Un nuevo  juvenicidio está ocurriendo en la región centroamericana

Fotografía: archivo OCI

En ocasión de la realización del VI Simposio “La hora de la política: juventudes, transiciones y transformaciones actuales en América Latina” celebrado entre el 18 y 22 de septiembre de 2023 en San José Costa Rica, académicas y académicos de Latinoamérica, hacemos pública nuestra preocupación y alarma ante
las graves vulneraciones a los derechos humanos de las juventudes, que se están cometiendo en algunos países centroamericanos.

En El Salvador durante los últimos 18 meses el Estado ha implementado como política de seguridad, un régimen de excepción que ha suspendido derechos fundamentales e impulsado una estrategia de capturas arbitrarias masivas, principalmente de jóvenes pobres bajo figuras penales difusas y ambiguas.

En el marco de la denominada guerra contra las pandillas, miles han sido detenidos y encarcelados por su condición juvenil, por vivir en una zona pobre y estigmatizada, por parecer sospechosos, o simplemente, por ser parte de una cuota diaria de detenciones impuestas a policías y militares. Organizaciones de derechos humanos han documentado que al interior de las cárceles están ocurriendo de forma sistemática torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia, prácticas que están convirtiendo a las prisiones en auténticos centros de exterminio juvenil. A la vez, la criminalización de este sector de la población y la retórica deshumanizante que enarbola el gobierno de Nayib Bukele, está sometiendo a la población juvenil a condiciones de mayor precarización, exclusión social, migración forzada y al borramiento físico y simbólico de su cultura e identidades.

En Honduras, una réplica en menor escala del régimen de excepción salvadoreño fue adoptada por el actual gobierno desde diciembre de 2022. Detenciones arbitrarias masivas están siendo ejecutadas en más de la mitad del territorio hondureño, cuyos habitantes están enfrentando la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad de la morada, la libertad de circulación y de asociación. Estas medidas que involucran una respuesta militarizada a la inseguridad, están abriendo la puerta a graves vulneraciones a los derechos humanos de las juventudes que viven en comunidades pobres y estigmatizadas, como ocurrió en el pasado reciente.

En Nicaragua en el contexto de la profundización de la dictadura de Daniel Ortega, se ha articulado una estrategia de violenta persecución en contra de jóvenes organizados que ha derivado desde 2018 en asesinatos, detenciones arbitrarias,desapariciones forzadas, torturas, persecución y exilio. A la vez, se ha comprometido el futuro profesional de miles de jóvenes universitarios nicaragüenses, tras la intervención, cierre y cancelación legal de más de 28 universidades privadas por parte del gobierno, en represalia por sus posturas 
críticas.

Ante este panorama regional, es imperativo alertar a la comunidad internacional sobre el nuevo juvenicidio que está teniendo lugar en la región centroamericana, en el marco de los populismos autoritarios que están proliferando en la región, y exigir a los gobiernos centroamericanos el respeto a los derechos humanos de las juventudes y la suspensión de toda forma de violencia institucional que ahora se ensaña contra este importante sector de la población. Poner la labor académica al servicio de los derechos humanos es en la actualidad un imperativo ético y moral.

(Este comunicado fue conocido también por el grupo JUVENICIDIO(S): violencias y resistencias sociales, algunas/os integrantes decidieron adherir el pronunciamiento. Sus firmas constan como parte de este documento).