28 sept 2022Sociedad

José María Valdez y su familia ganaron la demanda que interpusieron contra la empresa AgriCorp por las altas sumas de dinero que han tenido que invertir en el tratamiento de las enfermedades que les ha provocado el agua contaminada con los agroquímicos utilizados durante décadas por la compañía agrícola.

La resolución de este caso ficticio es la culminación de un proceso de práctica estudiantil que reunió a equipos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y de la Universidad Tecnológica de Honduras.

Se trató del Segundo Moot Court sobre el Control de Convencionalidad basado en el metodología Themis, organizado por el Programa Derecho Internacional Regional y Acceso a la Justicia en América Latina (DIRAJus) de la Cooperación Alemana (GIZ), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Universidad de Costa Rica.

Todos los equipos universitarios se prepararon para asumir ambos roles del caso: parte demandante y parte demandada; sin embargo solo ejercieron uno de ellos, de acuerdo con un sorteo efectuado minutos antes del certamen. Para ello, contaron no solo con el detalle del caso ficticio, sino también con una normativa creada exclusivamente para el certamen, la cual incluía desde extractos de la Constitución hasta códigos, leyes y normas técnicas de Pracuba, país imaginario en el que vive la familia Valdez.

Asimismo, tuvieron a la mano dictámenes médicos, testimonios de vecinos de la comunidad, noticias de varios medios de comunicación y el historial de una concesión que se le otorgó a la compañía agrícola a principios de la década de los setenta y su posterior modificación en el año 2015.

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Para Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la UCR, las simulaciones Moot Court permiten dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje de un componente práctico fundamental para profundizar los conocimientos adquiridos en las aulas y estimula la formación de una conciencia creativa y crítica a la población estudiantil en concordancia con los objetivos que establece la normativa universitaria.

“Los aprendizajes que se adquieren en el ejercicio práctico de la profesión son muy valiosos para nuestro desarrollo. Como biólogo les puedo asegurar que no es lo mismo aprender de grandes felinos en Costa Rica a través de libros de texto que buscarlos en la selva. En este mismo sentido, las simulaciones permiten a quienes estudian el derecho entender y experimentar de primera mano la realidad más allá de las aulas siempre con el acompañamiento del personal de la Universidad de Costa Rica”, ejemplificó.

La particularidad de este Moot Court, en comparación con otros ejercicios similares en todo el mundo, es que promueve el concepto del control de convencionalidad, el cual consiste en la obligación de los actores judiciales nacionales de tener en cuenta las estipulaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al momento de aplicar una normativa nacional para no incurrir en inconvencionalidad y declarar la responsabilidad internacional del Estado parte de la Convención.

En esta línea, el certamen es una forma práctica de introducir a quienes ejercerán el derecho dentro de pocos años, sea como litigantes o desde una posición judicial, a la aplicación del control de convencionalidad, en vista de la necesidad de que los actores judiciales nacionales se conviertan en los primeros jueces interamericanos.

Germán Vidaurre Fallas, director del Consejo Universitario de la UCR, profundizó en el tema de fondo del caso en cuestión: el derecho humano al agua potable. En este sentido, señaló que este derecho aún no ha sido reconocido por los instrumentos normativos en el ámbito interamericano y que una de cada cinco personas en el mundo no tiene acceso al recurso hídrico.

“Los estudios realizados por la ONU indican que la crisis de escasez de los recursos hídricos a nivel global es realmente un problema de gobernabilidad del agua y una inadecuada distribución de los recursos puesto que estos estudios han demostrado que la cantidad de agua dulce existente en el planeta pareciera ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de todos los seres humanos, pero también se muestra que los problemas derivados de la deficiente gestión del recurso, así como la corrupción, la falta de instituciones adecuadas para su manejo y el déficit en las inversiones para la creación de infraestructura de tratamiento y calidad del agua y la falta de compromiso de carácter político han originado que millones de personas en el mundo carezcan de un adecuado acceso al agua potable”, subrayó.

La segunda particularidad de este Moot Court es la utilización de la metodología Themis, la cual procura facilitar la elaboración de una línea argumentativa en el tratamiento de un conflicto, separando los problemas fácticos de los temas de derecho, determinando su relevancia para el demandante o acusado y derivar de ello el curso de acción. Diversas evaluaciones en el continente han demostrado que esta metodología ha mejorado la calidad argumentativa y de análisis en alegatos y sentencias.

En esto está de acuerdo Alejandro Estrada Mejía, estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, quien considera que esta metodología es una herramienta supremamente valiosa para cualquier desarrollo jurídico, ya sea en el ámbito académico o profesional. Confiesa que lo que más le gusta del instrumento es su estructura y el hilo lógico que sigue.

Su compañera de equipo, Alejandra Lucía Velez Bellini, detalló que “la metodología Themis es una forma organizada de poner las preguntas que nos hacemos cuando estamos frente a un problema jurídico, pero con unas subreglas que te permiten analizar más profundamente el caso. Entonces, no solamente son preguntas en desorden, sino una forma estructurada que te permite hacer un análisis lógico de toda una problemática.”

Por su parte, Paola Andrea Borda Castro, integrante de este mismo equipo, resaltó la importancia de que todos los países del continente apliquen el control de convencionalidad en su práctica jurídica. “El control de convencionalidad lo que hace es que las autoridades y el Estado tienen que ver que sus normas no sean contrarias a la Convención Americana, tienen que cerciorarse de que, tanto a lo interno como a lo internacional estén en balance, en forma equitativa, no se contradigan entre sí”, acotó la estudiante.

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Estrada, Velez y Borda conformaron el equipo de la Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá, el cual fue el ganador de esta competencia académica. El Tribunal de la Corte Suprema de Justicia de Pracuba se inclinó unánimemente por este equipo por su forma de argumentación en las diferentes etapas del litigio y su desenvolvimiento ante las preguntas formuladas por el mismo Tribunal. Asimismo, destacó el uso de los instrumentos normativos nacionales e internacionales y la manera en la que utilizó las pruebas.

Independientemente del triunfo del equipo colombiano, el Tribunal también argumentó su decisión de fallar a favor del señor Velez y su familia y de obligar a la empresa AgriCorp de pagar los gastos médicos en los que tuvo que incurrir el grupo familiar y reconocer la disminución en sus ingresos por las múltiples afectaciones que les ha provocado la contaminación del agua.

“Por los argumentos presentados por todos los equipos, por los elementos fácticos y los alegatos se establece la responsabilidad de la empresa. Hay elementos suficientes para establecerlo. Por el actuar de la empresa se estaba contaminando el agua, se estaba afectando a la familia en concreto y ya estaba afectándose la comunidad. Sí había una relación de causalidad entre el accionar de la empresa, la contaminación del agua y las enfermedades provocadas”, concluyó Pablo Saavedra Alessandri, jurista chileno que fungió como presidente del tribunal examinador.

Pamela Medina Castro, de la Universidad Tecnológica de Honduras, y Ximena Chinchilla Botey, de la Universidad de Costa Rica, coincidieron en que esta simulación es una experiencia de crecimiento y de profundización en el tema de control de convencionalidad, el cual consideran de vital importancia para el ejercicio de la justicia en la región. Asimismo, manifestaron la conveniencia de la metodología Themis para desarrollar argumentaciones fuertes y bien fundamentadas.

Ambas también concordaron que el caso del Moot Court tenía mucha prueba a favor de la parte demandante y presentaba muchas limitaciones para la parte demandada, lo cual favoreció a las representaciones que les correspondió defender a José María Valdez y su familia. “El Estado también tiene su culpa, pero como no estamos en sede internacional, no se puede alegar; eso lo hace más complicado”, observó Chinchilla.

Por su parte, Samantha Rodríguez Santillán, del equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, resaltó la importancia de la aplicación del control de convencionalidad en todos los tribunales nacionales porque es una forma de fortalecer la democracia y crecer en el tema de derechos humanos en la región.

“Históricamente hemos sido de las regiones más afectadas y, casualmente, creo que también de las más ricas con estándares en derechos humanos. Si queremos continuar, avanzar y armonizarnos como hermanos latinoamericanos que somos, es importante que todos estemos en la misma página y que ningún Estado se quede rezagado. De ahí la importancia de contar con una Corte regional que nos auxilie y nos guíe en cuanto a cómo tenemos que avanzar en todos los derechos humanos”, puntualizó.