Se suele hablar con nostalgia de aquellas épocas en que la calle era el lugar de juego, en la que los barrios estaban separados según cuadrantes y no por tapias o rejas, o en la que el parque era el sitio de encuentro entre los miembros de la comunidad, solo por poner algunos ejemplos.
Esto sigue siendo así en algunos lugares del país, especialmente en las zonas rurales. No obstante, en la ciudad poco a poco ha ido ganando terreno otro tipo de diseño urbano y de infraestructura, así como problemáticas sociales de diversa índole, que han variado las modalidades de convivencia.
Y no es que el tiempo pasado haya sido mejor, sino que lo que se conoce como espacio público sigue siendo de vital importancia para la sana interacción entre las personas que habitan los centros urbanos.
Un espacio público bien diseñado y administrado, tiene impactos positivos en diversos ámbitos como lo social y lo económico. Por lo tanto, invertir en ellos contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, incentiva a las personas a caminar o a usar otros medios de transporte distintos al vehículo, aumenta la seguridad y reduce el impacto ambiental.
Pero exactamente, ¿Cómo se puede definir este concepto?
Según los profesores e investigadores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (UCR), Luis Durán Segura, Mario Villalta Flórez-Estrada y Dania Chavarría Núñez, el término va más allá de lo meramente estructural.
El espacio público es multidimensional, se trata del espacio de lo imaginario, de lo que se piensa de él y también del espacio de las prácticas, de lo que se hace en él. Desde una perspectiva de hábitat, tiene más que ver con su uso y con la apropiación de este. Otra de sus características es que es un territorio de la ciudad donde las personas tienen derecho a estar y transitar libremente.
En este sentido, aquí se ejercen los derechos colectivos, puesto que permite que las personas se reúnan allí, contribuye de alguna manera al ordenamiento de la ciudad y a crear un entorno igualitario e integrador.
El espacio público es un espacio político, un espacio que se puede disputar y reivindicar. Además, es un espacio social, es un espacio económico y un espacio cultural.
El objetivo 11 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (ODS) que se propone lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, en la meta número 7, establece “proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad”.
Por lo tanto, el tema del espacio público es fundamental para mejorar la calidad de vida de los habitantes, fortalecer las comunidades y la transformación de los barrios y las ciudades en lugares más atractivos para vivir y trabajar.
De igual manera, ese encuentro entre las personas y sus diferencias está asociado a la salud de una comunidad o de una ciudad. Se hace imprescindible ese intercambio para lograr acuerdos de convivencia y de respeto, a través de la negociación.
“El espacio público permite que se den una serie de aprendizajes, de comportamiento social, de convivencia, de siempre estar abierto a negociar”, enfatizó Villalta.
El espacio público es por su naturaleza un lugar de conflicto, pues es el lugar donde se expresa lo colectivo y por tanto, donde se plantea la reivindicación de demandas de derechos urbanos como el derecho a la ciudad, al espacio público y a tener una ciudad habitable.
Son los mismos ciudadanos los que pueden empezar a crear reivindicaciones para recuperar los espacios a partir de sus necesidades.
“Es importante hacer una suerte de apelación a las instituciones que gestionan el espacio público, pero también es importante empezar a organizar luchas y reivindicaciones ciudadanas”, señaló Luis Durán.
El crecimiento urbano en la Gran Área Metropolitana (GAM), así como en otras áreas del país, se ha desarrollado de manera desordenada y sin planificación territorial. A esta problemática se le une la proliferación de espacios cerrados como condominios o urbanizaciones que se contrapone a la reducción de los espacios públicos.
Según datos del Informe del Estado de la Nación, desde 1990 el aumento de la construcción de condominios y apartamentos en la GAM es cercano al 600%. Estas edificaciones pasaron de representar un 5,2% del total del área construida en aquel año, al 25,2% en 2017.
La directora del posgrado en Arquitectura de la UCR, Dania Chavarría, manifestó que, con el fin de recuperar la condición de producción de espacio público, se debe aplicar correctamente las normas y reglamentos vigentes. Esto quiere decir, que a la hora de construir desarrollos urbanísticos se sigan garantizando los espacios públicos para los nuevos habitantes y para quiénes ya están ahí.
Chavarría explicó que, a partir del crecimiento urbanístico, en especial el aumento de la construcción de condominios disminuyó la cesión de espacios públicos a las municipalidades, por lo que las personas han perdido áreas de espacio público.
El reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones establece en el artículo 21 que “todo fraccionamiento con fines urbanísticos debe ceder gratuitamente para uso público el 10% del área total a fraccionar, siempre que esta sea igual o mayor a 90 m² y la suma de los lotes a fraccionar sea de 8 o más lotes, ambas condiciones en conjunto. Dicha área se debe destinar a juegos infantiles, parques y facilidades comunales, en este orden de prioridad”.
Además, indica que “las áreas cedidas deben ser traspasadas a favor del dominio municipal para el uso público y ser utilizadas según lo indicado para urbanizaciones de uso residencial” y que cada municipalidad es la encargada de llevar el registro de los fraccionamientos y las cesiones de área pública de cada finca madre.
Por su parte, Luis Durán considera que hace falta que el espacio público se convierta en un lugar pedagógico, donde las personas se encuentren con otras personas con visiones, experiencias y vivencias diferentes, se reúnan, interactúen y esto signifique un aprendizaje.
Para Mario Villalta, el espacio público debe ser visto como un medio que permita la materialización de distintos derechos ciudadanos en derechos de la población, donde la infraestructura priorice a la persona y permita el acceso universal y la inclusividad para su uso.
Otra problemática que se presenta es que los bordes del espacio privado cada vez más niegan el espacio público, por ejemplo, un condominio que tenga una gran tapia, las personas que caminen por ese lugar estarán más inseguras, pues hay una barrera física que provoca esta situación
Mientras que un espacio público sano es aquel que siempre está en uso, en el que hay actividades y en el que la gente se apropia de forma natural.
Para esto se necesita no solo diseño urbano, que es relevante para pensar la forma y características del espacio físico, sino también se necesita que las personas tengan participación activa, se tomen en consideración y sean protagonistas de las transformaciones que desean en su ciudad.
En el país se han desarrollado algunas iniciativas como la Política Nacional de Desarrollo Urbano 2018-2030, que incluye un apartado acerca de áreas verdes, recreativas y espacios públicos en el que se establecen algunas pautas para promover y motivar la apropiación de estos espacios por parte de la población residente y visitante.
De igual manera, en el 2021, el Gobierno de la República, a través del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), puso en práctica una herramienta para realizar un mapeo participativo de los espacios públicos de país. La información recolectada sería de suma importancia para que las municipalidades tuvieran datos que les permitiera realizar una certera planificación urbana y para la elaboración de una política pública adecuada.
Desde la UCR, el tema se ha abordado desde distintas aristas, pues es multidimensional y transdisciplinario.
Por ejemplo, el Trabajo Comunal Universitario (TCU) "Renovación urbana y espacios públicos para el mejoramiento de la calidad de vida" trabajó de cerca con el Mivah. El objetivo fue llevar a cabo un estudio de la situación de los entornos de las estaciones del tren y analizar el impacto del proyecto del tren eléctrico (cuando comenzara a funcionar), que tenía la Administración del presidente Carlos Alvarado.
El TCU recopiló información del entorno de las estaciones del tren que se ubican desde Paraíso de Cartago hasta la estación del Atlántico.
Según explicó el Ing. Allan Rojas, coordinador del TCU, a cada estación se le marcó un radio de 900 metros a un kilómetro para hacer el estudio urbano. Se obtuvieron datos acerca del ruido, de los usuarios, de los comercios, de los vecinos y sobre el uso del suelo de los espacios que rodean las paradas del tren, incluidos los espacios públicos y su situación.
Aunque el proyecto del tren se canceló, la información recopilada por la UCR está disponible y es útil para instituciones como el Incofer, las municipalidades o para el INVU en el momento en que vayan a trabajar lo que corresponde al reordenamiento urbano.
Por su parte, el TCU "Recreación e infraestructura para mejorar la calidad de vida de la ciudad" trabajará de la mano con la Oficina de Planificación, la Oficina de la Salud Integral y la Dirección de Obras, específicamente en parques, de la Municipalidad de Curridabat.
El proyecto aportará a aquellos casos que tienen menos recursos y personal técnico para realizar trabajos con las comunidades, por ejemplo, procesos consultivos, levantamientos de información de campo, talleres participativos y diseños de soluciones amigables con el contexto.
Desde la Escuela de Arquitectura, el TCU "Espacio público desde una visión de hábitat" trabaja con comunidades vulnerables donde hay un mayor abandono hacia sus espacios por parte de las instituciones estatales.
Según explicó Mario Villalta, coordinador de ese TCU, la iniciativa no trata de dotar a las comunidades de espacios más bonitos o mejor construidos, sino que son utilizados como un medio que busca la articulación social.
Se trabaja en barrio Sinaí en Montes de Oca, que se caracteriza por una carencia de infraestructura y espacio público.
Al empezar, el proceso la organización era prácticamente inexistente, reaccionaria y muy fragmentada por todos los distintos sectores del barrio. Hoy en día, se ha logrado consolidar y formalizar una organización barrial fuerte, motivada y realmente representativa de todos los sectores del barrio. Esto se dio gracias al proceso de activación de espacios públicos y comunitarios, al trabajo con la comunidad en proyectos como el Centro de Desarrollo Humano La Carpa, el Centro de Desarrollo Humano del Parque del Este, el gimnasio para uso de las comunidades en el Hogar Calasanz, el proyecto de mejoras de infraestructura en espacio público construido con la comunidad de Villa Esperanza o el aula ecológica y varios anteproyectos para mejoras en la Escuela Inglaterra. Son los procesos de activación los que van fortaleciendo y consolidando la organización comunitaria.
De igual manera, desde el posgrado de Arquitectura, se pretende firmar una carta de intención con el INVU y el y el Centro Municipal de Urbanismo Social (Cemus) y establecer líneas de trabajo conjunto, con el fin aportar en la evaluación o diseños de espacios públicos.
Asimismo, se realiza una labor constante con distintas instituciones y municipalidades del país que buscan resolver alguna problemática específica. Y en el posgrado, por medio de los trabajos de sus cursos o los trabajos finales de graduación, elaboran investigaciones que analizan y proponen las soluciones necesarias al tema del espacio público.
Desde la Oficina de Comunicación (OCI), de la Universidad de Costa Rica, presentamos este especial periodístico, que aborda el tema de la movilidad y la infraestructura vial. El objetivo es aportar a la discusión pública y nacional sobre las soluciones adecuadas al descalabro que representan las problemáticas en la materia. Es un esfuerzo que trata de evidenciar lo que cada costarricense debe saber para exigir las soluciones que ya se han pensado, señalado e, incluso, diseñado desde la academia.
En este especial resalta el trabajo aportado desde muy diversas unidades de investigación y académicas de la UCR, como el LanammeUCR, Produs-UCR, Cicap-UCR, Pitra-UCR, las escuelas de Ingeniería, Administración Pública, Arquitectura, Economía, Economía Agrícola, Salud Pública, entre otras, las cuales desde hace décadas están tratando de incidir para que el país le dé a la ciudadanía lo que merece: una mejor calidad de vida. A continuación, los reportajes:
Ineficiencia y visión de corto plazo erosionan la red vial nacional
Costa Rica está varada en un sistema de transporte público obsoleto
Días llenos de tráfico vial le restan vida a las y los costarricenses
El mal estado de la red vial cantonal golpea la economía rural y el desarrollo de las comunidades
“Proyecto mUEve”: 15 cantones fomentan la movilidad alrededor del tren
¿El Estado debe construir las obras viales o seguir con las concesiones?
Espacio público: un lugar de encuentro para la convivencia y el ejercicio de la ciudadanía