Del Estado social de derecho al Estado corporativo

Francisco Guevara Quiel es el decano de la Facultad de Letras y cuenta con un doctorado en Literatura Francesa, con una maestría en Letras Modernas y una licenciatura en Derecho.

Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

La Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica ha realizado una Jornada de reflexión en el mes de octubre 2023, con la participación de docentes y estudiantes, en una actitud académica, valiente y vigilante sobre los importantes retos que enfrenta este país, principalmente en relación con la Educación, las Humanidades y la Cultura, que son sus áreas de trabajo. Estas preocupaciones son particularmente desafiantes porque está en juego la permanencia y la naturaleza de esta Institución, pero también la estructura y el funcionamiento de nuestro modelo actual de Estado, lo cual incide directamente en nuestra condición humana, la calidad de vida de las personas y el lugar que ocupan como actores y agentes de la vida económica, social y cultural del país.

En los últimos meses, con una particular tenacidad, pero también en los años anteriores a la presente administración presidencial, hemos asistido a un deterioro galopante y aparentemente imparable del Estado social de Derecho en Costa Rica, que solo podrían tratar de detener o mitigar las consciencias lúcidas de sus habitantes. Parece una fórmula perfectamente orquestada y sistematizada, en provecho de la consolidación de un “Estado Corporativo”, que se instala poco a poco sin tapujos ni complejos. Todos los recursos desplegados son válidos, pero también validados por un importante sector de la población, que le hace creer al Gobierno que está legitimado para ir en contra de los preceptos constitucionales. Valga decir que pareciera que esa parte de la población es y se puede ver seriamente afectada por esta tendencia que, de acentuarse, generará un deterioro irreversible en la calidad de vida de las personas en general y un debilitamiento irreparable de la institucionalidad nacional.

Voy a referirme al Estado social de Derecho, sus componentes y sus derivas, en particular al llamado Estado Corporativo, para ofrecer finalmente algunos elementos de análisis y propuestas.

Veamos algunos puntos de partida elementales desde la fuente primigenia, del punto de partida obligatorio de reflexión sobre nuestra organización política y social, que es nuestro pacto fundamental, es decir la Constitución de la República. La Constitución es pues nuestra premisa porque de ella deriva toda nuestra estructura y organización interna.

Gracias a ella, vivimos, en principio, en un Estado de Derecho, es decir aquel que se rige por un ordenamiento jurídico que busca darle coherencia, márgenes, orden, estabilidad y respaldo a las acciones generadas en la vida pública. La Constitución, o Carta Fundamental, es de aplicación obligatoria a todos y cada uno de los habitantes de este país, sin excepción, incluido el Gobierno. Así lo establece el artículo 7. Contiene también los principios de soberanía, territorialidad, división de poderes, jurisdiccionalidad y democracia participativa, plural, representativa y alternativa, etc.

Es en la Constitución que está plasmado el Estado social de Derecho, creado para ofrecer servicios básicos e indispensables a la población, garantizar derechos y libertades esenciales y otorgar un nivel de educación y de vida mínimos que procuren el acceso a esos servicios e induzcan a la ciudadanía a mantener, ejercer y defender esos derechos y libertades, puesto que todos forman un engranaje y están íntimamente ligados entre sí.

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La Constitución señala que Costa Rica es una República democrática, libre e independiente, y, al lado de las garantías individuales, consagra un capítulo entero a las garantías sociales que dan cuenta de la estructura del Estado sobre una base social y jurídica. Reposa no solo sobre los conceptos de dignidad, trabajo y solidaridad, sino también en la noción esencial de prevalencia del interés general o del bien común, sobre el interés particular.

Así, como garantías individuales podemos enumerar:

• El artículo 25, que se refiere al derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones;

• El 27 habla de la libertad de petición y el derecho a obtener pronta resolución;

• El 28 dice que nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Es un artículo fundamental porque también se refiere a la laicidad o a la no confesionalidad en el ámbito político cuando estipula que: “No se podrá hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas”, aunque en el caso de Costa Rica, este artículo parece letra muerta habida cuenta de la composición de la Asamblea Legislativa;

• El 29 garantiza la libertad de expresión, no así de los abusos, frente a los cuales se es responsable según lo establezca la ley;

• El 33 enarbola el principio de igualdad: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”;

• El 39 refiere al debido proceso y al principio de inocencia;

• El 41 expresa el principio de justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes;

• El 42 ofrece la garantía de no ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible, y el principio de cosa juzgada;

• El 44 consagra el principio de libertad de movimiento;

• El 45 refiere a la inviolabilidad de la propiedad, mientras que el 46 prohíbe los monopolios particulares, y todo aquello que amenace la libertad de comercio, agricultura e industria;

• El 47 protege la propiedad intelectual;

• El 48 regula los recursos de Habeas Corpus y de Amparo ante la Sala Constitucional, etc.

Y luego entramos al capítulo fundamental sobre las garantías sociales, las mismas que informan del Estado costarricense como un modelo de Estado social de Derecho:

• El artículo 50 lo manifiesta en términos muy explícitos: “el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”;

• El artículo 56 se refiere al trabajo como un derecho del individuo y una obligación con la sociedad, debidamente remunerado, sin menoscabo de la dignidad ni libertad de la persona, y que no sea pura mercancía;

• El 57, habla del derecho a un salario mínimo que procure bienestar y existencia digna;

• El 58 expresamente se refiere a las jornadas de trabajo estableciendo exactamente los límites que solo pueden ser modificados por causas excepcionales. Nótese que nunca se habla de jornadas 4x3, por ejemplo, que recientemente la Sala Constitución declaró inconstitucionales como propuesta de ley impulsada por la fracción parlamentaria oficialista;

• El 71 indica que las leyes darán especial protección a las mujeres y a los menores de edad en su trabajo;

• El 72 obliga al Estado a crear un sistema de protección técnica y constante para las personas desempleadas involuntarias de manera que puedan reintegrarse a la fuerza laboral;

• El 73 señala que los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS);

• El 74 puntualiza que todos estos derechos y beneficios son irrenunciables, pero no excluye otros que deriven, cito, “del principio cristiano de justicia social; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional”. Recalco esto en negrita, subrayado y en cursiva. Grupos políticos que ostentan poder en los poderes del Estado, recientes y de larga trayectoria, han usurpado y se escudan detrás de la palabra “cristianismo” y “socialcristianismo” para colocar su agenda neoliberal e ideológicamente sesgada por su conservadurismo y radicalismo, pero totalmente ajenos a la doctrina cristiana.

Y poco después, entramos de lleno en la materia que nos atañe directamente, por ser la universidad pública más antigua e importante de nuestro país, cuando la Constitución desarrolla la materia relativa a la Educación Pública y la Cultura.

Según el artículo 77, deberíamos gozar de un sistema integral de Educación que correlacione los distintos ciclos desde preescolar hasta la educación superior, donde, dice el artículo 78, la educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación. Dice además – negro sobre blanco – que: “en la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8 %) anual del producto interno bruto”, lo que amerita enviarle un recordatorio de este artículo a la Ministra del MEP a quien la Constitución de la República no faculta para cuestionarlo, como lo ha hecho con pompa y chirimía en plaza pública. Sin embargo, este artículo se ha visto acérrimamente asediado y bombardeado por los gobiernos de turno, en particular éste y los dos anteriores en virtud de una agresiva política económica comandada por la OCDE.

• Dentro de su visión integral y Humanista, la Constitución garantiza en el artículo 79 la libertad de enseñanza, y los centros privados quedan bajo la inspección del Estado, mientras que el artículo 83 prevé la educación de los adultos para combatir el analfabetismo y ofrecer la oportunidad cultural de mejorar su condición intelectual, social y económica.

• Por supuesto tenemos los artículos 84 y 85 consagrados a la Universidad de Costa Rica en particular y a la educación superior pública en general, que son los que tanto odian y hostigan algunos sectores poderosos y en particular el actual Gobierno de la República, con especial ensañamiento.

• Luego, el artículo 87 consagra el principio fundamental de libertad de cátedra para la enseñanza universitaria, y el artículo 89 se refiere a los fines culturales de la República.

Aquí tengo que subrayar que en ningún lado se dice que un artículo es menos o más constitucional que otro. Todos tienen la misma validez e importancia, es decir son fundamentales. De hecho, constituyen el mínimo requerido para lograr el bien común y la paz social como proyecto de Estado, en una democracia justa, plural, participativa e igualitaria, como pretende ser Costa Rica.

Se entiende entonces que la labor interventora del Estado se despliega en todos estos ámbitos, a nivel económico, a nivel social y a nivel cultural y educativo, pero vistos como fines a lograr, como la hoja de ruta de las políticas gubernamentales y legislativas en la consecución de estos objetivos, y no lo contrario, es decir, toda la reflexión y acción de estas instancias deberían tener como mínimo la puesta en marcha de esta labor social y colectiva, y en el mejor de los casos, reforzarla y mejorarla, es decir llevarla hasta sus últimas consecuencias.

Resumiendo: un Estado social de Derecho, además de respetar la legalidad respeta los derechos fundamentales a la salud, la educación, el trabajo, la justicia, y delegan en los simples servidores públicos que son el presidente y los diputados la obligación de proteger y garantizar esos derechos y libertades. Esto hay que acotarlo, y recalcarlo con insistencia, porque tomar consciencia de los derechos adquiridos y de su amplitud, es absolutamente necesaria para poder identificarlos y defenderlos como corresponde. La Constitución NO puede quedarse en una pura abstracción, no pretende serlo. Y creo que esto es lo que ha facilitado a los gobiernos de turno colocar su agenda de forma tan simple y allanada.

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¿Pero qué es lo que está sucediendo actualmente?

Sucede todo lo contrario a la consecución y fortalecimiento del Estado social de Derecho.

Ustedes podrán ver en la página oficial de Casa Presidencial del Gobierno de Chaves, la siguiente consigna: “EL GOBIERNO CAMBIA HACIA UNA IMAGEN CORPORATIVA UNIFICADA”. El dogma de la OCDE toma así forma y adquiere el carácter de consigna oficial. Porque esto hay que entenderlo en el marco de la integración de Costa Rica a esta organización por la que tanto bregaron los gobiernos del Partido Acción Ciudadana, principalmente el expresidente Carlos Alvarado.

¿De qué se trata?

En la página oficial de la OCDE ustedes podrán entender toda esta dinámica de desmantelamiento de la institucionalidad costarricense. Reza: “Los últimos gobiernos de Costa Rica han progresado y se han alineado estrecha y sustancialmente en el fortalecimiento de su marco institucional y legal en concordancia con los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20, y las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas (EPE), pero también en sus regulaciones de gobernanza para las empresas que cotizan en el mercado de valores, sin embargo, carece del tamaño y la liquidez suficientes para atraer una negociación activa, por lo que debe esforzarse más en sus reformas del Estado”, es decir, Costa Rica debe esforzarse en debilitar y desmantelar el Estado social de Derecho. ¡Así de claro!

El gobierno de Chaves trata entonces de desplazar la estructura y funcionamiento del Estado costarricense a los criterios de una simple empresa mercantil, cuyos valores son totalmente extranjeros al interés colectivo y social. Nuestro país aplica como buena alumna las políticas y las prácticas de gobierno corporativo, tanto para las instituciones públicas como para las que cotizan en el mercado de valores. Ahí se entiende por qué juegan a minibanco con los fondos de pensiones de todos los costarricenses, por ejemplo; o el por qué de la propuesta de venta de un banco estatal como el Banco de Costa Rica, incluso el desmantelamiento sin tapujos de la CCSS.

La OCDE reconoce igualmente que Costa Rica ha progresado excepcionalmente en la emisión de un nuevo código de gobierno corporativo y de requisitos relacionados con la divulgación de propiedad. Para las instituciones del Estado que desempeñan un papel clave en la economía costarricense – y que la OCDE llama empresas públicas EPE –, la Presidencia ha tomado medidas importantes para establecer una unidad de coordinación que ha iniciado numerosas reformas. Estas reformas incluyen, por ejemplo, la emisión de una política de propiedad del Gobierno, nombramientos de los miembros de las juntas directivas de las instituciones que sean más estructurados (junto con la remoción de los políticos de las juntas) y la presentación de informes sobre el desempeño de las instituciones. Como si fuera poco, y para fortalecer aún más el desempeño y la rendición de cuentas de las instituciones del Estado, la OCDE recomienda tomar medidas adicionales para mejorar las prácticas de las juntas directivas, aclarar los objetivos de desempeño e implementar Normas Internacionales de Información Financiera.

Como estas reformas no van sin acarrear dolor, escándalos y descontento popular (que una ley anti-huelgas busca aplacar en el caso de Costa Rica y que impuso el Gobierno de Carlos Alvarado), las recientes reformas fiscales generaron mayor consciencia del Gobierno por fortalecer las juntas directivas de las instituciones autónomas, lo que en lenguaje EUFEMÍSTICO de la OCDE debe traducirse en colocar fichas clave capaces “de comerse la bronca” e introducir las reformas cueste lo que cueste, “incluyendo iniciativas para fortalecer su composición y sus prácticas”, es decir, destituir a los defensores del Estado social de Derecho. Esa es la tarea que, por ejemplo, le fue encomendada a la presidenta de la CCSS, Marta Esquivel, y que ha ejecutado con la mayor diligencia y tenacidad posibles.

Y a pesar de las muchas leyes correctivas y estructuras institucionales debilitadas y desmanteladas, la OCDE recomienda fuertemente que Costa Rica tome medidas adicionales para reducir los riesgos y desbloquear el potencial de un desempeño más robusto de las “Empresas” Estatales. Las prioridades incluyen implementar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), establecer y monitorear objetivos de desempeño financiero y no financiero (que es la tarea que le asignaron a la ministra de Planificación, con su refrán de metas e indicadores), desarrollar una política sobre la confidencialidad de la información que sea aplicada consistentemente, promulgar legislación pendiente relacionada con la contratación pública y una serie de medidas para fortalecer aún más la composición y el funcionamiento de las juntas directivas. Las recomendaciones adicionales incluyen la transformación de las instituciones estatales en sociedades comerciales (corporatisation) y la simplificación de las figuras legales y corporativas de las “Empresas” del Estado, así como la definición, evaluación y rendición de informes sobre los costos de alcanzar los objetivos de servicio público.

Para muchos esto es música para el oído, pero todo esto está al margen de la Constitución Política de la República de Costa Rica y del modelo de Estado que aún está consagrado aún en el texto constitucional.

Sin embargo, nada de esto es nuevo y si novedad hay, ésta reside más en la forma en que procede el Gobierno a desvirtuar y vaciar de su contenido el texto constitucional, a desplegar su arsenal de estrategias para desmantelar el Estado social de Derecho y, por supuesto, a desmerecer la labor de la educación superior pública que es una de las más directamente afectadas y atacadas con estas medidas, pero también la más lúcida – y, por ende, la más problemática para el Gobierno – sobre sus derivas y las derivas de los otros poderes de la República. La Constitución de Costa Rica se encuentra entonces exsangüe, agonizando, sin ningún cuidado paliativo, salvo cuando sus normas son verificadas y resucitadas a perfusión por una decisión de justicia internacional emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pone en jaque a nuestro propio sistema judicial y obliga incluso a torcer el brazo, en algunos temas, a la propia, muy conservadora y politizada Sala IV. Nuestra muy sabia Constitución sobrevive a estos embates gracias a este dispositivo del que ella misma se dotó para ser actualizada y revalorada en su justa medida no por sus propios ciudadanos magistrados – como debería ser – sino por los instrumentos jurídicos internacionales que garantizan su salvaguardia.

Entonces, quienes gobiernan han desplegado estrategias clave, y deben recurrir necesariamente a estos métodos para instalar su agenda, de la forma más rápida posible, cueste lo que les cueste, a través de:

1. La desmovilización de los trabajadores con limitaciones legalizadas inauditas al derecho a la huelga,

2. La designación de individuos incompetentes y arribistas en los puestos clave del Estado, sin escrúpulos y sin ningún temor a tomar decisiones totalmente a contracorriente de los preceptos constitucionales, en una actitud perfectamente temeraria, cínica y desvergonzada, carentes de toda ética y responsabilidad social,

3. En vez de gobernar y proponer planes rigurosos y serios de gobierno, el mantenimiento de una campaña política de todos los días, basada en efectos espectaculares como gestualidad histriónica, arrebatos de histeria, ridiculización e imitación de figuras públicas de Estado, conferencias de miércoles a medio día, autoadulación y apropiación de logros del pasado, que alimentan el populismo, gracias a una combinación de artilugios, como:

• complacencia y complicidad de algunos medios de comunicación,

• descrédito y persecución de la prensa crítica o adversaria, llamada “prensa canalla”,

• desinformación permanente y mentiras evidentes con reconocimiento expreso de la mentira como método de gobernanza (habrase notado que no hay temor al show mediático y, más bien, los testaferros del Gobierno – con una gran capacidad histriónica – se prestan constantemente para hacer videos en tik tok que se propagan como virus en las redes, colocando falsedades y desinformación),

• y por supuesto, la más chocante y nefasta de todas las prácticas: la explotación de granjas de trolles infiltradas en todas las redes sociales, para contaminar el debate público, generar opinión pública viciada en los sectores menos susceptibles de informarse adecuadamente, magnificar la figura presidencial, descalificar y minimizar las críticas al Gobierno, recurrir a la violencia verbal y a amenazas en total impunidad para inhibir las reacciones adversas, y sobre todo, desprestigiar a toda costa las instituciones faro del Estado social de Derecho: la CCSS, las universidades públicas, el ICE, el AyA, Recope, la Comisión Nacional de Emergencias, la banca estatal, en particular con el anuncio de la venta del BCR, etc. Así, la noción de democracia ha sido reducida a la vida en las granjas de trolles.

4. Y más allá de esto, todas las acciones tendientes a debilitar al Estado y sus instituciones, con medidas sorprendentes para un país que ha construido su prestigio y su fama internacional con el discurso de la paz, del Estado de Derecho, la democracia y la protección al medio ambiente, tales como:

• la no ratificación del acuerdo de Escazú a pesar de que muchos países vecinos sí lo suscribieron,

• la ausencia total de medidas contra la evasión y la elusión fiscal, y la consecuente voluntad de hacer más exuberante nuestro innegable paraíso fiscal,

• favoritismos comerciales para grupos económicos y comerciales como el del arroz, el transporte, y varios otros,

• la tolerancia y el fomento de la criminalidad como distractores de la opinión pública,

• la quimérica ruta de la educación sujeta al movimiento caprichoso de los astros,

• la ridiculización y descalificación de las ideas divergentes y de la libertad de expresión,

• fomento del fanatismo y la radicalización de posiciones, como exutorio de todos los rencores, frustraciones y resentimientos de sectores sociales excluidos y nunca apoyados,

• académicamente, en flagrante violación al principio de independencia plena de la Universidad Pública, decidir y dirigir la oferta académica privilegiando las llamadas STEM en detrimento del saber universal propio de una Universidad, como parte del proyecto tecnócrata para alimentar las necesidades de las empresas transnacionales,

• y por supuesto, una comunicación tupida, agresiva, dirigida, insidiosa, sesgada, manipuladora, arrogante y generadora de odio, discriminación, discordia y polarización, una vez más, con efecto espectacular.

Evidentemente, estos grupos políticos han encontrado un terreno fértil para desplegar sus recursos y hacerlos florecer a causa de la miseria, la pobreza en aumento, la violencia y una educación pública diezmada, sin recursos, sin otra prioridad que prohibir las guías de educación sexual y sin un plan de desarrollo integral que reúna y articule todos los niveles educativos, tal como lo establece la Constitución. La educación es el flanco más debilitado y donde más esfuerzos canaliza el Gobierno para desarticular el movimiento social, del mismo modo que logró desarticular todo el movimiento social del sector salud, de los más importantes del país, porque todo el proyecto corporativo del Gobierno solo puede concretarse sobre la base de una educación debilitada y:

Niveles de consciencia bajísimos,

Niveles de análisis crítico de la realidad social nacional e internacional por los suelos,

Niveles de educación cívica y habilidades blandas casi nulas,

Niveles de control social y político prácticamente inexistentes,

Niveles de ética, de abyección, apatía, desidia, complicidad, corrupción y facilismo sin precedentes,

En fin, niveles de participación ciudadana real muy bajos por desencanto de la política, como lo demuestran los altísimos niveles de abstencionismo en la elecciones locales y nacionales.

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¿Qué papel jugamos las universidades públicas en este escenario?

El mismo de siempre y particularmente en la universidad de América Latina frente a los ataques de gobiernos autoritarios y centralizadores: despertar las conciencias adormecidas, mantener la vigilancia, generar debate público, desenmascarar y poner en evidencia la demagogia gubernamental, porque la academia para nosotras y nosotros es también, o debe ser también, una lucha política.

Tres flancos me parecen necesarios desplegar en paralelo, con la misma fuerza, tenacidad y agudeza:

1. El jurídico en primera instancia: la universidad pública es la única que cuenta con un escudo protector que es la independencia plena que le otorga la Constitución, y mientras este recurso exista, tenemos el derecho, pero sobre todo el deber, de salvaguardar y defender; es nuestra obligación y no nos podemos permitir hacer ninguna concesión a ningún gobierno de turno, porque las universidades no les pertenecen, sino a la sociedad costarricense, al servicio de la cual fueron creadas y para la cual se nos encomendó preservarla; entonces, lo propio es crear la estructura argumentativa para amortiguar sus ataques, a lo interno, en sede constitucional; pero también, cuando sea necesario, a lo externo, en sede internacional, precisamente ante la CIDH. Resulta una insensatez, cuando no reprochable desidia, no hacer lo necesario para defender una institución que le da al país los más grandes réditos, que ninguna corporación nacional ni internacional, está en condiciones de dárselos;

2. La comunicación: porque si no nos hemos dado cuenta, estamos en medio de una guerra mediática, en la que el Gobierno invierte sin reparos y despliega con la mayor energía, hasta el punto de hacer del Sinart (canal 13), uno de sus cuarteles de propaganda, cuando en realidad fue creado para generar y difundir la cultura nacional. La comunicación es esencial para decirse, contarse, presentarse, explicitarse como institución y su quehacer, pero también es necesaria para corregir, ampliar, rectificar, amplificar, desmentir desinformación y colocar información veraz y verificable. La comunicación no solo debe ser reactiva y cuando se pueda, por hechos puntuales que nos golpean; debe ser también proactiva, anticipativa, prospectiva porque hay que narrar a la universidad pública, hay que decirla, debe haber un discurso, es decir, darla a conocer en el alcance real de sus actividades sustantivas en favor de la sociedad costarricense;

3. La movilización: que es el que particularmente más le incomoda al presidente. Y la movilización debe ser masiva, no solo a lo interno; debe ser consensuada con otros sectores sociales igualmente afectados por el desmantelamiento sistemático del Estado social de Derecho, en particular el sector de la salud pública. Y la Universidad de Costa Rica debe aprovechar su poder de convocatoria para favorecer el diálogo intersectorial.

Me parece que estos tres elementos son los más básicos y que la administración central de las universidades públicas deben tener más que claro.

Sin embargo, otras estrategias internas son necesarias, técnicas y académicas a la vez; por ejemplo:

4. La urgente necesidad de crear una especialidad en Derecho Público Universitario o Derecho de la Universidad Pública, de manera que vayamos elaborando el constructo sobre la base del cual deba entenderse la autonomía universitaria, que hasta la fecha, no hemos sido capaces de plasmar con abundante doctrina y jurisprudencia que le permita a las instancias judiciales comprender plenamente este concepto y aplicarlo, y principalmente a la Sala Constitucional;

5. Una buena red alumni de la UCR, porque de esta universidad han salido generaciones de generaciones que saben y conocen la importancia de la universidad en el desarrollo de su vida personal, familiar y profesional, capaz de alzar la voz por ella y defenderla;

6. Una participación activa de todos los sectores que integran la Universidad, docentes, estudiantes y administrativos, con un especial reconocimiento a la labor del movimiento estudiantil, al que le debemos las victorias alcanzadas en las últimas negociaciones del Fondo para la Educación Superior. Todos somos parte del engranaje y solo unidos podríamos sacar la tarea adelante;

7. Y, por supuesto, la Universidad tiene que salir del claustro y el confort de las aulas y las oficinas para abordar las realidades nacionales, principalmente en materia de investigación y de acción social.

Sin embargo, tengo la plena convicción de que habrá muchas otras estrategias que pueden ser elaboradas y puestas en marcha en una dinámica de conjunto.

Temo que no haya evocado nada nuevo en esta reflexión, porque los ataques a la institucionalidad nacional no datan de la entrada en vigencia de este Gobierno, sino que tienen raíces profundas y subrepticias que, poco a poco, han gangrenado nuestro sistema social de Derecho, pero sí era necesario actualizarla. Resulta fundamental acotar todo lo dicho, porque este recordatorio busca situarnos frente al problema, y como buenos humanistas que deberíamos ser, crear las soluciones más adaptadas.

Cierro diciendo que la configuración que tomen las cosas a partir de ahora mucho depende del posicionamiento y las acciones que asuma la Universidad, que somos ustedes y yo. Tenemos una gran responsabilidad frente a la sociedad costarricense y es nuestro deber asumirla plenamente, docentes, estudiantes y personal administrativo.