Universidad de Costa Rica
José Figueres Ferrer, expresidente y caudillo de la Guerra Civil de 1948, acompañado por varios de sus combatientes. Imagen cortesía de la colección de fotografías del Archivo Nacional.
Era 1948 y la población del país era de 825 378 habitantes. Entre marzo y abril de ese año, la Guerra Civil ocasionó entre la muerte de entre 2500 y 3500 costarricenses (no hay cifras exactas, pero son las más mencionadas por las personas historiadoras). Ese conflicto interno, el más reciente en la historia del país, generó una tasa de 363,5 asesinatos por cada 100 mil habitantes, un dato que – esperemos – no se repita nunca más.
Tres cuartos de siglo después, somos 5 044 197 habitantes (según el último censo nacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC) y diferentes especialistas calculan que superaremos los 900 asesinatos anuales al finalizar el año, producto de diferentes factores. Esto significa que Costa Rica alcanzará la nada honrosa cifra de casi 18 crímenes dolosos contra la vida por cada 100 mil habitantes.
La comparación entre el 2023 con 1948 (año en que el gobierno Figueres Ferrer decidió eliminar el ejército) parece estadísticamente lejana. Pero el dato no es menor: en Costa Rica no se registraban tantas pérdidas de vidas humanas por asesinatos desde ese enfrentamiento bélico entre la ciudadanía. Y, aún hay más: la proyección de nuestra tasa de homicidios de este año será muy similar a la del resto de América Central. De hecho, si se mantiene la tendencia de los últimos años en los otros países, incluso podría alcanzar la segunda posición, solo por debajo de Honduras.
Junto con tantas vidas lamentablemente acribilladas y un clima de violencia que azota a la sociedad ¿habremos también visto morir el imaginario de paz que acompaña a Costa Rica desde la colonia y que el 1° de diciembre de 1948 se consolidó con la eliminación del ejército como institución oficial?
Para responder esta pregunta, el historiador David Díaz Arias, profesor catedrático de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica (UCR); y Carlos Sandoval García, comunicador, y director del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central (Pdcsac) de la UCR, brindaron su análisis y coincidieron en que Costa Rica está viviendo un momento crítico de violencia que podría cambiar la percepción nacional de ser un “país pacífico”.
En particular, Díaz advierte que la tendencia que lleva Costa Rica en desigualdad, narcotráfico, violencia y demás factores podrían dar al traste con ese ideal de paz que se ha enraizado en la cultura nacional y por la cual Costa Rica ha incluso estacado en el ámbito internacional.
Si nos devolvemos para atrás en el tiempo, veremos que la historia nacional ha registrado momentos aislados de fuerte violencia. Así ha sido desde la colonia y así fue durante todo el siglo XIX y buena parte del XX. Exceptuando las efímeras guerras civiles tras la independencia, la Campaña de 1856 – 1857, la dictadura de los hermanos Tinoco (y su derrocamiento) y la Guerra Civil de 1948, el país ha podido construir su presente sin (y gracias a) la presencia determinante de las armas.
Pero ahora, el historiador consultado afirmó que esa imagen de “remanso de paz” que se ha construido de Costa Rica se rompe con los crímenes contra la vida generados no solo por el narcotráfico, sino también por medio de otros tipos de violencia, como la vinculada con la agresividad en las familias, en las carreteras y en otros espacios sociales que no están necesariamente vinculados con el crimen organizado.
¿Cómo llegamos a esto? La degeneración, según Díaz, comenzó en la década de los 80, cuando se generó la crisis económica. A este factor le siguió la erosión de las instituciones políticas tradicionales y de la democracia en general. Además, recientemente, figuras políticas han preferido priorizar los discursos más enfocados a ejercer la dureza desde el poder que a proteger los derechos humanos, sin que se haya puesto freno a la desigualdad del país (una de las mayores de América Latina).
Estos factores impulsaron la pobreza en Costa Rica y provocaron que algunas personas en condiciones sociales más desfavorables buscaran otras vías para generar riqueza y “salir” de la exclusión, aunque esto significara entrar en contacto con negocios fuera de la ley y que se pusiera en riesgo su propia vida y la de sus seres queridos.
Para Díaz, la pandemia y la pospandemia han sido un periodo muy nocivo para Costa Rica, ya que abrió una brecha aún más grande entre la educación pública y privada, lo que genera una mayor inequidad social entre la población, con más posibilidades de permanencia y éxito académico en el segundo grupo que en el primero.
Aunque la inequidad socioeconómica es el factor más importante para explicar el “jaque” del crimen organizado a la paz de un país sin ejército, no es el único. De acuerdo con Carlos Sandoval García, un claro ejemplo de esto es la situación que viven las provincias costeras: las tres comparten el problema de la pobreza y la desigualdad, pero en Guanacaste la cantidad de asesinatos es mucho menor en comparación con Limón o Puntarenas.
Para Sandoval, hay una explicación más directa e inmediata: la generación de un mercado interno de drogas (el país pasó de ser puente del narco a consumidor) y armas (que proliferan en el mercado negro, sin registro) que alcanzó su punto crítico en este 2023. Esto provocó que se registrara un aumento de casi un tercio en la cantidad de crímenes contra la vida en el territorio nacional, con respecto al año pasado.
De hecho, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), seis de cada 10 asesinatos tienen por motivo el control de territorios para la venta de drogas y armas. Además, el director del Pdcsac señala otro factor que no es menor: el problema no es solo nacional, sino que trasciende las fronteras. Pero, por otro lado, el contexto señala que las personas extranjeras ya no son señaladas como las perpetradoras de esta ola de violencia, sino que sus protagonistas son costarricenses.
Lo anterior, asegura Sandoval, aunado a la falta de políticas internas efectivas desde el Gobierno, le ha allanado el camino al narcotráfico y a las bandas criminales para operar y crear esta guerra a punta de bala por el control de pequeños espacios en todo el territorio nacional.
En cuanto a las armas, Sandoval compara este aumento excesivo con la creación de un pequeño ejército, pues muchas de estas son propias cuerpos militares. Con esto, se pone en tela de duda si realmente Costa Rica está libre de tener una “armada criminal” y, más grave aún, que está fuera de todo control.
En conclusión ¿podemos volver a aspirara a ser un país de paz? Sí, pero esto no se va a dar sin esfuerzo, ni de la noche a la mañana. Es necesario que las autoridades refuercen la inversión social para crear políticas públicas que reduzcan la pobreza y disminuyan la desigualdad que el país arrastra desde hace varias décadas, además de impulsar aspectos como la reducción de la deserción del sistema educativo y la creación de fuentes de empleo dignas.
Además, es urgente intensificar las conversaciones con gobiernos de naciones vecinas para estudiar e impulsar estrategias en común que permitan reducir la presencia de drogas y armas en la región centroamericana. Pero, según los expertos consultados, estos temas no parecen estar calando en las agendas de trabajo de la Presidencia de la República ni de otras autoridades a las que les compete este problema.
