Cualquier costarricense o persona extranjera que habite en nuestro país sabe que el arroz es un alimento básico en la mesa nacional. En este país, las familias comen ese grano en el desayuno, almuerzo y cena, siendo la base (junto con los frijoles) de la gastronomía nacional. De ahí que su precio sea clave para la economía en los hogares.
El problema es que, pese a que el Gobierno había promulgado la “Ruta del Arroz” en dos decretos en agosto del año pasado, con los que pretendía reducir los impuestos de importación y abrir la competencia, así como reducir el precio del grano, esto no ocurrió.
Una teoría que explicaría esta situación es que en el precio al consumidor se sigue considerando el arancel, tal y como estaba antes. La razón: al ser Costa Rica un mercado relativamente pequeño para la venta del arroz, es fácil que los pocos proveedores que importan este producto acuerden un precio para no entrar en competencia.
Y aunque el plan de la reducción arancelaria y la apertura de la competencia en el mercado arrocero proviene de una iniciativa formulada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) - así como también su eventual aplicación en el azúcar, el café y otros servicios -, este no se aplicó como la OCDE lo había planteado en un inicio.
Esto porque, además de que los precios no han bajado, la OCDE también instó al Estado a fortalecer la industria agropecuaria nacional mediante la transferencia de conocimiento y el apoyo técnico para desarrollar mejores prácticas, con el fin de hacer más competitivo al producto nacional.
Pero este objetivo tampoco se cumplió. Si bien los decretos del Ejecutivo bajaron los aranceles del 36 % al 5 % y liberalizaron el precio, el productor nacional no tuvo la ayuda que, en teoría, le iba a brindar el Estado. Aquí hay que tomar en cuenta que, aproximadamente, el 40 % del arroz que se consume en Costa Rica es de producción local.
Además, las arcas estatales dejaron de percibir muchos ingresos por la reducción porcentual del impuesto de importación en el grano y, finalmente, la seguridad alimentaria del país también quedó en jaque debido al impacto técnico y económico que sufrió el sector arrocero local.
Ante este panorama, el Monitor OCDE (adscrito al Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, CICAP, de la Universidad de Costa Rica) prepara este año una investigación para determinar por qué el país ha incumplido con la estrategia planteada, tanto en sus políticas de consumo como con la correcta competencia en el mercado.
Así lo hizo saber el coordinador de esta instancia universitaria, Esteban Mora Martínez, quien señaló que el caso del arroz es “crítico” para establecer los criterios de sana competencia.
Según Mora, este es un buen ejemplo del control que realiza el Monitor OCDE de la aplicación de las políticas públicas sugeridas por este organismo internacional.
Además, el coordinador insistió en que, al no hacerse efectiva la baja en el precio del arroz, el análisis que se realice deberá ser crítico y minucioso, ya que de una correcta regulación de estas políticas depende la economía de millones de consumidores.
El Monitor OCDE se creó el año pasado con el fin de asesorar y producir datos que sustenten la toma de decisiones para la creación y ejecución de políticas públicas que han sido propuestas por dicho organismo internacional.
Esta instancia fue concretada por el CICAP el año pasado, pero en ella también colaboran las escuelas de Ciencias Políticas y de Administración Pública, así como la Rectoría de la UCR.
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