La economía social solidaria es fundamental en tiempos de creciente desigualdad

La economía social solidaria  es clave para la región Latinoamericana, en tiempos de creciente desigualdad, ya que permite la inclusión sociolaboral y el desarrollo de proyectos económicos, desde los principios de cooperación, ayuda mutua, gobernanza democrática y participativa, autogestión, autonomía e independencia (foto Archivo OCI).

Con el objetivo de reflexionar sobre los principales avances y desafíos de Latinoamérica en cuanto al fortalecimiento normativo de la economía social solidaria, la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica realizó un encuentro entre la academia, el gobierno, y diferentes actores sociales, expertos internacionales y sociedad civil en general, para analizar este tema.

Gracias a esta iniciativa, se robusteció el proceso de reflexión y fortalecimiento de propuestas de legislación para que Costa Rica al igual que otros países de la región como México, Colombia, Ecuador y Uruguay, pueda a mediano plazo contar con leyes y políticas públicas en beneficio de la Economía Social Solidaria.

La economía social solidaria (ESS) ha sido definida en Costa Rica como el conjunto de actividades económicas y empresariales realizadas en el ámbito privado por diversas entidades, grupos sociales y organizaciones para satisfacer el interés colectivo y de las personas que las integran, y también el interés económico en general de los territorios donde se ubican.

Desde esta perspectiva, la economía social solidaria es clave para la región, en tiempos de creciente desigualdad, ya que permite la inclusión sociolaboral y el desarrollo de proyectos económicos, desde los principios de cooperación, ayuda mutua, gobernanza democrática y participativa, autogestión, autonomía e independencia.

Según la M.Sc. Yasy Morales, docente e investigadora de la Escuela de Sociología y coordinadora del encuentro, es vital impulsar legislación y políticas públicas que promuevan el fortalecimiento de las economías sociales solidarias, las cuales fortalecen procesos de integración social y productiva de distintas comunidades, poblaciones y territorios.

“La economía social solidaria es la forma que encuentran muchas poblaciones para poder generar un ingreso, ya que las condiciones de los mercados laborales resultan excluyentes por los horarios o requisitos que solicitan, por ejemplo para las mujeres que se responsabilizan de trabajos de cuidados y reproducción en los hogares y las comunidades, pero también para otras poblaciones. En el caso de las mujeres hemos visto como en las ferias de economía social solidaria y trabajo con organizaciones comunales y productivas en los territorios, ellas tienen una presencia muy importante, y hemos visto en otros países y continentes que la economía social solidaria tiene en buena parte rostro femenino, porque es la única forma viable que ven para resolver sus economías, uniéndose, apoyándose mutuamente y así han sostenido en gran parte las economías comunitarias. Y estas son economías que son invisibles porque no se cuantifican, pero que efectivamente tienen un papel muy importante en el bienestar comunal y en la cohesión social” dijo Morales.

En su opinión, en un país en donde la desigualdad social crece, el fortalecimiento de las políticas públicas y legislación de las economías solidarias es clave, como una forma de brindar una estructura de oportunidades de inserción laboral y de generación de riqueza a aquellas poblaciones y comunidades que de otra forma estarían siendo más excluidas.

El encuentro: "Experiencias Latinoamericanas en legislación y políticas públicas para la Economía Social Solidaria” se llevó a cabo este 17 de julio, y contó con la participación de diferentes expositores internacionales. El espacio fue organizado por las docentes Yasy Morales y Graciela Mora de la Escuela de Sociología de la UCR.

En la siguiente entrevista, Morales aborda a detalle cuál es la situación de Latinoamérica y de Costa Rica en cuanto a la importancia de la política pública para la economía social solidaria; así como cuáles son los principales desafíos en esta materia a mediano plazo.

¿Cuál es el estado de este tema en Latinoamérica y en Costa Rica?

En toda Latinoamérica hay leyes y políticas para el fomento de algunas de las figuras jurídicas que expresan una asociatividad productiva bajo el marco ético de la Economía Social Solidaria (ESS), entre esas, las cooperativas, las cuáles han tenido un reconocimiento y fomento desde entidades públicas por medio de institutos específicos para este fin. El vacío que se ha evidenciado en todos los países de la región es que muchas otras expresiones asociativas y comunitarias de la ESS se mantienen invisibilizadas y no tienen mecanismos de fomento, quedan en muchos casos excluidas de las políticas públicas para las Micro, Pequeña y Medianas Empresas (MIPYMES) por incomprensión de sus particularidades y esto tiene un impacto en la exclusión socioeconómica de poblaciones generalmente ya con cierto nivel de vulnerabilización en los territorios.

De ahí la necesidad que se ha identificado de crear leyes marco o leyes específicas para la Economía Social Solidaria.

En Honduras se tiene la Ley del Sector Social de la Economía (1985), Colombia se tiene una ley que determina el marco conceptual que regula la Economía Solidaria (1998). En Ecuador una Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (la Economía Solidaria está reconocida en la constitución desde el 2008) y del Sector Financiero Popular y Solidario (2011), México tiene su ley de Economía Social y Solidaria (2012) y Uruguay tiene la Ley de Economía Social y Solidaria (2020).

Aparte del avance en el ámbito legislativo, existen decretos, planes, algunas políticas e institutos específicos para el fomento de la Economía Social Solidaria en varios de los países anteriormente mencionados, en Argentina, y en Brasil existió durante 15 años la Secretaría Nacional de la Economía Solidaria hasta la llegada del gobierno de Bolsonaro.

En Costa Rica tenemos instituciones de fomento del cooperativismo (INFOCOOP) y del comunalismo (DINADECO) que se crearon en la década del 60 y la década del 70, pero no de otras formas asociativas, hasta la creación de la Dirección de Economía Social Solidaria en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el 2015, dirección que tiene como responsabilidad el desarrollo de política pública para la ESS y en el 2020 elaboró junto a otros actores la Política Pública para la Economía Social Solidaria 2021-2025.

La M.Sc. Yasy Morales asegura que es vital impulsar el fortalecimiento de las economías sociales solidarias, las cuales fortalecen procesos de integración social y productiva de distintas comunidades, poblaciones y territorios (foto Archivo OCI).

¿Qué mecanismos y acciones han implementado países como Colombia, Ecuador, México y Uruguay para impulsar la economía solidaria?

En los 4 países se ha generado un esfuerzo para conceptualizar lo que se entiende por Economía Social Solidaria o Economía Solidaria y Popular. Esto para poder caracterizar las expresiones económicas solidarias que conviven con formas económicas no solidarias y basadas en el lucro o la acumulación de riqueza. En todos los países se ha visto la necesidad de generar políticas para reducir la exclusión de sectores y poblaciones ya vulnerabilizadas como las mujeres, las juventudes, los pueblos originarios, personas con algún tipo de discapacidad física o cognitiva o personas que requieren procesos de reinserción social y económica.

Se han realizado avances en materia de inclusión financiera en Colombia, México y Ecuador mediante mecanismos diversos, entre esos no basar el crédito en criterios únicamente de rentabilidad y limitación del riesgo del no reembolso, sino también incluir criterios de impacto socioeconómico que el crédito va a generar, valorando como garantía la experiencia de trabajo de las organizaciones y proyectos productivos robustos y con una viabilidad en algunas veces apoyada por los mismos órganos financieros a partir de servicios de acompañamiento.

En Ecuador se tiene una Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para regular las actividades financieras de este sector y una Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias que integra a las diversas entidades financieras de la ESS.

Además se han implementado otra políticas como: fomentar el tejido socioeconómico en los territorios a partir de la alianza con los gobiernos locales o departamentales para el desarrollo de prácticas de ESS; por otra parte desarrollar bases de datos y registros de las organizaciones de ESS y actualizarlas regularmente; favorecer la recolección de datos y definición de indicadores para la medición del impacto de las prácticas de ESS, esto también nutrido por procesos de la misma índole a nivel internacional; facilitar el acceso a compras públicas a organizaciones de ESS en los que se incorporan criterios sociales y ambientales en los procesos de contratación administrativa; impulsar los comercios justos, consumos responsables, turismos responsables, producción sustentable (Uruguay), entre otros.

En el caso de nuestro país ¿cuáles son los principales avances en esta materia, y cuáles son los principales retos a mediano plazo?

Como lo mencioné anteriormente, un avance importante es que ya tenemos una Dirección de Economía Social Solidaria establecida desde el 2015, cuando también se nombró un Viceministerio para la ESS y se emitió un decreto que definió lo que se entiende por ESS y declaró la ESS de interés público. En ese mismo gobierno el Programa Tejiendo Desarrollo permitió articular voluntades y recursos públicos para el fomento de la ESS, desde este programa se empezó a tener participación en procesos de incidencia para el reconocimiento de la ESS en el espacio de Naciones Unidas desde el Grupo Piloto de la ESS que articuló a varios países europeos, africanos y latinoamericanos. También en ese mismo período se conformó una Comisión Especial de ESS en la Asamblea Legislativa que atendió diversos proyectos relacionados a actores de la ESS y elaboró un proyecto de ley marco para la ESS, que fue aprobado en Comisión, pero no pasó al plenario legislativo.

En el 2018 se creó un Consejo Presidencial en el que participaban instituciones como el MEIC, el INDER, el MAG, el INA y el IMAS para seguir la articulación interinstitucional para el fomento de la ESS y junto al Consejo Consultivo de Organizaciones de Economía Social Solidaria en el que participaron organizaciones y academia, se elaboró la Política Pública de Economía Social Solidaria.

Con las iniciativas de articulación interinstitucional se logró apoyar a proyectos concretos en diversos territorios del país, diversos equipos de instituciones han ido conociendo sobre las prácticas de la ESS y su impacto en el bienestar de los territorios, pero las acciones han sido muchas veces aisladas y no se ha logrado generar un Plan de Ejecución de la Política Pública de la Economía Social Solidaria. Esto, ahora en un contexto en el que la población sufrió los efectos socioeconómicos de la pandemia, la guerra internacional y la amenaza a la seguridad alimentaria y nutricional muestran que se requiere una acción urgente de diálogo y co-construcción de políticas públicas con organizaciones de diferentes tipos, actividades productivas y territorios, actores del poder ejecutivo y legislativo y la academia.

¿Qué importancia tiene la Universidad Pública, como uno de los actores principales en el impulso de la economía social solidaria?

La Universidad pública, por su compromiso con las transformaciones que requiere nuestra sociedad para su bienestar, y a través de sus pilares de la acción social, la investigación y la docencia ha aportado a la conformación de organizaciones de la ESS, acompañamiento en sus procesos organizativos, de gestión, técnico productivos y  de mercadeo, por medio de procesos de aprendizaje, alianzas para el logro de objetivos comunes, generación de propuestas de articulación en los territorios e incidencia para el desarrollo de políticas públicas con organizaciones campesinas, de mujeres, indígenas, de desarrollo comunal, pesqueras, artesanas, de turismo rural, intercambios solidarios, entre muchas otras.

Como universidad hemos priorizado desde hace décadas el trabajar con estas organizaciones porque sin conocer el concepto, sabíamos que, fomentando el trabajo solidario y cooperativo, la participación ciudadana y la unión de esfuerzos para lograr objetivos comunes el impacto de nuestro trabajo se potencia, aportando a la participación democrática y a una mejor distribución de la riqueza que se logra generar colectivamente.

Más recientemente desde proyectos específicos, cursos (sociología, nutrición, trabajo social y nutrición) y desde el Programa de ESS (PROESS) se ha venido visibilizando el concepto e incidiendo en procesos formativos, con Trabajos Finales de Graduación de estudiantes y desde la Acción Social. El PROESS pudo acompañar el proceso de diagnóstico inicial que realizó la Dirección de ESS en el 2015 viajando a diversos territorios para compartir con organizaciones de ESS sobre la creación de esta dirección y la necesidad de insumos para ir definiendo líneas de acción. El Programa también aportó a que la representación de Costa Rica en Naciones Unidas en el 2015 se uniera al Grupo Piloto Internacional de la ESS y asumieran participar desde el Programa Tejiendo Desarrollo a esos procesos de sensibilización a nivel internacional. Se participó en la administración siguiente en el Consejo Consultivo para la elaboración de la Política Pública de ESS y se ha acompañado al gobierno actual en aportar a la contextualización sobre la política pública internacional de la ESS para dar seguimiento a los procesos que lograron la aprobación de la Resolución de Naciones Unidas que reconoce el aporte de la ESS al desarrollo sostenible (18 de abril del 2023).

Este programa ha podido acompañar iniciativas de 3 gobiernos diferentes, para el desarrollo de políticas públicas ya que ese es uno de sus objetivos específicos, pero principalmente mantiene un trabajo de acompañamiento a organizaciones en sus territorios, lo que permite tejer el vínculo entre las organizaciones de Economía Social Solidaria y los poderes públicos. Entre esos, más recientemente, también nuestro vínculo con gobiernos locales. Para el equipo del PROESS es un honor poder ser aladas en los procesos que las organizaciones necesitan y desean generar para mejorar las condiciones de vida en sus territorios.

Por último, a nivel nacional, la UCR reafirmó su compromiso con este importante tema por medio de la organización y realización del encuentro "Experiencias Latinoamericanas en legislación y políticas públicas para la Economía Social Solidaria”, mediante el cual impulsará y dará seguimiento a las propuestas de política pública que surgieron en dicho espacio.