Sueños truncados y la lucha por un futuro digno: la crisis de la educación pública costarricense

Susana Monge Alvarado es máster en literatura y docente de la Escuela de Lenguas Modernas y de la Sede del Atlántico de la UCR.

Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

La idea de educación es para el costarricense, en buena medida, un concepto asociado al mejoramiento de la calidad de vida y al progreso social, esto porque, por años, el país apostó a la educación como motor de desarrollo socioeconómico. A diferencia de otros países, Costa Rica prefirió eliminar el ejército y redistribuir sus recursos en áreas como la salud y la educación. Así, nuestras instituciones garantizaron el crecimiento social y, a la vez, aseguraron un distanciamiento de los conflictos propios de las naciones militarizadas, los cuales exigen gastos económicos importantes.

A nivel educativo, la consigna se enfocaba en ofrecer educación de calidad, no solo como un medio para alcanzar nuestras metas individuales, sino como una estrategia de crecimiento nacional a corto y largo plazos. En otras palabras, el objetivo no se quedaba en la alfabetización como tal, sino que apuntaba a la formación como un medio para fortalecer el recurso humano en sus capacidades y aportes a la sociedad. Esto es esencial en Costa Rica ya que, al ser un país pequeño, carece de los recursos con los que sí cuentan países de gran extensión territorial.

La estrategia fue efectiva y, claramente, nos alejó por mucho tiempo de las dificultades y necesidades propias de los países más pobres. Nos mantuvimos a flote y, aún hoy, se nos considera un modelo de progreso en diferentes aspectos. Sin embargo, no podemos obviar que esta estrategia se ha descuidado. Nuestro motor de desarrollo parece apagarse y, a nivel educativo, esto puede ser una catástrofe.

Según el último informe del Estado de la “Educasion” del 2023 (sí, escrito así a modo de crítica), nuestra educación pública se ha debilitado por diferentes factores, tales como un mal manejo de los recursos, incumplimiento de acuerdos nacionales y una pobre planificación a corto y largo plazos. El informe identifica problemas estructurales, rezagos, respuestas insuficientes a problemas clave y falta de seguimiento, entre otros. Estos son algunos ejemplos:

• Carencias en aprendizajes básicos tales como lectura y escritura.
• Evidencia de rezagos y carencias de aprendizaje que luego deben ser atendidos en niveles de educación superior (se calcula que el rezago es de hasta 10 años, uno de los peores en América Latina).
• Brechas estructurales de género que limitan las oportunidades de formación.
• Respuestas institucionales insuficientes ante las problemáticas identificadas (tanto las problemáticas recientes como las antiguas).
• Procesos de nivelación sin seguimiento a los resultados.
• Deterioro de uso y aplicación de instrumentos de macroevaluación.
• Poco o nulo acompañamiento a la población docente y administrativa. Falta de competencias claves en el ejercicio de la profesión.
• A nivel superior, repercuten las restricciones presupuestarias, ya que estas restricciones no resuelven los desafíos presentes.

En términos generales, el Informe indica que el Gobierno continúa incumpliendo sus compromisos y acuerdos nacionales en materia de educación y esto compromete profundamente nuestras aspiraciones y oportunidades de desarrollo. El Informe también hace énfasis en la desarticulación de las alianzas público-privadas en materia de formación y capacitación, el crecimiento en las asimetrías de la oferta educativa (lo cual agrava las desigualdades en la formación pública y privada) y la pérdida de oportunidades relacionadas con la formación del recurso humano y el crecimiento socioeconómico general. Aunque el Gobierno ha intentado desacreditar la seriedad del Informe, los problemas planteados en él son una realidad perceptible, la cual nos afecta en muchísimos aspectos de nuestra vida, tales como nuestras aspiraciones personales, pasando por la formación superior, y llegando al deterioro de nuestra economía y soberanía.

Quienes estamos involucrados en el quehacer universitario no ignoramos el estado de esta cuestión porque lo vivimos lado a lado con el estudiante. La población estudiantil ha expresado su frustración al enfrentar un nuevo sistema educativo para el que no se siente preparada y se siente preocupada por su futuro estudiantil y profesional. Esto no es un asunto de capacidades con respecto a los estudiantes, porque acceder a la universidad pública requiere un proceso de admisión que demuestra que ellos las tienen. Lo frustrante es ser conscientes de que el sistema de educación básica está fallando a tal nivel que el estudiantado necesita refuerzos básicos de todo tipo a nivel universitario y esto es, indudablemente, un lastre para el cumplimiento de los objetivos de la educación superior.

Por otro lado, en la docencia superior nos hemos comprometido a enfrentar permanentemente los retos que significan preparar estudiantes que presentan toda clase de carencias, incluso psicológicas. Obviamente, esta situación ha generado importantes acciones por parte de las universidades públicas, a pesar de los recortes financieros constantes. Aparte de los servicios ya existentes, tales como atención socioeconómica y académica, se han creado diferentes iniciativas para contrarrestar los obstáculos ya mencionados. Aun así, la demanda sobrepasa las capacidades institucionales y satura los sistemas. En las aulas, la docencia ha cambiado sustancialmente desde la pandemia, pero siempre ha sido claro que la prioridad es y será el estudiante y su proceso de formación. La población docente ha pasado por momentos de agotamiento, pero los objetivos no han cambiado y el compromiso siempre ha permanecido hasta el día de hoy.

Así, y a partir de esta situación, surgen varias preguntas al respecto. Primero, nuestra situación es sardónica. ¿Por qué  la educación primaria está cada vez peor si le destinamos tantos recursos? ¿Por qué nuestro sistema educativo superior tiene que soportar los ataques constantes del propio Gobierno e, incluso, atender los problemas ajenos que este le “hereda”? ¿Por qué nuestros gobiernos prefieren lanzarse contra la formación superior, símbolo de nuestro desarrollo y progreso social, en vez de atender sus compromisos y responsabilidades con la educación básica?

Para un gobierno débil y sustentado en la manipulación, claramente es muy difícil proponer medidas, básicamente porque esto implica trabajo conjunto y diálogo. Esto es imposible cuando la posición ante la crítica es desviar la atención, manipular la información o atacar a los sectores que expresan desacuerdo. Y esto es un signo de incompetencia. Al día de hoy, no conocemos qué significa “la ruta de la educación”, por ejemplo. Lo que el Informe del Estado de la Educación concluye es que no hay ruta, porque ni siquiera se cumplen los acuerdos. Seguimos esperando propuestas que no sean recortes presupuestarios poco justificados y un constante menosprecio al aporte que la educación superior pública le ha dado al país desde su creación. Pero seguimos anuentes a proponer y aportar desde nuestra labor.

La historia prueba cómo la ignorancia y la pobreza están cercanamente relacionadas con la injusticia y el abuso sistematizado. En las sociedades esclavizadas, los explotadores se aseguraban de que sus esclavos nunca aprendieran a leer ni escribir y se les prohibía desarrollar actividades más allá de las impuestas. De este modo, el modelo productivo salía más barato y eficiente para acumular la riqueza sin tener que aportar. Si bien es cierto hoy la esclavitud es ilegal en muchos territorios, la estrategia de “hacer la vida más difícil” es sumamente eficiente cuando se trata de desmantelar el Estado de bienestar y, al mismo tiempo, favorecer a los beneficiarios de los modelos productivos basados en la mano de obra barata y MANIPULABLE. Es decir, se trata de empujar al ciudadano a un modo de subsistencia en el que las oportunidades de progreso individual sean pocas o ninguna. Para esto, es necesario volver inoperantes a ciertas instituciones, y la educación no está fuera de esto.

En este sentido, pareciera que la consigna del Gobierno es dejar colapsar el sistema educativo público hasta volverlo inservible. Esto, claramente, no afectará a los sectores más pudientes, ya que estos justamente se benefician de los sectores con poca formación y recursos, pero, a nivel país, esto es una desgracia. Si nuestro mayor recurso es el ciudadano y su aporte a la sociedad, entonces veremos nuestras oportunidades perderse mientras caemos en el retroceso total.  La educación superior será una especie de lujo en un país que justamente fue construido sobre las bases de la formación ciudadana y la idea del progreso personal, del mejoramiento de la calidad de vida y de un futuro digno para toda la población será cada vez más lejana. Por eso, hago una pregunta más al respecto: ¿debemos permanecer impasibles ante esta situación y dejar perder aquello que fue construido para nosotros? Porque, en esta crisis, los únicos que perderemos somos nosotros mismos.