Dr. Gabriel Macaya Trejos   Anel Kenjekeeva

Hace varios días hice un comentario sobre la negociación del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) y el 25 de agosto, la víspera de la celebración del 82 aniversario de la UCR, y después de varias rondas, se anunció que la negociación concluía. En la Comisión de Enlace, los rectores del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y el Gobierno habían llegado a un acuerdo, con la firma, bajo protesta, del Rector de la UCR.

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De este proceso de negociación debemos sacar algunas lecciones. La primera, y no tan obvia para la ciudadanía, es que la señora Ministra de Educación mantuvo la iniciativa y los rectores del Conare se plegaron. La negociación en la Comisión de Enlace es bipartita, de un lado los cinco rectores de las universidades públicas y del otros cinco ministro liderados por la ministra de Educación. Creo que, desde el inicio de la negociación, nuestros rectores cometieron un error estratégico al ceder la iniciativa de la convocatoria a la Comisión a la señora Ministra de Educación. Este inicio se retrasó́, a pesar de la insistencia de los rectores y de diputados. La ministra canceló o retrasó la convocatoria en más de una ocasión, convocó con plazos cortos y exigió información, documentos y propuestas a las universidades de manera perentoria, sin otorgar plazos razonables para su elaboración. Estas no son actitudes constructivas en una negociación que exige respeto entre las partes.

Este proceso también puso en evidencia que los rectores de las universidades públicas no llegaron con una estrategia consensuada para enfrentar las pretensiones de la ministra Müller. Rápidamente, después de la corrección del Gobierno en cuanto a la imposibilidad de disminuir el Fondo, se hicieron evidentes las divergencias en el seno Conare respecto al ajuste, constitucionalmente prescrito, a la variación del poder adquisitivo de la moneda. La UCR propuso que este ajuste se hiciera con respecto a la inflación acumulada a mayo de este año, 8,71 %, propuesta que el Gobierno no aceptó ni las otras universidades respaldaron.

Hay asuntos “negociables” y otros que no lo son. Ya vimos que uno no lo es: el FEES no puede disminuirse de un periodo (año) a otro. El Gobierno descubrió́ esto y echó marcha atrás en su pretensión de recortar cerca del 23 % del fondo, ya que sería inconstitucional. Importante descubrimiento ya que los dictados imperativos constitucionales no pueden saltarse u obviarse, ni son “aspiraciones” como lo sostuvo un ministro en la Comisión de Enlace. Pero el artículo 85 de la Constitución hay que considerarlo en su integralidad: no es solo que “Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”, sino también que este monto será “ajustad(o) de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.” Esto es lógico, ya que de no cumplirse esto, el monto real del Fondo disminuiría y no se cumpliría el dictado constitucional.

La UCR se quedó sola en su exigencia de que cumplir con el mandato constitucional de que el FEES debía ajustarse a la inflación. Cabría preguntase cuál es el peso relativo de cada parte o institución representada en la Comisión de Enlace. Es evidente en esta negociación el protagonismo de la ministra de Educación, pero también del ministro de Hacienda. ¿Y en el lado universitario? Vimos la figura del presidente de Conare, su vocero. Pero, la Universidad de Costa Rica representa más de un quinto de la voz de las universidades, más que el 57 % que le corresponde del FEES, más que el porcentaje de su matrícula, etc. Representa casi 180 años de tradición universitaria en Costa Rica, un aporte sustantivo al desarrollo del país, una posición en los ranqueos de las universidades en los primeros lugares de América Central , de Latinoamérica. y en el top del 36 % de las mejores del mundo. Su producción de investigación es la más importante del país y de la región centroamericana, y su proyección cultural y de extensión (acción social) representa, entre otras cosas, cerca de un millón de horas estudiante vertidas en las comunidades cada año. La UCR es una de las instituciones mejor evaluadas del país. El Rector de la Universidad de Costa Rica debe hacer oír su voz en esta Comisión y debe tener un peso relativo fuerte en la negociación.

El Rector de la UCR tiene el respaldo de su comunidad universitaria y de amplios sectores nacionales, no debe sentirse estresado o agobiado por la lucha en defensa de nuestra Constitución. El respaldo lo vimos en la reciente marcha multitudinaria. Pero debe alimentar este respaldo informando y recibiendo información hacia y desde su comunidad universitaria y nacional. Su figura debe ser respaldada y así,́ fortalecida. Porque no debemos perder de vista que esta negociación no es solo por el presupuesto de las instituciones públicas de educación superior. Es por el respeto a nuestras leyes y a la Constitución, lo es también por la preservación de nuestro estado solidario, donde la educación pública es su vanguardia. No solo debemos garantizar el FEES, también el 8 % del PIB para la educación pública, como manda la Constitución, como lo ha reiterado la Sala Constitucional y como es central en el contexto del “apagón educativo”.

Más aún, algunos estudiantes de una de las universidades del Conare manifestaron que el monto del FEES debe redistribuirse. Es notorio que la UCR tiene el porcentaje mayor, cerca del 57 %. Y en las condiciones negociadas, en que el FEES para el próximo año crece en términos nominales solo un 1%, esta redistribución afectaría principalmente a la UCR. Es decir, que las universidades que no defendieron la recalificación del FEES van a pretender que la parte del FEES que le corresponde a la UCR disminuya en su beneficio.

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Esta negociación, donde las definiciones constitucionales son esenciales y de su defensa dependerá mucho del futuro de nuestro sistema democrático porque se realiza en un contexto preocupante, como lo muestra la última encuesta del CIEP-UCR, divulgada el miércoles 24 de agosto pasado. En la sección “Apoyo a la democracia” se muestran las respuestas a tres preguntas que muestran actitudes políticas de la población, ésta dividida en tres categorías: la población total, los que votaron por Rodrigo Chaves, y los que evalúan mejor al gobierno. Ante las preguntas de si el Gobierno debe cumplir las leyes o ignorar las leyes que obstaculicen (la labor de Gobierno) el 22% del total, el 27% de los que votaron por Chaves y el 25% de los que evalúan mejor al gobierno escogen la segunda afirmación, es decir “ignorar las leyes que obstaculicen”. Aunque no es un porcentaje mayoritario en ninguno de los tres grupos de población, estos porcentajes son preocupantes. Ante las preguntas de “si el Gobierno debe hacer caso de las decisiones de los jueces” o “No debe hacer caso a las decisiones de los jueces”, los tres grupos de población se decantan por la segunda respuesta de “no hacer caso a las decisiones de los jueces” con porcentajes de 37%, 46% y 43%.

Frente a estos preocupantes resultados, no debemos olvidar que así ́como la educación es uno de los pilares del estado social de derecho, la primacía de la Constitución y la separación de poderes lo garantizan. Debemos así exigir el 8% del PIB para la educación como manda nuestra Constitución y lo ha reiterado la Sala Constitucional y llegar a un 1,5% del PIB para la Educación Superior Pública. Solo así podemos responder a la crisis de la educación costarricense, evitando otra generación perdida y sentando las bases de un desarrollo con sostenibilidad para Costa Rica.