Las municipalidades son actores claves en la recuperación económica, ya que son las encargadas de gestionar los planes de desarrollo locales en cada cantón. Por medio de una encuesta realizada a los gobiernos locales de los 23 cantones costeros por la Escuela de Administración Pública en el marco del proyecto multinacional “Hacia una recuperación verde e inclusiva de la economía azul y comunidades costeras postpandemia” se constató que éstos aún no alcanzan la recuperación.

Tras la pandemia, el sector turístico ha logrado recuperarse positivamente, sin embargo, todavía hay sectores, empresas, destinos y productos que siguen luchando contra las condiciones del entorno para alcanzar una recuperación plena, señala el primer informe de Situación del turismo en Costa Rica 2023, del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

La falta de financiamiento para iniciativas de economía verde y azul y la ausencia de gestión del riesgo en las municipalidades son los principales obstáculos que enfrentan los cantones costeros para una recuperación económica con enfoque verde, según afirma la Licda. Catalina Esquivel Rodríguez, investigadora de la Escuela de Administración Pública.  

Las municipalidades en estos cantones deben generar capacidades, no solo para dar respuesta ante emergencias sino para lograr una gestión integral del riesgo de desastres, identificando las múltiples amenazas y vulnerabilidades de cada territorio, ya sean naturales, sociales, económicas, de infraestructura u otras, para planificar el desarrollo territorial en armonía con la naturaleza.  

No obstante, a junio de 2022, de las 82 municipalidades y los 9 concejos municipales de distrito, únicamente 19 contaban con oficina de gestión del riesgo o estaba en proceso de creación, según el Informe Estado de la Nación 2022. 

Los municipios también muestran dificultades para dar mantenimiento a la red vial cantonal, que representa más del 83% de todas las vías del país; sin duda, un factor importante para la reactivación económica y la movilización de los turistas en territorio nacional.  

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Para todas las actividades productivas, pero particularmente para las relacionadas con el turismo, es fundamental tomar medidas efectivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, promover la adaptación al cambio climático y proteger los ecosistemas, señala el Informe del ICT. 

Con ello coincide el director del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), el Dr. Álvaro Morales Ramírez, para quien el cambio climático es un factor que debe ser tomado en cuenta para la planificación de cualquier actividad de reactivación económica en zonas costeras, donde los efectos ya son inminentes. 

El Dr. Morales subraya que para lograr una reactivación económica bajo un modelo de manejo integrado en las zonas costeras es necesario estudiar sus condiciones. Por ejemplo, el CIMAR realiza un proyecto en el Golfo de Nicoya para evaluar el impacto del cambio climático sobre factores fisicoquímicos, que permitirá tener una idea de cuál es la mejor manera de reactivar la economía. 

Sin embargo, Morales reconoce que como país aún no hemos hecho lo necesario para brindar soluciones de reactivación económica en las costas, tomando en cuenta los factores de cambio climático, contaminación y fuentes de financiamiento. 

En esta región la presencia de áreas protegidas, tanto en tierra como en el mar, resulta en una ventaja para el desarrollo de actividades de turismo sostenible y, a su vez, es un desafío para la institucionalidad y las comunidades, pues los recursos económicos para su protección son escasos. 

Por ejemplo, en la Península de Osa las comunidades han luchado por más de 15 años para generar una nueva alternativa de turismo en el Parque Nacional Corcovado. Con la colaboración de la UCR a través del proyecto de acción social “Gestión local comunitaria en la reactivación económica, por medio de la promoción del turismo de naturaleza, en el sector Los Patos, Península de Osa” (ED-3629) se realizaron los estudios técnicos y al fin lograron sacar los permisos ante el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 

El proyecto permitirá la apertura de nuevas rutas de senderos al Parque Nacional Corcovado que promete beneficiar a unas 4.000 personas que habitan las comunidades de La Palma, Guadalupe, La Tarde, el territorio indígena Alto Laguna Guaymí y otras de Puerto Jiménez, al dinamizar el turismo y la demanda de servicios de hospedaje, alimentación y transporte, entre otros.

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El cambio climático, la contaminación de los ecosistemas y la falta de planificación también impiden garantizar la disponibilidad de agua para consumo humano, un recurso fundamental en la recuperación económica y social que es vital para el sector turístico.

De acuerdo con datos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) del 2021, las regiones Chorotega y la Brunca registran las situaciones más críticas en cuanto a disponibilidad hídrica. En ambas, el porcentaje de acueductos que no pueden atender una mayor demanda es superior al 25%, según advierte el Informe Estado de la Nación 2022.  

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que esta condición podría agravarse a finales del 2023 e inicios de 2024 por el efecto del fenómeno El Niño que hace prever condiciones deficitarias de lluvia de alrededor de -15 %. A la escasez de líquido se suma la contaminación de los cuerpos de agua dada la ausencia de sistemas de tratamiento de aguas residuales y la mala disposición de los plásticos y otras sustancias contaminantes  que finalmente van a dar al mar.