La exclusión educativa es uno de los derechos violentados de la niñez costarricense: infraestructura en pésimas condiciones o inexistentes, escasos recursos para el proceso de enseñanza aprendizaje, la persistente brecha entre las zonas urbanas, rurales, costeras y fronterizas son elementos que inciden en el acceso a una educación de calidad para los niños y niñas en el territorio nacional. Foto CIUB
Cada 9 de septiembre Costa Rica celebra el Día de los Niños y las Niñas con actividades recreativas y culturales, sin embargo, tras la cortina de la fiesta anual el país esconde los rezagos en materia de derechos humanos de la niñez costarricense.
Según la última Encuesta Nacional de Hogares 2022 (ENAHO), el 39 % de las niñas, niños y adolescentes viven en pobreza monetaria, especialmente cuando las mujeres son jefas de hogar, ya que, incluso ellas mismas tienen tres años menos de escolaridad que aquellas con mejores condiciones socioeconómicas.
En términos educativos, la ENAHO 2022 calculó que el 33,5 % de la población de niñas, niños y adolescentes entre los 6 y 17 años no asisten a educación formal o muestran un severo rezago escolar, lo que compromete las posibilidades futuras para un gran porcentaje de la población en Costa Rica.
Para la docente Ana Catalina Siles Solano, coordinadora del proyecto de Acción Social “Potenciando las habilidades de los niños y niñas, aprendiendo de la idea a la acción” (TC-778), ejecutado por el Recinto de Paraíso, de la Universidad de Costa Rica (UCR), la situación de la niñez en zonas rurales agrícolas es radicalmente distinta en comparación con la vida en los centros urbanos.
“En nuestro caso, desde marzo pasado este trabajo comunal trabaja en tres escuelas unidocentes en la región de Orosi, Purisil, Guavata y Puente Negro, y las carencias institucionales inciden en la calidad de la educación que recibe un centenar de niños y niñas en edades desde preescolar hasta sexto grado”.
La UCR ejecuta 39 proyectos de Acción Social relacionados con los derechos de la niñez y adolescencia costarricense, relacionadas con la salud, el mejoramiento educativo, el estímulo del pensamiento crítico y el fomento de la participación en los procesos comunitarios.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.Aunque al inicio el TC-778 se propuso el desarrollo de habilidades blandas, las que Siles planteó como una meta del proyecto, debido a que son necesarias en un mundo interconectado y de trabajo en equipo, al llegar se dieron cuenta que habían otras necesidades educativas básicas no resueltas.
Para citar un ejemplo, Siles subrayó que aunque la Fundación Omar Dengo dotó de computadoras a esas escuelas, “debido a la pandemia de la COVID-19 nunca se usaron y se entregaron a los estudiantes para clases virtuales, y la realidad es que las madres y padres no sabían usarlas o carecían de conexión a Internet. Entonces, cuando empezó este trabajo comunal llegamos y los estudiantes de la UCR las revisaron, instalaron y los estudiantes han empezado a aprender a usarlas, así garantizamos su derecho a la tecnología”.
Además, agregó, el equipo estudiantil universitario apoya al personal docente del Ministerio de Educación Pública destacado en esos centros educativos, brindando tutorías en Matemáticas y Español, incluso en aspectos elementales como deletreo, en Ciencias, Informática e incluso en Educación Física, ya “hay algunos maestros de materias especiales que no llegan y entonces los muchachos hacen ejercicio con ellos”.
Ana Lucrecia Rodríguez Rojas, quien además de docente tiene rol de dirección en la Escuela de Purisil, una comunidad agrícola alejada del centro del distrito de Orosi, en Paraíso, agradeció el apoyo recibido de parte de estudiantes universitarios. “Para mis niños y niñas estos jóvenes son un ejemplo de que es importante seguir estudiando, esforzándose, y cada vez que llegan los reciben con mucha alegría. Nos ayudan con el material didáctico, con actividades recreativas y han sido una gran ayuda, ya que en mi caso además de dar lecciones tengo que asumir trabajos de dirección”.
“Agradezco mucho al Recinto de Paraíso de la UCR por venir a estas escuelas, a estos pueblos de gente tan buena, pero que carecen de los avances de la Internet y de oportunidades que otros niños y niñas tienen en otros lugares del país”.
Dichas disparidades se evidenciaron en el informe sobre la Estimación de los Recursos Públicos Destinados a la Niñez y a la Adolescencia en Costa Rica 2021, presentado este año por el Patronato Nacional de la Infancia. El país tiene dos realidades: del total del presupuesto público destinado a la niñez y las adolescencias, la inversión en educación en las zonas costeras y fronterizas dista mucho del 52 % invertido en la Región Central, y el focalizado a comunidades indígenas o afrodescendientes apenas llega al 4 % y 2 %, respectivamente.
La situación de vulnerabilidades relacionadas con la condición de pobreza afectan al 39 % de menores de edad. El “Índice de Bienestar de la Niñez y la Adolescencia 2020: estimación cantonal con datos administrativos” (OBINA), elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), en coordinación con Unicef-ONU, un tercio de los cantones tienen enormes pendientes en materia de Derechos Humanos de la niñez y adolescencias y que la brecha entre el Gran Área Metropolitana y las periferias se sigue consolidando.
Aunque el Día de los Niños y las Niñas tiene una orientación festiva, para miles la celebración está marcada por la pobreza, ya que un 39 % de la niñez y adolescencia viven en pobreza, especialmente aquellos con mujeres jefas de hogar.
Foto: Fabiana Castillo Murillo.El TC-778 se propuso como una instancia para “promover el espíritu emprendedor en los niños y las niñas en comunidades vulnerables de la zona de Cartago y Paraíso, potenciando habilidades y destrezas como herramientas futuras para su desarrollo personal y de esta manera contribuyan como agentes de cambio”. Este trabajo comunal reunió a estudiantes de diversas carreras como Administración de Empresas, Turismo Ecológico, Informática Empresarial y Enseñanza del Inglés.
Henry Moreno Calderón, con 22 años de edad y estudiante de Informática Empresarial, comentó que tras su paso reciente por este trabajo comunal “aprendió a valorar mucho las cosas, lo que uno aprendió a esas edades, lo que uno tuvo, ver nuevas ideologías, pensamientos y sobre el manejo con niños que no es algo sencillo”.
Además, el joven estudiante destacó que uno de los problemas fue la escasez de recursos en esas escuelas en zonas agrícolas. “Para enseñarles algo de tecnología era difícil y la brecha social que existe les dificultaba entender conceptos que intentamos explicarles a los niños; además, la lejanía lo hacía bastante retador. Pero en general, uno se lleva muy buenas cosas, yo no había tenido la experiencia de trabajar con niños lo que implicó ser comprensivo, entender qué les gusta o no, y aunque hace unos pocos años uno dejó esa etapa, hay diferencias entre las generaciones”.
Otra de las experiencias fue la de María Ángel Guerra Rodríguez, de 23 años y quien cursa el tercer año de Dirección de Empresas. Aunque ha vivido toda su vida en Paraíso, en Cartago, aseguró que no sabía sobre las dificultades en las escuelas unidocentes de la región. “Siendo 100 % honesta en algunas ocasiones como persona he cometido el error de creer que todos tenemos las mismas posibilidades cuando en realidad hay zonas vulnerables, como lo son las diversas escuelas en las que he realizado el trabajo comunal, en lo personal he aprendido a valorar el esfuerzo que realizan los docentes y el personal administrativo de nuestro país”.
“Como miembros de este proyecto estamos en toda la disponibilidad de brindar ayuda a dichos individuos y a la población meta que son los niños, el poder verlos crecer y aprender cada día me llena el corazón de orgullo y agradecimiento, ya que al final son dichos estudiantes el futuro de nuestro país y que labor sería más gratificante que poder sembrar una semilla en cada uno de ellos para que crezcan día a día. Le agradezco mucho a la universidad porque nos ha ayudado en todo el proceso, y poniendo atención a estas zonas que lo necesitan”, afirmó Guerra.
Finalmente, el estudiante Moreno Calderón, concluyó que una de sus mayores satisfacciones fue “poder enseñarles a los niños y niñas cosas nuevas e incentivarlos a nuevos mundos, porque viven en pueblitos muy lejanos y cerrados y la idea del TCU era expandirles ese mundo
La magister Laura Rivera Alfaro, coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social en Derechos de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA) recalcó que en materia de políticas públicas el Estado costarricense tiene graves deficiencias que hipotecan el futuro de la niñez costarricense.
Por ejemplo, “el porcentaje de personas menores de edad que viven en condición de pobreza supera el dato del total de la población en general, lo que significa que el acceso a derechos básicos se violenta aproximadamente a 3 de cada 10 personas que habitan en el territorio costarricense, lo que convierte a Costa Rica es el país de la OCDE con más pobreza en este grupo etario”.
En el ámbito educativo, explicó Rivera, “se requiere atender de manera urgente las inequidades que vienen agudizando en las últimas décadas, que ha polarizado las formas que adquiere la educación pública en los entornos rurales y urbanos, en el centro y la periferia costarricense, y entre la educación pública y privada en todos sus niveles, situación que empeoró debido a la pandemia por la COVID-19”.
Desde las contribuciones sustantivas de los trabajos comunales, en los que estudiantes de las diversas disciplinas se vinculan con organizaciones, instituciones o espacios locales, se impulsan actividades orientadas a ese fortalecimiento y defensa de los derechos de las personas menores de edad. Además, solo para mencionar algunos, la UCR produce conocimiento en otros espacios, como el Instituto de Investigación en Educación (INIE) y en la formación de profesionales altamente capacitados desde la Maestría Interdisciplinaria en Niñez y Adolescencia (MAENA), del Posgrado de Trabajo Social, o el proyecto de investigación que genera el informe Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (EDNA) que se constituye en un valioso insumo para la generación de políticas públicas.
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