Adrián Vergara Heidke, docente de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura e investigador del Instituto de Investigaciones Lingüísticas

Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

Todas las personas nos hemos enfrentado a textos escritos u orales que no comprendemos del todo, necesitamos leerlos varias veces o de la ayuda de alguien para que nos explique lo que dice. Estos textos son, por ejemplo, jurídicos (una sentencia,  una norma), administrativos (un contrato, un oficio) o de relaciones comerciales privadas (una cita médica, las instrucciones de uso de un nuevo electrodoméstico). No comprender estos textos puede generar que una persona desconozca sus deberes y derechos o ponga en peligro su salud o integridad física.

Ante ese tipo de situaciones, en la década de 1970, comenzó un movimiento ciudadano, principalmente, en países anglosajones, el cual ha buscado que los textos públicos y privados se produzcan en un estilo entendible para la mayoría de las personas. Este movimiento ha logrado cambios importantes en varios países. Por ejemplo, en Estados Unidos desde el 2010, durante la administración Obama, existe una norma que establece que todas las leyes que se aprueben deben escribirse en un estilo accesible, conciso, coherente y claro.

Derecho a comprender

Comprender los textos es un derecho básico que tiene la ciudadanía. Si no comprendemos, por ejemplo, una ley, no se puede decir que la conocemos. En otras palabras, no se puede recurrir a que “nadie puede alegar desconocimiento de la ley”, porque conocer no es comprender. De hecho, muchos procesos judiciales se dan por discusiones entre diferentes interpretaciones sobre artículos de alguna ley, lo que evidencia que ese fragmento textual no es claro. Sin comprender este tipo de textos, es difícil que las personas actúen adecuadamente y ejerzan sus derechos en nuestra sociedad.

La comprensión de textos públicos y privados es el primer paso a nuestro derecho a la información. No basta con que las instituciones pongan a disposición de las personas sus documentos internos, sus reglamentos, sus protocolos de servicio y de procesos, si estos textos no están redactados en un lenguaje claro. Si la mayoría de la ciudadanía no los comprende, su contenido es solo un conjunto de palabras sin sentido ni utilidad. Es por eso que la comprensión textual es el pilar para hablar de transparencia y el acceso a la información. En este sentido, el derecho a comprender es ese derecho primario, a partir del cual se construyen otros como el derecho a la información, al acceso a la justicia, al trato justo, entre muchos otros.

Lenguaje claro

Para abordar el derecho a comprender, nos referimos al “lenguaje claro”. El lenguaje claro no es una lengua específica ni una forma única de comunicarse. El lenguaje claro es un modo de producir textos escritos u orales, en el que se considera a la persona destinataria como el criterio fundamental que guía nuestras decisiones lingüísticas. En otras palabras, hablamos de lenguaje claro cuando el diseño, la estructura y el estilo de un texto facilitan la comprensión de su contenido a la persona destinataria. Es decir, la producción textual dependerá de la situación comunicativa y, principalmente, de la persona destinataria, la ciudadanía. Es así como lo que entendemos por lenguaje claro en un tipo de texto puede variar en otro: las estrategias y recursos lingüísticos que utilizaremos para lograr la claridad pueden variar.

Por otro lado, el lenguaje claro no afecta ni la precisión ni la terminología especializada que se requiere en algún texto. Para lograr claridad en un texto, tenemos a disposición gran cantidad de estrategias y recursos lingüísticos que permiten organizar y explicitar mejor las ideas y mejoran la comunicación y, por ende, facilitan el logro de los objetivos que nos planteamos con los textos.

Comprensión y lenguaje claro

Se puede pensar que las dificultades de comprensión dependen de las capacidades o la educación de una persona. Sin embargo, en las investigaciones que hemos realizado con lenguaje jurídico se ha evidenciado que tanto personas sin secundaria completa como personas con posgrados obtienen entre 40 % y 60 % en los cuestionarios de comprensión lectora que aplicamos. Asimismo, se ha observado cómo el mismo contenido jurídico redactado siguiendo criterios de lenguaje claro obtiene resultados significativamente mejores en comprensión. Estos hechos demuestran que las características textuales, cómo está redactado un texto, son un factor fundamental para facilitar la comprensión.

Lo anterior no significa que para alguna población en específico se requiera redactar con otros recursos y estrategias. Estas poblaciones pueden ser niños y niñas o personas con alguna condición cognitiva o intelectual particular. En estos casos, en español no utilizamos el término lenguaje claro, sino el de “lectura fácil”. Cuando un texto es resumido y dicho o escrito con palabras simples, dejando de lado los aspectos técnicos especializados, nos encontramos frente a un documento en lectura fácil. Lenguaje claro y lectura fácil no son sinónimos, pero tienen en común lograr una comunicación efectiva con la persona destinataria.

Movimiento en Iberoamérica y Costa Rica

Si bien en otros países la preocupación por una comunicación efectiva desde la administración pública y los servicios privados comenzó en la década de 1970, en Iberoamérica recién se dio en la primera década del 2000, particularmente con proyectos como el de “Modernización del lenguaje jurídico” desarrollado en España. En Latinoamérica, a excepción de algunos gobiernos nacionales o locales, han sido los poderes judiciales quienes integraron el lenguaje claro como uno de sus objetivos de trabajo. Esto se dio, principalmente, a partir de la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana del año 2015.

En Costa Rica, empezamos a desarrollar el trabajo sobre lenguaje claro aproximadamente desde el año 2017, organizando actividades como conversatorios y talleres entre la Universidad de Costa Rica, desde el Programa de Posgrado en Lingüística, y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, Conamaj. Este trabajo colaborativo se institucionalizó con la firma, en el año 2020, del convenio entre el Poder Judicial de Costa Rica y la UCR, en el cual también participan el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura. A este se suma hoy un convenio para realizar el proyecto “Lenguaje claro en el ámbito legislativo”, acordado entre la Asamblea Legislativa y la UCR.

Trabajo desde la UCR

Desde la UCR aportamos con el conocimiento especializado para realizar las investigaciones y análisis de los textos, hacer propuestas de modificaciones y diseñar productos concretos. Este trabajo se ha desarrollado por medio de investigaciones inscritas en el Instituto de Investigaciones Lingüísticas, trabajos finales de graduación de estudiantes de la Maestría Académica en Lingüística y seminarios de graduación de la Licenciatura en Filología Española. Estos espacios han permitido generar productos concretos como “Lenguaje claro: manual de redacción de textos jurídicos” y capacitaciones, cursos y talleres a personas juzgadoras del Poder Judicial, en conjunto con el Centro de Información Jurisprudencial, la Escuela Judicial y la Conamaj. Además, hay varios en procesos: glosarios en español, para la ciudadanía de diferentes materias del derecho; glosarios en lenguas indígenas; modelos de resúmenes de propuestas ciudadanas y sentencias judiciales; guía para la presentación de nuevos proyectos de ley, entre otros.

La comunicación efectiva por parte de las instituciones públicas y privadas debería ser una obligación y ese proceso de transformación debe ser apoyado por especialistas en lingüística y filología. Asimismo, como personas ciudadanas, debemos exigir que la información que nos interesa esté en un lenguaje comprensible para la mayoría.