Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta Laura Rodríguez Rodríguez

Este 16 de agosto, miles de universitarios y universitarias hemos ejercido el derecho democrático a la legítima protesta para manifestarle al gobierno, de manera firme y respetuosa, que la Constitución Política se respeta. Por ello, debo iniciar este mensaje con un reconocimiento a las comunidades universitarias de las cinco universidades públicas, así como a otros sectores de la sociedad civil organizada y ciudadanía en general que nos apoyaron, por la respuesta masiva a la necesidad de defender la Constitución Política y la Educación Pública.

Sin embargo, creo que debemos analizar esta marcha histórica desde distintas perspectivas para valorarla en su justa dimensión.

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1. La movilización social y el derecho democrático a la protesta

Una primera perspectiva tiene que ver con la importancia de la movilización social y el derecho a la protesta cívica. Teníamos varios años ya de no ver al movimiento estudiantil, a los sectores académico y administrativo y a otros sectores que nos apoyaron, marchar en tal cantidad y con el espíritu cívico que siempre nos ha caracterizado a lo largo de nuestra historia. Recuperamos así una de nuestras más importantes tradiciones: marchamos para defender el cumplimiento de la Constitución Política y de la Educación Pública en su integralidad.

2. Defendemos de manera integral a la Educación Pública

Un segundo significado de la marcha tiene que ver con la defensa del sistema educativo público como un todo. Rechazamos de plano la tesis de la ministra de Educación que intentaba dividirnos y ponernos a competir por recursos financieros entre las distintas etapas. La ruta estratégica para un desarrollo con inclusión, innovación y sostenibilidad no pasa por el debilitamiento de la Educación, sino por la ruta contraria: aumentar el presupuesto orientándolo a la meta constitucional del 8% del PIB para el sistema educativo público, entendido ese ocho por ciento como un piso presupuestario y nunca como un techo. Los recursos para el logro de este mandato constitucional, no deberían implicar recortes al presupuesto público. Se requiere reducir la evasión y la elusión fiscal y también, regular el negocio de la deuda y lograr una reforma fiscal progresiva, que debe incluir el impuesto a la renta global.

Porque la política hacendaria de un país no debe reducirse meros objetivos financieros y contables, la salud fiscal de la economía nacional es importante, pero debe estar supeditada a políticas económicas que ayuden a mejorar la distribución del ingreso en términos progresivos, reducir la pobreza, una mejor educación y la empleabilidad de jóvenes y mujeres, así como el estímulo a la creación de pequeñas y medianas empresas, y eso no lo va a hacer el mercado por sí solo, necesitamos políticas públicas enfocadas en estos temas, una mejor distribución del ingreso genera mercados y economías más fuertes, porque la población tiene más capacidad de consumo

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3. Estamos a favor de la transparencia y de la política con base factual

Un aspecto sumamente importante de nuestra movilización es que dejó en evidencia que las comunidades universitarias, tienen capacidad de buscar información y de discernimiento más allá de las campañas mediáticas orquestadas para desprestigiar a las universidades públicas. En particular, me refiero a la manipulación de información y uso de información falsa sobre la situación salarial y de las pensiones de hace varios años. Como hemos ido comunicando a la comunidad universitaria y nacional, las universidades públicas en general y las Universidad de Costa Rica en particular, hemos tomado una serie de medidas en los últimos cuatro años, que han modificado de forma significativa los componentes de nuestro régimen salarial que permitieron algunos salarios excesivamente altos. Con los cambios realizados, este tipo de salarios no serán posibles. Además, pronto estaremos impulsando una reforma que busca una mayor equidad y sostenibilidad financiera de la institución.

4. Lo que esperamos de la etapa final de la negociación

Nos alegramos del resultado de nuestra movilización. Sin duda, eso hizo que el gobierno cambiara de posición y entendiera la justicia de nuestra argumentación. Pero la negociación no está concluida. Mañana miércoles 17 de agosto negociaremos la parte más importante para el cumplimiento de la Constitución Política tanto para la Educación Pública como para las universidades, que es el reconocimiento de la inflación. Esperamos que podamos llegar a un buen acuerdo. Por supuesto, el FEES nunca ha sido un cheque en blanco para las universidades públicas que, de hecho, tenemos óptimosniveles de transparencia en el sector público. Con el gobierno tenemos coincidencias importantes sobre esfuerzos extraordinarios que tenemos que hacer, sobre todo en la contribución de las universidades públicas a la reactivación económica con transformación productiva y a la atención urgente del rezago educativo, todo esto con particular énfasis en las regiones de fuera de la GAM.

Las universidades públicas no buscamos la confrontación ni la queremos. Buscamos llegar a un acuerdo que, en un marco de respeto a la Constitución Política, permita fortalecer la educación pública y, por tanto, beneficie a Costa Rica.

Les reitero mi reconocimiento y les invito a seguir trabajando por el desarrollo del país, como lo hemos hecho hace más de 80 años de vida institucional.