Universidad de Costa Rica
El aumento de la participación de las mujeres en la política nacional promueve las manifestaciones de violencia y discriminación en redes sociales, así lo determinó una investigación desarrollada por la M.Sc. Yanet Martínez, Directora del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El estudio forma parte del Tercer Informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica que publicó recientemente el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI) junto al CICOM.
“En 2018, por primera vez en la historia de Costa Rica, la Asamblea Legislativa alcanzó el mayor número de diputadas en la historia del país. Aunque esto representa un hito y fue un logro político importante, también fue el año en que tuvimos un aumento de la violencia política contra las mujeres”, expresó Martínez.
Los resultados de esta investigación se derivan de 18 entrevistas a mujeres vinculadas de manera activa a Municipalidades, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en el período entre 2014-2022; con el propósito de conocer sus experiencias respecto a manifestaciones de violencia simbólica y en redes sociales.
Entre los criterios de selección de las mujeres entrevistadas, se buscó a aquellas con participación en la función política en los últimos ocho años y que fueran provenientes de diversos partidos políticos y posturas ideológicas, para lograr un equilibrio en los resultados por analizar.
La violencia política en Costa Rica se tipificó en la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en política, aprobada por la Asamblea Legislativa, en el 2021. Esta normativa contempla el acoso u hostigamiento, la violencia física, psicológica, emocional, sexual, patrimonial y simbólica, como medio de protección a las mujeres en el escenario político.
“La existencia de esta legislación no asegura su cumplimiento ni la erradicación de las manifestaciones de violencia contra las mujeres en política, ya sea de tipo simbólica, mediática o en redes sociales”, expresó Yanet Martínez.
La académica agregó que “Cada avance es resultado de la lucha colectiva, en este caso de la mujeres y de personas aliadas, pero una vez lograda la normativa no se acaba la historia ahí, sino que debemos trabajar el tema educativo, cultural, entre otras dimensiones”.
La investigación determinó que las redes redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios donde se manifiesta la violencia contra las mujeres vinculadas a la función pública, como lo es el caso de las entrevistadas más jóvenes, quienes experimentaron la utilización de fotografías de sus perfiles privados para desacreditar su labor política.
Según detalla el estudio, las manifestaciones de violencia contra las mujeres en espacios digitales forman parte de una cultura de discriminación hacia esta población en el espacio público. Existe un círculo de violencia en el que se conjugan expresiones en espacios presenciales y digitales; siendo entornos donde se presentan de manera directa la violencia de género y un ataque al ejercicio político de las mujeres, como medios para transgredir la ideología y a las opiniones de las mujeres y sus cuerpos.
Martínez aseguró que “las mujeres vivimos en contextos de violencia y violencia simbólica, que puede pasar por el acoso, pero en las redes sociales pasa por otras formas de acoso y hostigamiento. Cuando eres una mujer en política estás entrando en un territorio que tradicionalmente ha sido masculinizado, que es un espacio donde está naturalizado la violencia contra las mujeres”.
Respecto al uso político de redes sociales, las mujeres entrevistadas reportan las expresiones de violencia y hostigamiento a través de diversas plataformas. Se determinó qie 17 de las 18 entrevistadas han experimentado manifestaciones de violencia siendo usuarias de Facebook; 11 como usuarias de Instagram y 7 a través de la plataforma de Twitter.
“En los mensajes privados es donde a veces pasa de todo. Uno dice: no puede ser que alguien en sus cinco sentidos llegue a estas cosas. Pero de ahí en fuera tratamos de manejar todo con cautela, con mucha prudencia. Y respirando un poco, porque sí a veces uno desea contestar muchas cosas, pero sabe que no debe o no puede hacerlo”, declaró una diputada del PLN-Alajuela (2018-2022).
Algunas entrevistadas optaron por un uso limitado de sus redes sociales, como forma de autocuidado, velando por su propia salud mental y obviando de cierta forma las manifestaciones de violencia suscitadas por su función política.
La investigadora afirma que la totalidad de las mujeres entrevistadas han vivido violencia política de manera directa, o al menos conocen a una mujer que lo haya experimentado. Sin embargo, también se ha determinado que en algunas ocasiones no se reconoce la violencia y por tanto, se omite haberla experimentado.
El estudio contempló una serie de medidas para mitigar las expresiones de violencia contra las mujeres entrevistadas mediante diversos esfuerzos de sus equipos de comunicación, a fin de identificar los comentarios con contenido de odio, el establecimiento de diálogos y publicaciones que apelen a la conciencia de la población sobre este tipo de contenidos.
En Costa Rica existen entidades que desarrollan acciones de incidencia para promover la participación política de las mujeres libre de violencia y discriminación, como son la Red de Mujeres Municipalistas (RECOMM) y el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica. Estas instancias contemplan la investigación como estrategias colectivas para el fortalecimiento de las alianzas entre mujeres que incursionan en política.
El Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI) también es un espacio para el abordaje y visibilización de las problemáticas que inciden en la participación política de género y la libertad de expresión en una sociedad democrática como Costa Rica.
Para la coordinadora del PROLEDI, la M.Sc. Giselle Boza Solano, el estudio abordado propicia el debate político y académico para el fortalecimiento de la libertad de expresión y la participación política de las mujeres libre de violencia y discriminación en diversos escenarios.
“La investigación contribuye hacia una apertura del plano académico, el fortalecimiento de los usos políticos de las redes sociales, así como en la construcción de una ciudadanía política que ayude a afrontar las manifestaciones de violencia política, mediática y en redes sociales”, expresó Boza.