Mag. Laura Rivera Alfaro, coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social En Derechos de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA-UCR))

Cada 09 de setiembre, Costa Rica celebra el Día de los Niños y las Niñas y más allá de la fecha, es momento de reflexionar sobre los principales desafíos para garantizar los derechos de las personas menores de edad. En primer lugar, sobre la necesidad de recuperar la perspectiva de la protección integral que permita orientar las acciones de la institucionalidad hacia una intervención que supere la restitución de derechos cuando estos han sido violentados; y que por lo contrario permita la promoción de éstos favoreciendo que las niñas, niños y adolescentes vivan en entornos menos violentos.

Ese desafío se expresa, por ejemplo, en el hecho de que el porcentaje de personas menores de edad que viven en condición de pobreza supera el dato del total de la población, lo que significa que el acceso a derechos básicos se violenta aproximadamente a 3 de cada 10 personas que habitan el territorio costarricense, lo que convierte a Costa Rica es el país de la OCDE con más pobreza en este grupo etario.

De esta manera, el desafío es consolidar una sociedad centrada en los cuidados (entendiendo los cuidados desde una perspectiva amplia) desde la corresponsabilidad social donde tanto las instituciones como las comunidades y las familias, además del sector privado, se encuentren comprometidas con la protección de esta población. Esto implica un cambio de paradigma sobre las prioridades que cómo sociedad existen hoy.

En el ámbito educativo, se requiere atender de manera urgente las inequidades que vienen agudizándose en las últimas décadas, que ha polarizado las formas que adquiere la educación pública en los entornos rurales y urbanos, en el centro y la periferia costarricense, y entre la educación pública y privada en todos sus niveles.

Existen nuevos retos que la sociedad impone vinculados con la última Revolución Industrial y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, que de seguir expresándose de manera tan desigual como lo hacen hasta este momento, implicará un abismo cada vez mayor entre dos sociedades coexistentes

Sin duda, los datos son ampliamente preocupantes y están relacionados con décadas en las que las desigualdades se han agudizado en nuestro país, situación que empeoró debido a la pandemia de la COVID-19. La revolución tecnológica que vivimos requiere no solo fortalecer las habilidades para que las personas se preparen para trabajar con las tecnologías y carreras STEAM, sino también alfabetizar digitalmente para hacer uso de estas tecnologías en cualquier disciplina u ocupación en el futuro.

Desde la universidad, el desarrollo de proyectos de Acción Social orientados a abordar el rezago escolar, así como a fortalecer las capacidades de lectoescritura, comprensión y en temas de matemáticas básicas, es fundamental para contribuir a la sociedad en este gran desafío. Pero además, como país, debemos llevar a cabo una amplia revisión de la situación actual de la educación pública y dar prioridad en términos presupuestarios y de gestión política al fortalecimiento de la educación pública y a la atención del mandato constitucional, que implica no solo aspectos económicos, sino también garantizar una educación inclusiva que permita a la población que habita el territorio costarricense enfrentar los desafíos de una sociedad que se transforma a un ritmo vertiginoso.

Compromiso UCR con la niñez costarricense

La situación actual de la educación requiere considerarla como un tema de emergencia nacional, y que como tal, se posibilite priorizar su atención tanto en términos presupuestarios, como en el fortalecimiento de las capacidades de las personas funcionarias públicas que tienen la importante tarea de formar, a la vez que cuidan a las niñas niños y personas adolescentes. Sin duda el tema infraestructural de los centros educativos debe atenderse si nos consideramos un país que protege los derechos de las personas menores de edad. Además, conociendo que el perfil de las personas que estudian en el sistema público es de personas tienen limitaciones para el acceso a cubrir sus necesidades básicas, el Estado debe garantizar el sostenimiento de la inversión social que se traduzca en becas y otros apoyos estratégicos para el acceso al derecho a la educación.

Por su parte, la Universidad de Costa Rica (UCR) mediante 43 proyectos de Acción Social que se desarrollan en todo el territorio nacional, así como una gran cantidad de iniciativas de investigación que realizan valiosos aportes para fortalecer el enfoque de derechos y la doctrina de la protección integral. En este sentido, desde el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social En Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Pridena-UCR) tenemos más de 20 años de articular proyectos universitarios de diversa índole, que buscan aportar a la garantía de los derechos a la educación, a la participación, a una vida libre de violencia, a la salud, entre otros derechos fundamentales que implican trabajar no solamente de manera directa con niñas, niños y adolescentes, sino también con sus familias, con personas docentes y personas funcionarias públicas vinculadas a todo el Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia.

Desde las contribuciones sustantivas desde los trabajos comunales, en los que estudiantes de las diversas disciplinas se vinculan con organizaciones, instituciones o espacios locales, se impulsan actividades orientadas a ese fortalecimiento y defensa de los derechos de las personas menores de edad. Además, solo para mencionar algunos, la UCR produce conocimiento en otros espacios, como el Instituto de Investigación en Educación (INIE) y en la formación de profesionales altamente capacitados desde la Maestría Interdisciplinaria en Niñez y Adolescencia (MAENA), del Posgrado de Trabajo Social, o el proyecto de investigación que genera el informe Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (EDNA) que se constituye en un valioso insumo para la generación de políticas públicas.

Entre los retos fundamentales para superar la mera restitución de derechos, debe sumarse el fenómeno migratorio que estamos viviendo muchos países de América Latina, del cual Costa Rica es parte de ese flujo de tránsito de millones de personas hacia el norte. Dada esta situación, una gran cantidad de las personas menores de edad que actualmente permanecen en nuestro territorio provienen de familias migrantes o con una composición binacional. Esto implica que como país debemos fortalecer la lucha contra los mitos y estereotipos asociados a la migración, incorporar una perspectiva que reconozca en la diversidad un aporte a una sociedad más enriquecida culturalmente. El hecho de que Costa Rica sea un país que ha suscrito la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña, permite la protección de derechos fundamentales a personas menores de edad independientemente de su condición migratoria, lo que implica una gran oportunidad para consolidar esa sociedad que protege a todas las personas sin importar su origen.

Desde la UCR continuaremos orientando nuestro compromiso hacia las poblaciones de niños, niñas y adolescentes a partir de la visión humanística que sustenta nuestro quehacer desde hace 83 años, y seguimos firmes reafirmando nuestra convicción de apoyar a los sectores vulnerabilizados de la sociedad costarricense.