El tráfico de vida silvestre es una actividad delictiva en la cual se comercializan, de forma ilegal, especies de flora, fauna y productos derivados del animal (por ejemplo, los cuernos de un rinoceronte), ya sea a nivel nacional o internacional. Es decir, estos seres son alejados de sus ecosistemas, con fines lucrativos o de entretenimiento (como mascotas).
Dicha actividad puede incluir el contrabando, colecta, captura y caza de las especies. “Usualmente, se trata de animales que están en peligro de extinción, porque la gente quiere animales que no son comunes, por ende, poblaciones escasas”, explica el Dr. Gilbert Alvarado Barboza, profesor e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), este delito es de los más rentables en el mundo, incluso es comparable con el tráfico de armas y de drogas.
Alvarado menciona tres razones principales por las que se recurre al tráfico de especies: un estatus médico, en el cual se utilizan partes de animales para presuntamente tratar enfermedades; un supuesto estatus social generado por poseer una especie exótica; y, por último, el deseo humano de tener especies exóticas en su poder, como mascotas en el caso de la fauna.
En Costa Rica, de acuerdo con datos de la Fiscalía Agrario Ambiental del Ministerio Público, las cifras de denuncias han aumentado exponencialmente en los últimos años. En el 2019, hubo 156 denuncias por comercio, tráfico y trasiego de animales silvestres, mientras que en el 2020 aumentaron a 253 y en el 2021 a 364 denuncias.
La normativa nacional en este campo se rige por la Ley de Conservación de la Vida Silvestre N.° 7317, que contiene y regula todo lo relacionado con el manejo de las especies, así como su utilización para fines comerciales, médicos y de investigación, entre otros.
Por otro lado, la Fiscalía Agrario Ambiental tiene dentro de sus políticas un capítulo dedicado a los delitos en perjuicio de la vida silvestre, entre estos el comercio, tráfico y trasiego de especies.
El Lic. Luis Diego Hernández Araya, fiscal coordinador ambiental del Ministerio Público, comenta que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza constantemente rastreos en plataformas de ventas por internet (por ejemplo, redes sociales), con el fin de identificar a personas o grupos organizados que estén incursionando en el comercio ilegal de especies silvestres.
Costa Rica es un país reconocido por su riqueza natural y esto da lugar a una comercialización ilegal de especies, tanto dentro del territorio como internacionalmente.
El M. Sc. Federico Bolaños Vives, también docente e investigador de la Escuela de Biología de la UCR, señala que vivimos en un territorio tan reducido que permite la movilización de especies entre distintas regiones y, por ende, entre hábitats diversos.
Sumado a estos factores, nuestro país, prosigue Bolaños, es muy conocido y está muy estudiado. Si se compara con Brasil, se observa que cuenta con una mayor diversidad biológica que Costa Rica; sin embargo, esta se encuentra distribuida en muchos más miles de kilómetros, contrario a lo que ocurre en nuestro territorio, donde es muy fácil ubicar una especie.
El tráfico de especies de animales silvestres puede afectar de manera directa distintos ámbitos. La pérdida de la biodiversidad y sus hábitats naturales es la consecuencia más importante, debido a que puede llegar a causar la extinción de muchos organismos.
Relacionado con esta actividad ilícita, ocurren alteraciones ecológicas debido a las “especies invasoras” que, aclara Bolaños, son animales que tienen que adaptarse a vivir en un nuevo ecosistema que no es propio. Esto tiene efectos para las especies autóctonas.
Un ejemplo que permite dimensionar este concepto es el caso de la isla de Guam, ubicada en el Pacífico Occidental, donde está una base militar de Estados Unidos.
Durante la Segunda Guerra Mundial, de manera accidental, las serpientes arbóreas marrones llegaron a la isla (desde al parecer otras islas del Pacífico) y han aniquilado a casi todas las especies de aves que se encontraban en el lugar.
Bolaños indica que dicha serpiente cae en el grupo de las “no formalmente llamadas venenosas, medio venenosas”, porque no son capaces de matar a un humano; sin embargo, sí a un ave.
Otro caso es Australia, que se ha visto afectado por diversas invasiones de especies. En 1935 se introdujo un “sapo de caña” al país, con el fin de combatir una plaga de abejones en las plantaciones de azúcar.
El animal, proveniente de América del Sur y América Central, ahora está distribuido en una gran parte de Australia y, debido a su veneno, impacta a las especies endémicas del país.
Un invasor más que se observa en este país es el conejo australiano, el cual ingresó a ese territorio insular en 1850. Se introdujeron 24 conejos salvajes y, por su alta fertilidad, con el pasar de los años se dio el crecimiento de mamíferos más rápido del mundo.
Esta situación puso en peligro a especies endémicas, pues los conejos se comían toda la vegetación y ya no había capacidad para sostener la misma cantidad de fauna que antes.
“Definitivamente, hay complicaciones importantes con la llegada de especies exóticas”, agregó el experto en biología.
Para Costa Rica, Bolaños menciona el caso de la Isla del Coco. En tal parque nacional existen especies que no son propias de su territorio, sino que han sido introducidas, como el caso del gecko común conocido en el país. Esto se debe monitorear para determinar el impacto que pueda tener en otras especies de lagartijas que se encuentran en la Isla.
En 1793, en esa misma área protegida, un explorador que buscaba ballenas introdujo los cerdos. Más de doscientos años después, estos mamíferos exóticos son unos de los más abundantes de la Isla, con las consiguientes consecuencias para los ecosistemas y las alteraciones en el suelo, la vegetación y en las especies endémicas.
A la hora de mover a las especies de sus ecosistemas se produce un desequilibrio en este, pues “cada animal es una pieza del rompecabezas y cada animal cumple una función ecológica importante”, concluyó Alvarado.
Igualmente, se pueden presentar consecuencias para el mismo ser humano. El 60 % de las enfermedades tienen su origen en animales. Alvarado comenta, por ejemplo, que uno de los primeros brotes de viruela del mono en Estados Unidos ocurrió por el tráfico de roedores desde África, el cual generó que el virus se contagiara a un roedor del país y se generara la inseminación del virus en la región.
Asimismo, el tráfico ilegal de especies fomenta la caza y este es uno de los puntos de mayor vulnerabilidad del ser humano para contraer patógenos por el contacto, usualmente directo, que se tiene con los fluidos del animal. Esto genera una alta vulnerabilidad y una muy alta probabilidad de transmisión de patógenos hacia el ser humano.
“El tráfico de vida silvestre en el país no es tomado a la ligera y, aunque siempre existen cosas por mejorar, tenemos una base normativa muy eficiente”, opina el fiscal Hernández.
El presente año, el OIJ creó la Sección Especializada contra los Delitos Medioambientales. Esta cuenta con cerca de 20 oficiales de investigación en casos de tráfico de especies silvestres, quienes se dedican en su totalidad a combatir tales delitos.
La Sección comenzó a funcionar el 1.° de abril del 2022 y se creó a causa del aumento de denuncias ambientales que se recibieron en años anteriores. El fin es agilizar los procesos y darles mayor importancia a estos crímenes para que dejen de ser considerados “menores”. También se pretende lograr que las cifras de denuncias disminuyan.
Sumado a lo anterior, se han realizado reformas a la ley N.° 7317, la cual a su vez cuenta con un reglamento “bastante estricto”, considera Hernández.
Por otro lado, la Fiscalía Agrario Ambiental forma parte de la Red de Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre de Centroamérica y República Dominicana (Roavis). Este es un sitio en el cual se intercambian información e inteligencia entre los distintos países participantes para tratar asuntos ambientales transfronterizos.
En los últimos años, también se han realizado programas de sensibilización en medios de comunicación del país, con el propósito de combatir los casos de tráfico de especies silvestres, así como de educar a las personas para que denuncien los casos de delitos ambientales.
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