Dr. Esteban O. Mora Martínez, coordinador del Monitor OCDE, e investigador del CICAP.

Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

En nuestro país, tanto el presupuesto como la planificación del sector público se regulan mediante diferentes normas (por ejemplo, la Ley 8131 y la Ley 5525) que, a su vez, someten a esos procesos administrativos a la evaluación. Esta debe ser un acto para aprender y mejorar, tanto para quien la ejecuta como para quien la reciba, .

En el caso de las políticas públicas que se traducen en planes - y estos luego pasan a ser programas y proyectos -, el monitoreo y la evaluación juegan un papel importantísimo, ya que, por una parte, el monitoreo sigue el ritmo o mide el pulso de la ejecución de una intervención de manera continua, y por la otra, la evaluación “toma fotos” en diferentes momentos sobre los alcances y la incidencia de esa intervención para los diferentes involucrados: ciudadanos, instituciones, etc.

Un ejemplo: en el reciente informe Estudios de la OCDE sobre Políticas Públicas de Conducta Empresarial Responsable Costa Rica 2023, se recomienda que a partir de una evaluación de la Política Nacional de Responsabilidad Social 2017-2030 (PNRS) se estudie la posibilidad de elaborar un Plan Nacional de Acción sobre Conducta Empresarial Responsable (CER) o Empresas y Derechos Humanos, con el apoyo del Punto Nacional de Contacto a través de un proceso consultivo transparente multiactor que asegure la participación equilibrada de todas las entidades gubernamentales pertinentes, así como de las organizaciones de sociedad civil, los sindicatos, los pueblos indígenas y las empresas.

¿Por qué es importante evaluar esta política pública?

Primero, para conocer la lógica con que se diseñó, si identificó bien el problema público, a quiénes afecta, las formas de resolverlo y los resultados esperados. Segundo, para tener seguridad de cómo funciona, y tercero, para tomar decisiones basadas en evidencia para aprender de aciertos, limitaciones y retos, y mejorar el logro de los resultados en el tiempo.

Para la OCDE, “la implementación de la PNRS y de las iniciativas relacionadas está rezagada. En consecuencia, existe un conocimiento limitado en el gobierno, y entre las empresas y otras partes interesadas, sobre la PNRS y, en general, también una falta de conocimiento sobre la CER y la debida diligencia basada en el riesgo”.

Además, existen diferentes instituciones encargadas de la aplicación de la PNRS agrupadas en diferentes órganos: Comisión Interinstitucional de Responsabilidad Social, Consejo Asesor de Responsabilidad Social, Consejo Asesor de Sostenibilidad, y Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social.

Como puede verse, una lectura crítica externa de los procesos institucionales es valiosa para identificar acciones evaluativas que pueden contribuir a la mejora de la calidad de los servicios públicos que recibe la sociedad, y así, determinar el valor público, social y económico de las políticas públicas que se diseñan y se ejecutan, teniendo presente las contribuciones al desarrollo del país en general y de los involucrados en particular.

¿Qué no se vale en materia de evaluación de programas públicos?

En ocasiones, los términos de referencia (TdR) de evaluaciones de intervenciones públicas se concentran en ciertas partes como el diseño y los procesos, evaluaciones que deberían de conducir a resultados muy valiosos sobre, por ejemplo, la Evaluación integral. Programa de Vacunación contra el Papiloma Humano, ya que, en su orientación al uso de los resultados para los tomadores de decisiones, debió contribuir a reforzar las estrategias de vacunación de la segunda dosis y alcanzar la mayor población posible de niñas entre los 9 y los 14 años.

Así, creer que porque un TdR se concentra en diseño y procesos no puede orientarse al uso, muestra inconsistencias en los propósitos de la evaluación. Incluso, la evaluación orientada a conocer o medir los resultados inmediatos (cantidad de niñas vacunadas) es un dato poderoso para la toma de decisiones, porque permitirá medir también el aprovechamiento que hacen los ciudadanos de los recursos públicos, el conocimiento sobre temas como las enfermedades de transmisión sexual (ETS), el embarazo en adolescentes, etc. Además, medirá los efectos en el mediano plazo e impactos en el largo plazo de estas decisiones, como la posible disminución de embarazos no deseados, la mejora de la calidad de vida, la reducción de la atención en salud de casos de ETS, entre otros.

La madurez del ecosistema de evaluación

El Sistema Nacional de Evaluación, dirigido por el Ministerio de Planificaión Nacional y Política Económica (Mideplan), ha desarrollado desde el año 2011 una serie de agendas nacionales para contratar evaluaciones de diferentes intervenciones públicas, en las que han participado distintos equipos de evaluación. También ha recibido cooperación técnica internacional y cooperación académica nacional.

Según nuestros propios estudios (hechos con los datos publicados por Mideplan), las meta-evaluaciones (1ª y 2ª) contratadas por ese ministerio y el más reciente informe de la iniciativa Índice Nacional de Capacidades de Evaluación (NICE), Costa Rica recibe una nota de tan solo 3,96 puntos (de 10 posibles) en el uso de la evaluación, es decir, se refuerza la tesis de que resulta necesario mejorar los TdR para que las evaluaciones realmente contribuyan a servicios públicos de calidad y no se queden en ejercicios clásicos de rendición de cuentas y control organizacional.

El país realiza una inversión muy alta en las intervenciones públicas y, por ello, se deben agudizar los sentidos y buscar, mediante la evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos estimar el retorno social de esta inversión, por lo cual, los instrumentos para conducir evaluaciones deben responder a esa realidad, y contribuir a la calidad de vida y el bienestar de las personas.

Una evaluación apropiada de los programas públicos, esto es, con las preguntas correctas, puede generar no solo aprendizaje para los procesos internos y los diferentes actores, sino que también, mejorar el impacto de las intervenciones en el conjunto de la sociedad, optimizar el uso de los recursos, potenciar el acceso a mejores condiciones sociales y económicas, cerrar brechas en la población vulnerabilizada, articular iniciativas, crear empleos y sobre todo, generar recursos frescos al Gobierno mediante la incorporación de la población económicamente activa al trabajo y, de esta forma, aumentar los ingresos para financiar programas sociales.

Sí, la evaluación es para aprender y mejorar, por ello, genera un círculo virtuoso en el ciclo administrativo, y la validez de la información parte de un proceso íntegro y de un criterio de independencia del equipo evaluador. Pese a esto, muchas veces topamos con resistencias cuando quien recibe la evaluación percibe que “no se hizo un análisis conjunto de los datos para su correcto análisis e interpretación”, cuando en todo momento se utilizaron los propios datos de la entidad.