Universidad de Costa Rica
Esteban Mora Martínez y Valeria Castro Obando
El informe Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2023”realiza algunas referencias a la infraestructura en telecomunicaciones del país, lo cual, ya se ha venido analizando desde el Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC) de la Universidad de Costa Rica.
Por ejemplo, en términos de recursos presupuestarios, la OCDE identificó que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) continúa teniendo una excepción en la aplicación de la regla fiscal por formar parte del sector telecomunicaciones, y que en el marco de la productividad y la competencia, los recursos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) deben utilizarse para proteger y promover la competencia.
Por otra parte, señala los esfuerzos normativos para “promover la consistencia regulatoria en todo el país”, facilitando el despliegue de infraestructura, y también “habilitar el uso de espacios públicos para instalar infraestructura de telecomunicaciones y garantizar que todos los aspectos técnicos para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones se tomen en cuenta debidamente cuando se diseñan y planifican las carreteras nacionales”.
En el estudio La evolución de la regulación para el despliegue, instalación y desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica, la investigadora Valeria Castro Obando del Prosic señala que nuestra regulación en telecomunicaciones cumple con buenas prácticas y estándares internacionales para el sector, como lo son el enfoque colaborativo, el uso compartido de infraestructura y la más reciente adopción del principio de silencio positivo a los trámites relacionados con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones (con la promulgación de la Ley 10216).
A pesar de esto, el país aún no ha logrado avanzar en la estandarización y simplificación de los trámites para el despliegue, el uso de mecanismos (digitales o de otra índole) que agilicen los procedimientos y la creación de incentivos para promover el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones.
Además, persisten debilidades para integrar en la reglamentación local otro tipo de infraestructuras soportantes más allá de las torres de telecomunicaciones, que son necesarias para implementar tecnologías como las redes 5G.
Por lo anterior, se debe promover incentivos que fomenten el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones e impulsar una regulación que promueva el acceso a postería, así como propiciar la estandarización de la normativa local para que haya homogeneidad en los trámites que deben realizar los operadores.
Asimismo, se deben fortalecer los vínculos con el sector local, para que haya una verdadera concientización acerca de los beneficios que pueden traer las telecomunicaciones a los territorios, por lo que es fundamental que se propicien espacios de capacitación a nivel municipal.
Ambos aspectos, recursos y normas, son conductores para que otros esfuerzos de política pública como educación y empleo tengan los efectos positivos previstos.
Pero entonces, si la regulación parece apuntar hacia la dirección correcta, ¿por qué siguen persistiendo barreras que limitan el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en nuestro país?
Una de las posibles explicaciones a esto, se relaciona con la forma como se implementa la normativa en la práctica, ya que hay actores en la cadena de trámites que todavía hoy, no parecen entender claramente el despliegue de infraestructura, ni su impacto en el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones. Debido a que uno de los principales sectores en lo que se sigue observando esta brecha es el municipal, resulta necesario que se fortalezcan los procesos de acompañamiento hacia los gobiernos locales.
Castro-Obando, V. (2022, p. 28)
Adicionalmente, si bien es cierto la canasta de exportación de Costa Rica tiene un componente importante de servicios de telecomunicaciones, informática e información, para el coordinador del Monitor OCDE, Esteban Mora Martínez, “trabajar en procesos de educación y formación vocacional (EFV) de manera sistemática, flexible y eficiente, puede contribuir a producir más personal técnico en áreas de menos riesgo de automatización, así como atender requerimientos del sector privado, mejorar la relación de mujeres en carreras y empleos STEM (ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, por sus siglas en inglés) e incidir en la homogenización de las reglas para cumplir el rol de los gobiernos locales en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones”.
Finalmente, para Mora Martínez, la OCDE al igual que el Prosic, identificaron temas que corresponden al cierre de brechas del primer nivel, es decir, de conectividad, acceso e infraestructura, no obstante, el país urge superar esa brecha con estrategias de creación de habilidades de las TIC, generar resultados de uso y beneficios agregados y, en esto último, “el Prosic cuenta con estudios que cubren no solo los retos de infraestructura, sino que tiene información sobre conocimientos y habilidades digitales, uso de TIC en hogares y gobiernos locales, así como derechos digitales y agricultura de precisión, por mencionar algunos ejemplos. Todo esto nos puede ayudar a trazar una ruta con visión de desarrollo, al participar con actores del sector público, privado y sociedad civil en la construcción de políticas públicas en ciencia y tecnología”.
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