Un nuevo pronunciamiento divulgado el 28 de marzo del 2023 por el Programa de Economía Social Solidaria (Proees), y la Comisión Institucional de Segurida Alimentaria y Nutricional (CISAN), de la Universidad de Costa Rica (UCR), recientemente dio a conocer su apoyo a la movilización ciudadana por la seguridad y soberanía alimentaria que se realizará este miércoles 29 de marzo de 2023, a las 9:00 a. m. desde la iglesia de La Merced (San José).
El documento informa que actualmente existe una gran preocupación que rodea a las personas dedicadas a producir alimentos para el consumo interno de Costa Rica. Principalmente, las familias campesinas, quienes han visto afectadas sus economías familiares como consecuencia del abandono de distintos sectores y del vacío de políticas públicas adecuadas.
Según se explica en la postura, dicho abandono y desprotección —producto de la ausencia de una política de Estado que procure el verdadero desarrollo y sostenibilidad del agro costarricense— no ha permitido el avance hacia sistemas alimentarios sostenibles que faciliten los encadenamientos, los mecanismos de comercio justo, la asociatividad productiva y de consumo en los territorios, a nivel local y nacional.
Tampoco, han proporcionado “la existencia de una base productiva segura para la población costarricense, como las posibilidades de acceso a un nivel de vida digno para las personas productoras y las familias campesinas de Costa Rica”, se cita explícitamente.
De acuerdo con la Dra. Marcela Dumani Echandi, docente de la Escuela de Nutrición de la UCR, dicha situación social que se vive en la actualidad ya se percibía hace varios años atrás, pero la diferencia es que ahora se experimentan momentos críticos.
La desprotección estructural que afecta al agro costarricense, especialmente a las personas productoras campesinas, pequeñas y medianas, las coloca en una posición absolutamente desventajosa para participar en un tratado de libre comercio o afrontar sus consecuencias, retomó la académica.
Es urgente tomar acciones para salvaguardar nuestra soberanía alimentaria y nutricional, porque nuestro país ha llegado a un punto crítico, producto de las reestructuraciones que se han venido dando desde hace ya cuatro décadas en el sector agro costarricense, que han generado vacíos estructurales que en este momento tienen como consecuencia la pérdida de personas productoras de alimentos, o sea, el desplazamiento de de agricultores de campesinos. También la pérdida de tierras dedicadas a la producción de alimentos y con ello un aumento bastante sustancial en la importación de alimentos básicos. Estudios de la escuela de economía agrícola, por ejemplo, revelan que andamos como alrededor de un 90% de importaciones en los alimentos básicos. Eso actualmente se refleja en un aumento en los precios de los alimentos que tiene muy preocupada la población, pero también la consecuencia de este aumento de precios ha llevado a un aumento en la inseguridad alimentaria de la población. 16 de cada 100 familias costarricenses está atravesando por situaciones de inseguridad alimentaria de moderada a severa. Como parte de todo esto también tenemos el problema de la sostenibilidad del agro en relación con el desplazamiento de los jóvenes rurales, porque no encuentran en el agro un horizonte 111 proyecto de vida. Y eso viene a tener a generar en nuestro país una disminución en la capacidad productiva y esa sostenibilidad del agro. Y, bueno, los intercambios comerciales son algo que está a la orden del día. Pero nuestro país está con un sector agropecuario completamente desprotegido contra cualquier eventualidad negativa que pueda surgir de estos intercambios comerciales. Así es que definitivamente hay que tomar medidas urgentes que. Se refieren, por ejemplo, a la existencia de una política de Estado en relación con el agro costarricense y a una participación de diferentes sectores en la definición de esa política y de su implementación.
Asimismo, el escrito puntualiza en que se “ha invisibilizado el importantísimo aporte de las mujeres campesinas a la producción de alimentos para el consumo interno y para la seguridad alimentaria de sus propias familias y comunidades, limitando sus posibilidades de acceder a tierra, a crédito y a capacitación. Esto ha dado como resultado que los hogares con jefas mujeres, en especial de las zonas rurales, presenten mayores y más profundos índices de inseguridad alimentaria”.
El apoyo a la movilización también fue mostrado por el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la UCR; el MGA. Enrique Montenegro Hidalgo, decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la UCR; y Karen Marín Arguello, presidenta de la FEUCR, en un video divulgado el 27 de marzo.
Montenegro dejó claro “que es muy importante apoyar todas las acciones institucionales y de la sociedad civil que tengan como objetivo rescatar y fortalecer nuestra soberanía alimentaria, así como apoyar a los pequeños y medianos productores agropecuarios como una política académica pero, también, como una política de Estado”.
Por su parte, Marín destacó que las personas productoras han sido “un grupo históricamente excluido, esencial para nuestra supervivencia y cercano para muchas personas para la comunidad universitaria”. Por lo tanto, es importante reflexionar y dimensionar la importancia que tiene la defensa del agro.
En el video, el rector de la UCR puso a disposición de los poderes Ejecutivo y Legislativo el potencial de la Universidad de Costa Rica para ayudar a elaborar políticas que fortalezcan el agro nacional.
Puede leer con detalle el pronunciamiento en:
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Área de cobertura: ciencias de la salud
jenniffer.jijsxrmenezcordoba @ucrhluy.ac.cr
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