Nicolas Boeglin Naumovic, profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho

Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

El pasado 1.° de febrero, la Asamblea Legislativa de Costa Rica optó por no mantener en la corriente legislativa el expediente correspondiente al trámite de aprobación del Acuerdo de Escazú, puesto a su conocimiento desde el mes de febrero del 2019 (véase entre muchos cables noticiosos, este cable de la agencia EFE replicado en Swissinfo y esta nota muy completa, publicada en el medio digital Delfino.cr, y cuya lectura integral se recomienda).  

Como era de esperar, fueron varios los titulares en la prensa internacional insistiendo en la inconsistencia total de Costa Rica: véase a modo de ejemplo, entre muchos, esta nota de France24 titulada "Costa Rica, promotor del Acuerdo de Escazú sobre medioambiente, lo deja morir" o bien esta otra nota de la DW (Alemania) titulada "Acuerdo de Escazú sin Costa Rica : del liderazgo al olvido".

Efectivamente, al vencerse el plazo cuatrenial, este expediente legislativo pasa a ser definitivamente archivado, a menos que el Poder Ejecutivo costarricense decida presentarlo de nuevo en la corriente legislativa: se estima que esta posibilidad no ocurrirá con las actuales autoridades que tomaron posesión en mayo del 2022.

El Acuerdo de Escazú: un breve recuento

Como se recordará, el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional adoptado bajo los auspicios de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal) en marzo del 2018, en Costa Rica, por 33 delegaciones de América Latina y del Caribe. No es un tratado cualquiera: se trata del primer (y a la fecha único) instrumento en materia ambiental para América Latina, por lo que la ausencia de Costa Rica entre sus Estados parte plantea una serie de interrogantes.

El largo proceso de negociación iniciado en el 2013 fue coliderado por Chile y Costa Rica. El texto finalmente adoptado en Costa Rica el 4 de marzo del 2018 consta de 26 artículos (el texto se encuentra disponible en este enlace): su objetivo es traducir en términos legales el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 sobre participación pública informada en materia ambiental. Su entrada en vigor, el 22 de abril del 2021, fue celebrada por diversos Estados, entidades de la sociedad civil y organizaciones internacionales, incluyendo dentro de Naciones Unidas, al mismo Secretario General (véase comunicado oficial del Secretario General):

En el mes de marzo del 2022, una importante cita en la capital costarricense auspiciada por la CEPAL con los principales bancos internacionales de cooperación para el desarrollo (Banco Mundial, BCIE, BID, BEI) y con representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reafirmó que el Acuerdo de Escazu se enmarca perfectamente con los lineamientos generales sobre transparencia y rendición de cuentas que promueven estas entidades internacionales en materia de inversión (véase comunicado oficial de prensa). Por razones que ameritan ser investigadas, y no lo han sido, este comunicado de prensa y el evento como tal no fueron referenciados en los medios de la prensa costarricense (Nota 1).

Como bien se sabe, el convenio adoptado en Escazú ha sido descrito por numerosos especialistas como un instrumento moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental, y ello desde muy diversas perspectivas y disciplinas (Nota 2). Un reciente llamado a Brasil para garantizar la supervivencia de la población Yanomami exige la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú (véase comunicado oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 8 de febrero del 2023).

En el mes de abril del 2022, la CEPAL difundió una guía de implementación (de casi 200 páginas) del Acuerdo de Escazú: se trata de un texto muy valioso y de lectura muy recomendada para organizaciones sociales, así como para decisores, entidades públicas y público en general interesado.

En el mes de noviembre del 2022, el primer foro sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales se reunió en la capital ecuatoriana (véase programa y videos de esta importante actividad).

Estas y otras actividades, totalmente ignoradas por gran parte de la prensa costarricense, denotan el fuerte impulso que la Cepal y los Estados parte le imprimieron en este 2022 al Acuerdo de Escazú, en aras de lograr su pronta implementación y correcta aplicación.

Un hecho insólito

Cabe precisar que fue sin Costa Rica que el Acuerdo de Escazú entró oficialmente en vigor el 22 de abril del 2021, con 12 Estados parte, siendo Argentina y México los Estados que permitieron alcanzar la cifra necesaria para su entrada en vigor: el estado actual de firmas y ratificaciones está disponible en este enlace oficial de Naciones Unidas. Ahí pueden observarse los 12 precitados Estados, un instrumento de ratificación adicional (Chile) depositado en junio del 2022 y otro aún pendiente (Colombia) luego de aprobarse por parte de ambas cámaras de su Poder Legislativo y de ser sancionado por el presidente colombiano en el mes de noviembre del 2022 (véase nota nuestra al respecto).

Foto de manifestaciones contra el proyecto minero de Crucitas en Costa Rica, extraida de artículo titulado "Canadian groups tell gold company to ‘stop harassing’ Costa Ricans" (Bilaterals.org., edición del 17/04/2013)

En el caso de Costa Rica, es la primera vez que se observa semejante ausencia por parte de un Estado que colidera una negociación de un instrumento internacional y que le da el nombre de uno de sus cantones al acuerdo aprobado: Costa Rica es doblemente ausente, al no haber estado entre los primeros Estados en ratificarlo y al no figurar tampoco en el grupo de Estados que le otorga vida juridica al alcanzar el mínimo de ratificaciones requeridas para su entrada en vigor (11 Estados requeridos, en el caso del Acuerdo de Escazú).

Se trata de una situación totalmente anómala e insólita, y sobre todo desconocida hasta la fecha en la práctica diplomática internacional. Tanto dentro como fuera de Costa Rica, la inconsistencia con la imagen internacional proyectada es absoluta.

En el pasado, un instrumento regional emblemático que fue también adoptado en el territorio costarricense se ajustó a lo que se espera siempre de un Estado que hospeda la ronda final de una negociación de un futuro tratado: Costa Rica fue el primer Estado en ratificar en 1970 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tambien conocida como "Pacto de San José" (véase el estado oficial de firmas y ratificaciones de dicho instrumento).

Manifestación contra el Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con la presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento - algo original - de las autoridades de  salud de legalizar el bromacil en el agua potable (no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de la piña de exprotación MD2 (o "Sweet Gold") en la región de Siquirres. En el 2011, las autoridades sanitarias rehuyeron un debate público en la misma UCR (véase nota). En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió finalmente el uso de bromacil en Costa Rica. Foto perteneciente a los archivos del autor. Se leyó en el 2009 por parte de la misma titular de Salud que: "Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad" (véase artículo del Semanario Universidad titulado "Revelación de agroquímicos en orina de menores genera disputa").

En el ámbito interno, la incongruencia de varios partidos políticos es más que evidente al recordarse que en febrero del 2020, el Acuerdo de Escazú fue aprobado en primer debate con 44 votos a favor y 0 en contra (véase tablero con detalle de los votantes del 13 de febrero del 2020): raramente se ha observado en Costa Rica tan repentino cambio de parecer de diversas agrupaciones políticas, cuyos legisladores se retiraron en mayo del 2022 de la legislatura (2018-2022) sin brindar ninguna explicación al respecto.

Las lagunas persistentes del ordenamiento juridico en materia ambiental

Resulta bastante erróneo sostener que el Acuerdo de Escazú no aporta nada nuevo al marco legal existente costarricense, tal y como he escuchado por parte de las actuales autoridades costarricenses para justificar su no aprobación.

En junio del 2012 el vehículo de José Menéndez y de Sonia Bermúdez fue incinerado. Esta pareja había denunciado el madereo así como la extracción de piedras del río Banano en Limón. Foto extraída de este artículo del Semanario Universidad del 6 de abril del 2021 sobre el Acuerdo de Escazú. Como suele ocurrir en Costa Rica, 10 años después, la impunidad campea en este caso, como en muchos otros en los que ecologistas son objeto de acciones de esta naturaleza.SU

Un notorio caso de contaminación del agua potable en la comunidad de Cipreses (Cartago) ha evidenciado la total falta de pericia de las actuales autoridades costarricenses a cargo de velar por la calidad del agua suministrada (véase la carta del colectivo EcoCipreses del 30 de junio): este caso confirma - una nueva vez - la urgente necesidad de garantizar y de consolidar una participación ciudadana informada en materia ambiental en Costa Rica. Es precisamente, uno de los propósitos del Acuerdo de Escazú.

El impacto en la salud humana de personas pertenecientes a comunidades afectadas por la expansión piñera es otra pesada y dramática deuda que arrastran desde muchos años las autoridades sanitarias y ambientales de Costa Rica: véase este muy completo reportaje del 2019 publicado en el medio digital Delfino.cr, cuya lectura se recomienda y el documental siempre de una indignante actualidad, “No nos tapen la boca: hablemos de contaminación piñera. Homenaje a Mayra Umaña, lideresa ecologista”, del programa Era Verde, Canal 15 UCR, realizado en el 2014. No está de más señalar la catástrofe ambiental provocada por una empresa minera en Abangares el15 de julio del 2022 (véase la nota del Semanario Universidad) que vino a desnudar nuevamente la falta de capacidad fiscalizadora del Estado costarricense y los altos riesgos de la minería química en países tropicales.

Entre otros ejemplos de omisiones legales en Costa Rica que se busca precisamente solucionar mediante un texto como el Acuerdo de Escazú, la indefensión de las personas que defienden el ambiente constituye una persistente realidad en Costa Rica: al respecto, una valiosa publicación titulada "Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica" documenta una realidad muy alejada de la imagen de democracia verde y pacífica promovida internacionalmente por el Estado costarricense en los últimos 30 años. Incluso, un informe presentado por el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en septiembre del 2022 recomienda expresamente a Costa Rica ratificar sin mas preludios el Acuerdo de Escazú, ante la situación de total vulnerabilidad que sufren líderes de varias comunidades indígenas costarricenses, dos de ellos habiendo sido asesinados en menos de un año entre marzo del 2019 y febrero del 2020 (véase nota nuestra al respecto).

Otro aspecto que busca regular este tratado internacional, como el acceso a la información en materia ambiental, es objeto de lagunas persistentes que precisamente, obligan a ciudadanos y a organizaciones costarricenses a recurrir sistematicamente a los tribunales de justicia para obtener información que entidades estatales les niegan o les entregan de manera parcial. El mismo recurso a la justicia nacional se puede observar en materia de participación de comunidades potencialmente afectadas por un proyecto de cierta envergadura: sobre este preciso punto, Chile recientemente estableció un mecanismo siguiendo precisamente los lineamientos del Acuerdo de Escazú (véase enlace oficial del SEA - Servicio de Evaluación Ambiental - al respecto).

La conflictividad socioambiental en aumento registrada en Costa Rica en los últimos tiempos, en gran parte causada por el mismo Estado costarricense, evidencia las carencias del actual marco normativo en materia ambiental (y los reiterados informes del Estado de la Nación así lo documentan ampliamente). Por otro lado, mediciones internacionales como el indicador EPI elaborado por dos prestigiosas universidades en Estados Unidos, confirman el acelerado descenso de Costa Rica en sus posiciones de otrora en materia de desempeño ambiental: véase por ejemplo nota del Semanario Universidad o bien esta nota de la República, ambas de junio del 2022, sobre el vertiginoso descenso sufrido entre el 2012 y el 2022, que no pareciera interesar mayormente a decisores políticos en Costa Rica.

Otro tema sobre el que tampoco se ha observado mayores esfuerzos es con respecto al alto impacto en la salud humana de los pesticididas que se usan masivamente en Costa Rica, cuyas moléculas respiran o ingieren las comunidades humanas circundantes a extensas zonas de monocultivo, objeto de una alerta por parte del PNUD en mayo del 2022 (véase nota del Semanario Universidad titulada "PNUD: Costa Rica usa hasta 8 veces más plaguicidas que los demás paises OCDE de América").