las reacciones oficiales registradas apoyando a Sudáfrica

En un primer momento, la solicitud de Sudáfrica fue saludada por algunos Estados a título individual como por ejemplo Malasia, así como por Turquía y  por Jordania. La iniciativa sudafricana también fue saludada por la Organización para la Cooperación Islámica (OCI).

El 9 de enero del 2024 se leyó en un medio de prensa de Indonesia (véase nota) que:

"Spokesperson for the Indonesian Ministry of Foreign Affairs, Lalu Muhammad Iqbal stated that morally and politically, Indonesia fully supports the lawsuit against Israel".

Es muy probable que, en esta segunda semana del año 2024, se registren nuevas manifestaciones oficiales de apoyo a la acción sudafricana ante la justicia de La Haya. Una de las últimas registradas es la de Venezuela (véase comunicado oficial del 9 de enero del 2024).

El intento de frenar diplomáticamente a Sudáfrica por parte de aparato diplomático israelí

Apenas conocida la gestión, Israel envió instrucciones muy precisas a sus distintas legaciones diplomáticas, en aras de aislar a Sudáfrica: al respecto, esta interesante nota publicada en Axios el pasado 5 de enero del 2024 detalla las instrucciones recibidas. Una de ellas fue solicitar a los Estados a pronunciarse oficialmente en contra de la demanda sudafricana. ¿Cómo así? Como se lee.

Es de señalar que esta nueva acción de Sudáfrica ante la CIJ ha provocado una honda preocupación en la administración norteamericana, la cual, incluso, se ha sentido obligada a desacreditar la base factual de Sudáfrica en su solicitud al juez internacional de La Haya. Uno de los voceros de la Casa Blanca se expresó de la siguiente manera (véase comunicado de prensa del 3 de enero) sobre la demanda de Sudáfrica:

"We find this submission meritless, counterproductive, and completely without any basis in fact whatsoever".

Para cualquier lector(a) curioso(a), la base factual sobre la que fundamenta Sudáfrica su demanda se puede leer revisando con detenimiento los párrafos del 101 al 107 de la extensa demanda  (84 páginas) interpuesta por Sudáfrica: estos párrafos detallan, una tras otra, las escalofriantes declaraciones oficiales escuchadas en Israel desde la tarde-noche del 7 de octubre del 2023. Estos mismos lectores podrán comprender que, a diferencia de lo expresado por este alto funcionario norteamericano, sobran los elementos fácticos.

La urgencia, motor de las medidas provisionales solicitadas al juez internacional

El elevado número de víctimas y de personas heridas que se registra con cada nuevo día de bombardeos israelíes sobre la población civil de Gaza es otra base factual inobjetable, justificando una urgencia absoluta ante el juez de la Haya: como se recordará, desde el punto de vista procesal, el verdadero “motor” de las medidas provisionales solicitadas a la CIJ es la urgencia de la situación.

En relación con el calificativo de "genocidio", que pareciera incomodar tanto a algunos sectores cercanos a Israel, tanto dentro como fuera (incluso aquí en Costa Rica), cabe recordar que, desde el 16 de noviembre del 2023, fue un grupo de expertos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos el que advirtió en un comunicado colectivo de un grave riesgo de genocidio en Gaza, al precisar que:

"We are deeply distressed at the failure of Israel to agree to – and the unwillingness of the international community to press more decisively for – an immediate ceasefire. The failure to urgently implement a ceasefire risks this situation spiralling towards a genocide conducted with 21st century means and methods of warfare,” the experts warned.

They also expressed alarm over discernibly genocidal and dehumanising rhetoric coming from senior Israeli government officials, as well as some professional groups and public figures, calling for the “total destruction”, and “erasure” of Gaza, the need to “finish them all” and force Palestinians from the West Bank and east Jerusalem into Jordan. The experts warned that Israel has demonstrated it has the military capacity to implement such criminal intentions".

Como ya viene siendo costumbre, este comunicado oficial difundido desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas fue escasamente referenciado en algunos de los principales medios de prensa internacionales: pasó prácticamente desapercibido.

A modo de conclusión

Los temores de Israel y de Estados Unidos son más que fundados, y, de alguna manera, explican el tipo de gesticulaciones observadas por parte de ambos Estados.

En efecto, una decisión preliminar de la CIJ favorable a Sudáfrica conllevaría consecuencias para ambos Estados: ello fue explicado recientemente por un especialista sudafricano en derecho internacional público en una entrevista en SABC difundida el pasado 4 de enero,  así como en este artículo publicado por el jurista argentino Luciano Pezzano en el sitio especializado de EJIL-Talk, cuya lectura se recomienda. 

En la precitada nota de Axios, publicada este 5 de enero, se lee que Israel ha explicado a sus diplomáticos de todo el mundo que la situación puede acarrear consecuencias de todo tipo para Israel, al precisar que:

"A ruling by the court could have significant potential implications that are not only in the legal world but have practical bilateral, multilateral, economic, security ramifications".

No es la primera vez que Sudáfrica acude a la justicia internacional en relación con el drama que se vive en Gaza desde la tarde-noche del 7 de octubre.

En efecto, el pasado 17 de noviembre, Sudáfrica, conjuntamente con 4 otros Estados, entre ellos Bolivia, presentó un referral de carácter urgente a otra jurisdicción internacional con sede en La Haya, como es la Corte Penal Internacional (CPI) (véase texto completo), y que tuvimos también la oportunidad de analizar.

Además, cabe recordar que esta iniciativa de Sudáfrica se añade a otra interpuesta ante la misma CIJ por parte, esta vez, de la Asamblea General de Naciones Unidas, al solicitarle una opinión consultiva sobre la colonización ilegal israelí y sus efectos desde la perspectiva del derecho internacional público: se trata de una resolución que se votó hace poco más de un año, el 30 de diciembre del 2022, y que contó con una abrumadora mayoría de 87 votos a favor y 26 en contra. Por parte de América Latina, los dos únicos votos en contra fueron los de Guatemala y de Costa Rica.

Las audiencias finales en el marco de este procedimiento consultivo tendrán lugar en La Haya el próximo 19 de febrero, según comunicado por la CIJ.

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Nota del autor: una versión más extensa de este mismo texto está disponible en este enlace.