Universidad de Costa Rica
Doña Madeleyne Rivas Loría y don Douglas Gavinet Zambrana son una de las muchas familias en condición de pobreza en La Cruz de Guanacaste. El emprendimiento ha sido su puerta de salida para intentar escapar de la miseria.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.Doña Madeleyne Rivas Loría es una siquirreña de 44 años que, desde hace casi siete, vive con su esposo, don Douglas Gavinet Zambrana, en una casa que alquila en Juntas de Caoba. Esta es una comunidad rural situada muy cerca del límite con Nicaragua, se ubica en el distrito de Santa Cecilia, a 47 kilómetros (o una hora en vehículo) de la ciudad de La Cruz, en Guanacaste.
Su vivienda es como muchas otras de ese cantón: con paredes de láminas de cemento liviano sin pintar, piso rojo “chorreado” y un corredor de tierra (bien limpio y cuidado), delimitada por una cerquita de madera y un patio amplio donde guardan un caballito negro, de tamaño medio y muy manso, que es fundamental para la economía familiar (más adelante, diremos por qué).
Esta casita de 42 metros cuadrados, que tiene una pequeña sala, cocina, baño y dos cuartitos, está situada sobre una loma rodeada de campo y naturaleza, donde hay una vista privilegiada al lago de Nicaragua y sus volcanes. Justamente, por los caminos de su comunidad, es común ver ir y venir migrantes de ese país o incluso de costarricenses, que no necesitan papeles ni filas para entrar a cualquiera de los dos territorios. Ahí la frontera es solo una línea imaginaria que nadie ve.
Su situación de pobreza empezó a mejorar un poco en el 2019. Un familiar les habló del fideicomiso de FideIMAS, una iniciativa del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) que da un préstamo y capacitaciones para lanzar emprendimientos a familias de escasos recursos. Este proyecto es acompañado, entre otras entidades, por la Escuela de Administración de Negocios (EAN) de la Universidad de Costa Rica (UCR) mediante dos trabajos comunales universitarios (TCU), en los que un grupo de estudiantes de diferentes carreras brindan asesoría a estas personas para poder aprovechar este impulso económico lo mejor posible y que su negocio pueda surgir y sostenerse a sí mismo.
Gracias a FideIMAS, esta familia pudo comprar siete vacas y consiguió un terreno prestado (que queda como a unos dos kilómetros de calles empinadas de su casa) para empezar a producir leche y cuajada, la cual pueden transportar hasta su vivienda con la ayuda del caballito manso que mencionábamos al inicio. Esta microempresa es fundamental para poder sobrevivir con dignidad, a pesar de su pobreza… pero es mejor que usted conozca la historia completa observando este corto video:
El caso de doña Madeleyne es simbólico porque ella y su esposo son parte de los muchos hogares de La Cruz donde el ingreso de dinero durante el 2020 era de apenas 150 mil colones en promedio. Es decir, el menor de todos los cantones del país.
Aunque ese cantón guanacasteco no siempre ha caído en esa lamentable posición, sí ha estado entre los primeros cuatro lugares de menos recursos por familia desde el 2010, año en que el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) empezó a contabilizar este y otros datos de cada cantón del país, el cual es apoyado con conocimiento desde la Escuela de Estadística de la UCR y el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinerube), del IMAS.
El Atlas considera datos como la esperanza de vida al nacer, la escolaridad de la población y el dinero que entra cada mes a los hogares para establecer el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los 82 cantones que existían en el país en el 2020.
| Posición | Cantón | Ingreso (colones) |
|---|---|---|
| 1 | La Cruz | 150528 |
| 2 | San Mateo | 164544 |
| 3 | Matina | 166655 |
| 4 | Hojancha | 175531 |
| 5 | Buenos Aires | 178861 |
| 6 | Los Chiles | 190043 |
| 7 | Nandayure | 201765 |
| 8 | Guácimo | 207824 |
| 9 | Turrubares | 209459 |
| 10 | Talamanca | 211063 |
Fuente: Atlas de desarrollo humano cantonal - PNUD.
La Cruz es un ejemplo claro de cómo la pandemia del Covid-19 golpeó el turismo y, por lo tanto, los recursos que produce de esta actividad para quienes dependen de ella: la última vez que este cantón ocupó el primer lugar en la categoría de menos recursos por familia fue en el 2014. Es decir, el fenómeno se reprodujo tras una década, en buena parte, debido al efecto del cierre de fronteras que aplicó el país durante casi todo el 2020.
Esta situación no fue exclusiva de La Cruz. De hecho, según el Atlas, mientras que en 2019 solo La Cruz y Nandayure se ubicaron con un IDH medio, el más bajo de esta medición en Guanacaste, un año después se les sumaron seis cantones en esa provincia. Incluso, mientras que para el 2019 Liberia y Tilarán estaban en el promedio del IDH del país o por encima de este, respectivamente, el año siguiente se ubicaron por debajo del mismo.
El fenómeno descrito anteriormente no fue único de Guanacaste. De hecho, si se ve la gráfica del mapa en el Atlas, se observa que lo mismo pasó en las otras provincias costeras. Esto recuerda que Costa Rica es un país con dos (o más) realidades socioeconómicas muy diferentes.
Las regiones costeras o fronterizas presentan serias desventajas en comparación con la Gran Área Metropolitana. Y no es que esta última sea una zona súper desarrollada ni libre de pobreza o desigualdad (ni mucho menos), pero sí cuenta con muchas y mejores facilidades y servicios que los territorios en la periferia del país.
Solo para tener una idea de cuán dispar es Costa Rica y de las diferencias de ingresos entre cantones, en el 2020 una familia de La Cruz recibía, en promedio, casi ¢ 500 mil colones menos que otra de Escazú, el cantón que encabezaba esta categoría.
Como lo señala la especialista en estadística del PNUD, Paola Omodeo Cubero, incluso dentro de un mismo cantón hay distritos con mejores índices de desarrollo humano que otros; o bien, en un mismo distrito suele haber barrios con poblaciones más pobres y otros con habitantes más acomodados económicamente.
Imagen con fines ilustrativos. Foto de Jana Schneider / Pixabay.
Conozca si su cantón incentiva la creación de pequeñas empresas o es todo lo contrario
Si doña Madeleyne y don Douglas no se hubieran atrevido a emprender, posiblemente hubiera sido imposible para ellos contar con una calidad de vida medianamente digna en este momento y su situación sería muy diferente y posiblemente mucho más incómoda.
Su situación es la de muchas familias que sufren de la falta de un empleo formal que permita llevar recursos con seguridad y regularidad al hogar. Es ahí donde es fundamental la inversión social y el impulso del Estado en general (y de las municipalidades, en particular) para promover y sostener la aparición de pequeñas empresas, sobre todo tras la crisis sanitaria del 2020 - 2022.
Pero no se trata solamente de llevar ingresos a hogares empobrecidos por medio de la generación de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). También es fundamental crear nuevos recursos para las municipalidades a través de patentes, así como al sistema de seguridad social del país.
De ahí lo importante de saber cuáles cantones facilitan más el proceso de creación de emprendimientos. Con base en esta preocupación es que el Observatorio de Mipymes (Omipyme) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD) de la UCR crearon el proyecto Territorio Vivo.
Este instrumento, que estará completamente disponible en formato de atlas para los gobiernos locales y el público en general el próximo año, analiza la ubicación geográfica y el desarrollo de actividades económicas en los cantones a través de diversas variables, de modo que los gobiernos locales sepan cuáles oportunidades de negocios son más factibles de crear y fomentar.
Su coordinador e investigador, Agustín Gómez Meléndez, comentó Territorio Vivo es una herramienta fundamental para que tanto municipalidades como potenciales emprendedores encuentren nichos en el mercado que permitan a las mipymes tener más éxito al crearse y posicionarse como generadoras de recursos que permitan sostenerse a miles de familias.
Este mismo proyecto realizó una encuesta entre 71 gobiernos locales sobre la agilidad de los trámites municipales para obtener un permiso de patente de negocios. El estudio arrojó que solo el 21 % de estos municipios afirmaron tener un sistema de ventanilla única o de simplificación de trámites para obtener este requisito.
Es decir, 56 municipalidades de las que participaron en la encuesta todavía muestran rezagos para crear un sistema más ágil de revisión y otorgamiento de patentes. Eso sí, de ese número, 24 aseguraron que ya estaban en proceso de abrir un procedimiento similar (el 42 %).
Territorios Vivos también evidenció el desorden y la poca estandarización de los procesos en las municipalidades para otorgar patentes a quienes lo necesitan. Mientras que en algunas basta con enviar un correo electrónico o una carta al alcalde de turno, en otras es necesario aportar carpetas repletas de documentos que justifiquen la entrega de este requisito.
En otras palabras, si usted necesita o le interesa abrir un negocio, puede que el gobierno de su cantón no sea muy colaborador, pero tal vez a unos cuantos kilómetros, la Municipalidad de al lado le facilite las cosas. Entonces, en algunos casos se genera una competencia por atracción de emprendimientos, ya que evidentemente muchas personas preferirán poner su pequeño negocio en el cantón vecino en lugar de hacerlo en el propio.
¿En qué repercute esto para el cantón donde se vive? En muchas cosas. Empezando porque se pierde una mipyme que pagaría impuestos, generando además menos producto interno bruto local para el cantón y, por lo tanto, competitividad. Pero además se crean menos empleos, la economía del cantón se estanca y se propician menos encadenamientos productivos que podrían beneficiar a otras empresas o emprendimientos. Así lo señaló el propio Gómez:
Otro tema es la falta de apoyo desde el Estado como un todo o las municipalidades como células de gobierno para personas que necesiten emprender. Si no hay recursos para lanzar esas mipymes (conocido como “capital semilla”) y tampoco la capacitación adecuada, es muy difícil que un negocio de este tipo se consolide.
Como se ha mencionado, es muy normal que muchos pequeños emprendimientos sean intentos de personas en condición de pobreza (o cercana a ella) para salir de una situación económica que las ahoga.
Hay que destacar que las características de este tipo de individuos emprendedores son muy diferentes a las del empresariado con cierto recorrido, porque su negocio se crea para asegurar su subsistencia. De hecho, el CIOdD cuenta con estudios que señalan que los primeros tres años de este tipo de mipymes son los más críticos, ya que no tienen un capital fuerte para empezar y muchas veces utilizan recursos de tarjetas de crédito para apalancar deudas con entidades financieras, estrategia excesivamente riesgosa.
Como si fuera poco, la falta de experiencia o de una cultura de emprendedurismo termina de zancadillear sus expectativas de éxito. Y todo esto sin contar la carga fiscal que conlleva desarrollar esta actividad.
Cuando una persona en condición de pobreza cae en cuenta de todos estos riesgos, muchas veces prefiere eliminar la idea de comenzar un negocio, ya sea porque teme “salir perdiendo” recursos o porque la ganancia al final va a ser ínfima para todo el desgaste que hay que pasar. Esto, según Gómez, muchas veces lanza a esta población a la informalidad, lo cual tampoco le asegura a la persona que haya una ganancia, pero al menos evita el tener que pagar patentes, permisos y otros impuestos.
Mujeres, personas de la región Chorotega, residentes en áreas urbanas y con niveles educativos nulos o con primaria incompleta fueron las que más perdieron su trabajo tras la pandemia.
Hace casi dos años, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR creó el proyecto Nowcasting de Pobreza, un instrumento que permite hacer una estimación sobre este indicador de manera mensual, con un rezago de apenas tres meses (es decir, ya en octubre se conoce el porcentaje de pobreza que hubo en julio).
Esto se logra con los datos y las variaciones en el empleo y en el ingreso por el trabajo que recopila la Encuesta Continua de Empleo (ECE) y que son equiparados con la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), ambas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Se trata de un gran avance, si se toma en cuenta que antes de la aparición de esta herramienta, el país debía esperar a cada mes de octubre para que el INEC publicara los índices de pobreza en el país, con un rezago de casi un año. En cambio, ahora los investigadores del IICE pueden ver las variantes mensuales de los ingresos de los hogares en el país para determinar cuáles quedan por encima o por debajo del umbral de la pobreza en el país.
Además, es gracias a la ECE y al Nowcasting de Pobreza que se puede establecer el perfil de las personas que resultaron económicamente más afectadas por la pandemia, así como aquellas a las que les ha resultado más fácil y más difícil recuperar un trabajo después de la crisis sanitaria, que también lo fue económica.
De acuerdo con este instrumento estadístico, quienes más perdieron su trabajo entre 2019 y 2020 (efecto pandemia) fueron los individuos que viven en la región Chorotega (cayó casi 30 puntos porcentuales o p. p.), residentes en áreas urbanas (descenso de casi 20 p. p.) mujeres (-27,1 p .p.), con niveles educativos nulos o de primaria incompleta (uno de cada tres individuos), gente joven con edades menores a los 24 años (-29,2 p. p.), inmigrantes nicaragüenses (casi uno de cada cuatro), y personal que trabajaba más de 48 horas a la semana.
Con respecto a los datos más recientes, podemos saber que la población que ha podido recuperar el trabajo que tenía antes de la pandemia de la mejor manera son hombres (el 99,3 % ocupa un puesto laboral en comparación con el 2019), con edades entre los 34 y los 44 años (hay incluso una mejora de 10,2 p. p. con respecto a la prepandemia), la del Pacífico Central (+12,7 p. p.), personas con secundaria completa pero universidad incompleta (+12 p. p.), que reciben un salario formal (+0,9 p. p.), que se desempeñan en labores de calificación media (la totalidad volvió a tener trabajo) y con empleos ocasionales (+7,1 p. p.).
En cambio, el perfil de la gente que aún no recupera su trabajo tras tres años de haber iniciado la pandemia son mujeres (todavía hay un 6,2 % sin ocupación), de entre 45 y 59 años (una de cada 10 personas sigue sin empleo), pobladores de la región Huétar Norte (el 10 % aún no encuentra un puesto laboral), con secundaria incompleta o menos (11,7 %), sobre todo de nacionalidad nicaragüense (10 % aún no se coloca), que laboran menos de 15 horas por semana y con ocupaciones no calificadas (40 % y el 9,5 %, respectivamente, sigue en este estado).
En este mismo sentido, el investigador del IICE, Luis Oviedo Carballo, resumió así las poblaciones que están más vulnerables frente a la pobreza: mujeres, menores de edad, personas mayores de 65 años y de áreas rurales.
Todos estos resultados tan actualizados son muy valiosos para poder crear políticas públicas adecuadas para atender la pobreza de forma rápida y efectiva. El gran problema: el Gobierno no toma en cuenta esta herramienta para diseñar su estrategia de combate a la miseria, pese a la riqueza de datos sociodemográficos que aporta.
Para Oviedo, el Nowcasting de Pobreza debería ayudar al Estado a canalizar recursos económicos hacia poblaciones vulnerables y más necesitadas de una mejor manera de la que se hace actualmente.
El investigador del IICE también recordó que es importante enfocar el caso de las mujeres con especial atención dentro de la problemática de los sectores más afectados por la crisis económica y la pandemia, ya que ellas son muchas veces jefas solitarias de hogar y esto hace que no cuenten con otra persona económicamente activa en su familia que ayude con el cuido de los hijos y de los gastos propios de la casa.
A lo anterior hay que agregar que las mujeres siguen sufriendo en muchos casos discriminación salarial o dificultad para acceder a puestos de trabajo que suelen ser acaparados por los hombres.
Los acompañamientos individualizados, las capacitaciones y los talleres impartidos por la EAN en diversas partes del país donde se encuentra FideIMAS, como esta imagen en La Cruz de Guanacaste, elevan las posibilidades de supervivencia de los emprendimientos en poblaciones con condición de pobreza. Foto cortesía de la Escuela de Administración de Negocios.
Unas 300 Mipymes en los sectores con mayores dificultades económicas han recibido asesorías individualizadas por parte de docentes y estudiantes de diversas carreras desde el 2020.
Dos docentes y un grupo de entre 10 y 15 estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) se dedican constantemente a llevar capacitación y conocimiento a los emprendimientos que se desarrollan en las zonas más empobrecidas del país como, por ejemplo, La Cruz de Guanacaste, el cantón del país que reportó menos ingresos por familia tras la pandemia, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Este grupo es liderado por la docente de la Escuela de Administración de Negocios (EAN), Petra Petry, quien se encarga de coordinar dos Trabajos Comunales Universitarios (TCU): Fomento del Emprendimiento y Desarrollo Empresarial y Mejoramiento de la gestión de las organizaciones comunales costarricenses, los cuales dan asistencia al programa de FideIMAS, del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). En este proyecto participan jóvenes provenientes de diversas escuelas y carreras como Dirección de Empresas, Contaduría, Tecnología de Alimentos, Comunicación Colectiva, Diseño Gráfico y Agronomía.
Ante tanta necesidad y carencias de recursos de las personas en condición de pobreza que se animan a empezar este tipo de emprendimientos en todo el país, la acción de este TCU puede parecer una gota en medio del mar. Pero, lo cierto del caso, es que sin la asesoría que brinda la EAN y el estudiantado, así como la colaboración de otras instituciones que brindan su aporte a este proyecto, posiblemente muchas de estas iniciativas ya habrían quedado en un intento fallido y las personas que hicieron la inversión para mejorar su calidad de vida, lo habrían perdido todo…
Además de diferentes cantones de Guanacaste, estos TCU también se desplazan al Pacífico Central y al Pacífico Sur para brindar este acompañamiento personalizado – que suele durar entre seis y ocho meses – a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) donde están vinculadas personas de escasos recursos, muchas (o la mayoría) mujeres y jefas de hogar.
Una de ellas es doña Reyna Mercedes Tercero Bonilla, quien es agricultora de granos y tubérculos y representante legal de una cooperativa conformada por 64 personas productoras (la mitad de ellas, también mujeres) de su comunidad, Santa Cecilia de La Cruz de Guanacaste.
Ella ha tenido que hacer frente a una discapacidad de su esposo en su mano derecha y a una enfermedad crónica de su hijo que le ha imposibilitado trabajar con su familia. Pero esta no es la única dificultad que ha tenido que atravesar en los últimos años: la pandemia, la falta de trabajo y los pocos recursos para sostener su humilde vivienda y para pagar los servicios básicos son parte de su problemática socioeconómica.
Pese a todo lo anterior, doña Reyna no se rinde. Y ese espíritu de resiliencia fue lo que la llevó a contactar con FideIMAS, para poder sostener sus cultivos y hacerlos más productivos.
Para saber qué tipo de ayuda necesita el emprendimiento, el grupo de docentes y estudiantes se reúne con las personas beneficiarias para hacer un diagnóstico de su situación y determinar qué áreas son las que más necesitan reforzar: si se trata del mercadeo, de la contabilidad, del proceso de producción, de temas financieros o de cualquier otra adicional.
A la fecha, Petry calcula que se ha brindado un acompañamiento personalizado a alrededor de 300 personas beneficiarias, sin contar otros integrantes de los emprendimientos que colaboran en la producción, posicionamiento y venta de los diferentes productos y servicios. También suelen dar charlas masivas sobre temas específicos que sea de interés para las Mipymes de las zonas a las que asisten, en las que han participado al menos 400 individuos.
Algo que preocupa mucho a la coordinación de estos espacios es la alta tasa de fracaso que sufren este tipo de emprendimientos en sus primeros tres años de funcionamiento. Se calcula que ocho de cada 10 iniciativas no superan esta primera etapa de afianzamiento, algunas veces por falta de conocimiento o de recursos, otras por factores externos (como la pandemia). Ahora, la coordinadora de estos esfuerzos espera que con un aumento de esta asesoría personalizada se pueda reducir ese número de intentos fracasados.
Una vez que concluyen los meses de acompañamiento, el FideIMAS hace un seguimiento desde el IMAS para evaluar los resultados logrados y medir su posible progreso a corto, mediano y largo plazo.
