Educación y movilidad social: el dúo dinámico

La Universidad de Costa Rica, desde diferentes unidades académicas y por medio de variadas iniciativas de acción social, lleva adelante propuestas para fortalecer el interés y la innovación en los procesos educativos  por los cuales los estudiantes de nuestro país deben pasar. Por ejemplo,  la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, proyectos sobre ciencia y cultura en comunidades vulnerables, apoyo académico en zonas rurales, proyectos para la  obtención del título de secundaria para madres jóvenes, programas de educación abierta, proyectos de educación no formal,  entre otros tantos, apoyan el derecho de la ciudadanía al acceso a la educación. 

El papel de la educación en la movilidad social de las personas es clave. Pero la falta o debilitamiento de apoyos para la educación trae consigo grandes desigualdades laborales y socioeconómicas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) asegura que la educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir de la pobreza. Por ello, busca “de aquí al 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible…”.  

El Dr. Esteban Mora Martínez, excoordinador del Monitor OCDE para Costa Rica e investigador del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap), de la Universidad de Costa Rica, señala que la educación posibilita el vínculo con la realidad social actual; fortalece habilidades en las personas para que puedan comprender críticamente no solo su rol en la sociedad, sino también la forma en que podemos compartir valores democráticos, sociales, económicos, etc. 

“Un título manda una señal al mercado laboral sobre la capacidad de aprender de esa persona”

Con esas palabras define el valor de un título  el investigador Juan Rafael Robalino, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas  (IICE) de la UCR. También, señala este investigador, es claro que la educación y la movilidad social van de la mano y con capacidad para influir en el cambio de perspectiva de los hogares. 

Pero, antes de centrar la discusión en si el país requiere más educación académica, o más educación y formación técnica profesional (EFTP) o más carreras ligadas a la ciencia, la tecnología, las ingenierías o las matemáticas (conocidas como STEM por sus siglas en inglés) “el país debe reforzar la secundaria y asegurar que las personas terminen el colegio, ya que el mercado laboral valora muy bien tener el título”.

En términos del mercado laboral, la educación funciona de dos formas, agrega Robalino. Por un lado aumenta la productividad de los trabajadores y, por el otro, manda una importante señal sobre la capacidad de aprender  que tiene  la persona.  

“Entonces, la primera dice: yo sé hacer esto ahora. Pero la segunda dice: yo puedo aprender a hacer muchas cosas, lo cual es muy importante en términos de lo que está demandando el mercado laboral”, afirmó el director del IICE.

Gracias a la obtención de un título, destaca Robalino, hay más probabilidad de participar en la fuerza laboral, mayores ingresos y menos probabilidad de desempleo para las personas. “En un contexto socioeconómico cambiante y con fuertes exigencias, obtener un título es una certificación, una fuerte señal para los futuros empleadores de que esa persona tiene la capacidad de aprender destrezas, procesos, desarrollar habilidades y capacidades, más allá de la especificidad de lo estudiado, lo cual, insisto, es bien valorado por el mercado laboral”.

La educación también tiene dos caras: la oferta y la demanda. El Estado provee educación; y en la acera de la demanda Robalino señala que esa educación requiere el apoyo de políticas públicas fuertes. Por ejemplo, el programa Avancemos o el programa de transportes; ya que muchas familias no logran acceder a la educación por situaciones muy particulares, en las cuales las políticas públicas deben tomar acciones y generar recursos que posibiliten la asistencia de los niños y jóvenes al sistema educativo. 

“Esos incentivos y sus efectos en la educación secundaria los hemos investigado y comprobado como parte de nuestros aportes al país. Hemos visto que han tenido efectos positivos en cuanto a la asistencia del estudiantado y para minimizar la exclusión; también en la reducción del trabajo infantil. Han tenido efectos positivos muy grandes en hombres de zonas  rurales, quienes tienen mayor presión para abandonar  su educación e incorporarse a trabajar para aportar al hogar. Y también han tenido grandes impactos en las mujeres de zonas urbanas”, destacó Robalino. 

Desafíos, gobernanza, nuevas habilidades,  la investigación como insumo para las reformas necesarias

Según datos de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) del 2020, 267 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años no trabajan ni estudian ni reciben formación (conocidos como ninis), y muchos más soportan condiciones laborales deficientes  Para el 2030, la población mundial joven aumentará a más de mil 300 millones (ONU) y “… la escasez, excedentes y desajuste entre las habilidades adquiridas y las que demanda el mundo del trabajo son algunos de los desafíos más importantes que enfrenta la creciente población juvenil”.

Ante esa evolución de la demanda de habilidades para la vida laboral, Costa Rica incorporó en su oferta educativa la EFTP. Al respecto, Esteban Mora señala que la EFTP está orientada a generar capacidades para auto emprender o ser contratado en la vía laboral: “desde 1997 se empieza a hablar de traer al país inversión tecnológica importante, como INTEL, por ejemplo, por lo que empezamos a fortalecer carreras técnicas en áreas de electrónica, mecánica, diseño, electricidad, programación, para un mercado laboral tecnificado que facilitara la movilidad social o económico social”.

Esa EFTP ha requerido de una reingeniería. Desde el 2017, el Instituto de Investigación en Educación de la UCR (INIE) trabaja en un proyecto de vinculación externa con el Instituto Politécnico de Zurich,(Suiza), la Universidad de Katmandú,(Nepal),  la Universidad Oikalabi, (Benín), y la Universidad de Chile, para conocer con más exactitud cuáles condiciones pueden mejorar el vínculo entre la EFTP y los mercados laborales.

También, el INIE lleva a cabo desde el 2020 una innovadora investigación/acción colaborativa con actores sociales e instituciones como el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA),  el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Técnica Nacional, así como con cámaras de industria del país. 

Tanto Camacho como la también investigadora, Dra. Jaqueline afirman que estas dos investigaciones han dejado claro que los imaginarios que persisten en el país sobre la EFTP deben transformarse. “Esos discursos y mitos que asocian a la EFTP con los grupos sociales vulnerables y que es tan solo una educación alternativa para “cierta gente”, deben superarse, pues esta modalidad educativa cumple con todos los criterios de calidad necesarios para adquirir las destrezas, habilidades, valores y conocimientos, para la transformación individual y social de los y las estudiantes”, asegura García.  

Gracias a todos estos esfuerzos de investigación, Costa Rica cuenta ahora con el Observatorio Temático de la Educación y Formación Técnica Profesional Costarricense, el cual es coordinado por el INIE.

La EFTP  tiene implìcito que hay que llevar a estos estudiantes al mercado laboral, lo que implica tener acceso, durante sus años de  formación,  a tecnología, a recursos y a  mantener un vìnculo muy cercano con el sector productivo. Actualmente la capacitación técnica  debe superar las barreras del técnico medio e ir hacia más Bachilleratos y Licenciaturas. Sin embargo, también los centros educativos  EFTP han visto debilitado su presupuesto, infraestructuras, entre otros elementos,  según lo señala el IX Informe Estado de la Educación.

Debilidades por superar en materia educativa  

Pero ya sea la modalidad de educación académica o la de EFTP, el sistema educativo costarricense presenta importantes deficiencias que restan fuerza a los verdaderos alcances de ambas modalidades. Dese el 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico​ (OCDE) ha llamado la atención a Costa Rica sobre la necesidad de mejorar lagobernanza de los instrumentos asociados a la educación primaria y secundaria. Para ello son fundamentales las Juntas de Educación (en escuelas) y las Juntas Administrativas (en colegios). 

Sobre ese llamado de atención, Esteban Mora retoma que los requisitos para ser miembro de una de dichas juntas son insuficientes, se quedaron en un pasado y no responden a las exigencias de la realidad actual del sistema educativo. No son suficientes para tomar importantes decisiones, tales como dónde dirigir  la inversión de los presupuestos públicos que administran, la limitada capacidad para administrar instrumentos como el Sistema de Compras Públicas (Sicop), realizar concursos públicos, y satisfacer necesidades de bienes y servicios a lo interno de escuelas y colegios, entre otros. 

“Se ha descuidado el fortalecimiento de esa gobernanza y ha conllevado a que no se identifique cuáles brechas hay que cerrar; dónde invertir en más y mejores recursos, entre otros temas. Junto a esa débil gobernanza,  encontramos un programa de incentivos dentro del sistema educativo y asociados a la calidad de vida y al bienestar, que ha sufrido una caída del 7,8 % en sus ingresos reales a raíz de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, indicó Mora.

También, subraya Mora, esos incentivos no están siendo eficaces en el impacto esperado, porque no hay reglas claras sobre cómo permanecen en el sistema esos estudiantes y cómo rendir cuentas sobre su rendimiento académico. “Es necesario un diseño de las reglas de los incentivos que no están siendo bien contempladas por el MEP y por otros actores de la gobernanza como las juntas de educación, para estar en capacidad de cerrar brechas y que los estudiantes tengan acceso real a una educación de calidad y evitar mayores retrocesos en materia de desarrollo humano”, enfatizó el excoordinador del Monitor OCDE.

Esos incentivos se encuentran reunidos en el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares a través del cual se financia la atención de programas como: Avancemos, Crecemos, Fondo Nacional de Becas, Comedores escolares, CEN-Cinai y Red de Cuido, Programa Hogares Conectados, y transporte para estudiantes en condición de vulnerabilidad.

Muchas metas por alcanzar versus un presupuesto cada vez más débil

El  Noveno Informe  Estado de la Educación,  acusa un estancamiento y retrocesos en áreas clave:  “el ofrecimiento del currículo completo en las escuelas, la expansión de la educación técnica en secundaria y la implementación de pruebas de idoneidad para contratar docentes, profundizan las brechas educativas existentes y afectan las bases para superar la crisis actual”.

Según la Contraloría General de la República, el monto del presupuesto para la educación pública costarricense para el 2023 fue de 2 mil 780 millones ( 6 % del producto interno bruto, PIB), lo cual significa un descenso del 1,2 % con respecto al presupuesto inicial del 2022. Esto incumple con el mandato constitucional de invertir el 8 % del PIB del país en educación.

Esta falta de recursos, dice el noveno informe, “podría tener un impacto en el desarrollo económico y social del país. Se estima que el 40 % de la población estudiantil está en niveles de pobreza, por lo que son los más afectados”.