¡Su derecho, mi derecho, nuestro derecho a la alimentación!

Según estudios de la FAO, la pobreza, la exclusión social y la discriminación suelen menoscabar el acceso de las personas a los alimentos, no solo en los países en desarrollo, sino también en los países económicamente más desarrollados, donde hay alimentos en abundancia. Foto: cortesía de la oficina de la FAO en Costa Rica.

El derecho humano a la alimentación, así como a la seguridad alimentaria y nutricional, son factores inseparables y vitales para el desarrollo integral de las personas. Es parte de la esencia misma de la dignidad humana y de las características propias que distinguen a los derechos humanos del resto de estos principios.

Aspectos como la desigualdad social y la pobreza influyen directa y negativamente en este derecho. Por ello, muchas organizaciones internacionales dan una alerta en cuanto a que la seguridad alimentaria y nutricional debe de ser atendida con urgencia para proteger del hambre y de la pobreza extrema a las generaciones presentes y futuras. 

“La violación del derecho a la alimentación puede menoscabar el goce de otros derechos humanos, como a la educación o a la vida, y viceversa” (folleto El derecho a la alimentación adecuada). De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los cuatro pilares de la seguridad alimentaria y nutricional son la disponibilidad, la estabilidad del suministro, el acceso y la utilización de alimentos. Al no cumplir con alguno o algunos de esos pilares fundamentales, las personas pueden entrar en un estado vulnerabilidad. Este es un término complejo asociado con factores sociales, físicos, culturales, políticos y económicos, que colocan a las personas en situaciones de desventaja o de riesgo.

Con esta afirmación, el Dr. Leonardo Granados Rojas, coordinador de la Maestría en Gerencia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, de la Universidad Nacional, nos reitera que el derecho a la alimentación, así como la seguridad alimentaria y nutricional, están vinculados con muchos otros principios “en una asociación muy sistémica a los demás derechos humanos reconocidos universalmente”. 

Desde la formación profesional, señala el especialista, se debe incidir en los sistemas económicos para que 1. la disponibilidad (producción, distribución, comercio) de los alimentos, 2. el acceso físico y económico a esos alimentos, 3. su consumo (educación, manejo intrafamiliar, su preparación, su distribución a lo interno de la familia y necesidades particulares de quienes conforman esa familia) y 4. el  aprovechamiento biológico de esos alimentos , se traduzca en un crecimiento, un desarrollo cognoscitivo y físico de la persona, capaz de satisfacer su calidad de vida y ser un ser humano funcional para la sociedad.

Debe haber políticas nacionales que prioricen, por medio de normativas, cuerpos institucionales públicos y privados y sectores de la sociedad civil, disponer, acceder, consumir y aprovechar los alimentos. “Nos encontramos políticas nacionales que han priorizado la agroexportación por encima de la producción nacional. Costa Rica y América Latina se han vuelto cada vez más dependientes de la importación y, por tanto, más vulnerables”. A criterio de Granados el margen de maniobra de los gobiernos es limitado ante la globalización del comercio. 

LEA: Cuando comer depende del comer… cio: efectos de los tratados de libre comercio

Para ahondar en este particular abordaje de los derechos en torno a la seguridad alimentaria y nutricional, conversamos con especialistas.

El derecho de comer dignamente

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) en su artículo 25 expresa que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

El artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales reitera la protección al derecho a la alimentación y reconoce expresamente el compromiso que deben asumir las naciones para erradicar el hambre, así como asegurar una distribución equitativa de los alimentos. Durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, celebrada en Roma en 1996, líderes de 186 países acordaron las bases para alcanzar la Seguridad Alimentaria Mundial, bajo el lema: "Alimentos para todos". Por mencionar solo unos pocos instrumentos del ordenamiento jurídico en el ámbito internacional.

Bien, sabemos que, para poder producir su propio alimento, una persona necesita tierra, semillas, agua y otros recursos, y para comprarlo necesita dinero y la posibilidad de acceder a los mercados. Los Estados deben generar un entorno propicio en el que las personas puedan desarrollar su potencial para producir o procurarse una alimentación adecuada. El derecho a la alimentación requiere además que los Estados garanticen políticas salariales y redes de seguridad social (al respecto les recomendamos  leer el siguiente trabajo de graduación : El salario y la convención colectiva a la luz de la normativa internacional sobre Derecho a la Alimentación y Seguridad Alimentaria y Nutricional adoptada por Costa Rica).

Al respecto de esta relación entre Derechos Humanos y la dignidad e integridad humanas, la Dra. Jaqueline García Fallas, investigadora en el campo de los Derechos Humanos, del Instituto de investigación en educación de la UCR (INIE) destaca que precisamente los Derechos Humanos “expresan la esencia de la dignidad humana, son principios que invitan al reconocimiento de la dignidad de todas las personas, de su cultura, de su diversidad. Principios que garantizan el desarrollo integral y la convivencia democrática y política. Principios como el de seguridad alimentaria que busca salvaguardar las condiciones básicas de nutrición y de alimentación para el desarrollo físico, emocional, intelectual, cognitivo”.

La especialista señala que la seguridad alimentaria está mediada por el acceso y la equidad. Esto nos llama a repensar nuestras propias prácticas nutricionales, productivas y económicas que, por ejemplo, en un mundo globalizado están expuestas a serias consecuencias por la globalización de la producción y la distribución de alimentos de quienes tienen estos medios para salvaguardar, como lo que actualmente estamos viviendo por la guerra entre Rusia y Ucrania.

La disponibilidad, la estabilidad del suministro, el acceso y la utilización son condiciones ineludibles a la hora de hablar de seguridad alimentaria y nutricional en una sociedad.

La actual situación internacional nos muestra el débil equilibrio de nuestro comportamiento ambiental con nuestro comportamiento social, político, y nutricional. Una economía y una sociedad globalizadas, de repente se tambalean. Para esta investigadora hablamos de una seguridad alimentaria que debe luchar contra un modelo de producción del mundo globalizado donde se desestimula, muchas veces, la producción nacional de alimentos, más propia, más autóctona; que pueda disminuir en alguna medida la dependencia de los grandes mercados internacionales.

“Hacia eso va la seguridad alimentaria, a saber que podemos apostar por otros productos y cultivos nutritivos de producción local. Nos lleva a reflexionar sobre cómo ha sido el modelo de desarrollo globalizado porque se dejó en manos de ciertos países la producción básica, y esto debe de cambiar porque este modelo atenta contra la dignidad humana. Dejamos en manos de unos pocos el abastecimiento de todos”, indica la experta García Fallas.

Por otro lado, enfatiza García, circunscribiéndonos al ámbito nacional, los gobiernos deben tener claro las consecuencias de tomar decisiones con las cuales se impida el desarrollo local o se corten las oportunidades de crecer localmente, a favor de prácticas globales que no son del todo convenientes y generan grados de inequidad y desigualdades, desbalances que lo sufren principalmente los grupos sociales vulnerables. Lo sufren desde la distribución de los espacios para sembrar, para criar animales, para la recreación; en fin hablamos de calidad de vida y de bienestar en pro de la dignidad humana.

Y como investigadora de una universidad pública, la Dra. García también rescata el protagonismo que estas instituciones están llamadas a desempeñar para fortalecer la seguridad alimentaria como un derecho. “Es un deber de las universidades públicas, están llamadas a aportar, por medio de una formación política sobre los Derechos Humanos en un sentido práctico, que si desde estas universidades hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de aspectos, de principios, que si son disminuidos en su capacidad afectan la vida. Las universidades son corresponsables en ofrecer a la sociedad una manera de comprender que su situación puede estar en riesgo por prácticas económicas, agroalimentarias, tecnológicas, entre otras, con respecto a la seguridad alimentaria. También deben aportar desde la investigación y el desarrollo, no podemos seguir dependiendo de lo mismo. Nuestras universidades investigan y generan alternativas desde los diferentes centros e institutos de investigación; hay una corresponsabilidad en el quehacer universitario para asegurar una mejor calidad de vida para la población y contribuir a esa seguridad alimentaria. Debemos trabajar y educar a las poblaciones.  Hay que colaborar en transformar sus propios espacios, entre otros aportes desde la educación superior pública”.

La seguridad alimentaria y derecho internacional

 Andrea Padilla Arce, Asistente de Programas de la FAO en Costa Rica recuerda la gran cantidad de instrumentos y acuerdos internacionales generados por medio de la ONU y otras organizaciones tendientes a asegurar el derecho humano a la alimentación, así como la seguridad alimentaria y nutricional. Hay reconocimiento de este derecho humano en la Convención sobre los Derechos del Niño (Art. 24(2)(c) y 27(3)), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Art. 12(2)), o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Art. 25(f) y 28(1)), el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como el Protocolo de San Salvador (1988), la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (1990) y el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de las Mujeres en África (2003) así como en muchas constituciones nacionales.

Se trata de instrumentos internacionales, jurídicamente vinculantes para los Estados parte, en los cuales se reconoce “el derecho a una alimentación adecuada; un derecho complejo que implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente aceptables. Ante esos pactos o acuerdos internacionales los Estados parte tienen tres tipos de obligaciones: la obligación de respetar, la de proteger y la de realizar tal derecho”.

Subrayó Padilla, “que el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y nutricional son parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al año 2030. La ONU lo aborda desde una perspectiva integral de Sistemas alimentario-sostenibles que se vinculan con todas las dimensiones del desarrollo y el bienestar humano. Un abordaje que tiene la capacidad de tratarse del ámbito local al global, y que garanticen la seguridad alimentaria y nutricional a poblaciones actuales y futuras”.

Desde ese enfoque, todas las agencias de la ONU participan, pues la seguridad alimentaria y nutricional tiene múltiples dimensiones. Por ejemplo, la UNICEF con estrategias de prevención del sobre peso en la niñez. Otras agencias en cuanto a patrimonio cultural, educación, agricultura, sistemas de producción, tenencia cultural de los sistemas tradicionales de producción. El PNUD en producción sostenible. La OIT en la protección social y condiciones laborales de las personas que trabajan en la producción de alimentos.

Destaca también la representante de la FAO que la seguridad alimentaria y nutricional posee entonces un gran potencial articulador: producción de alimentos, transformación, el consumo y preferencias alimentarias, sostenibilidad del ambiente, reducción de la pobreza, inclusión de grupos vulnerables.

Sobre los grupos vulnerables que actualmente ven debilitado su derecho a la alimentación, indica Padilla, son muy variados: mujeres jefas de hogar, migrantes que no pueden decidir qué consumir por razones de poder adquisitivo, de acceso y otras condiciones cada día, entre otros tantos grupos vulnerables. “Los grupos vulnerables están expuestos a un mayor nivel de inseguridad alimentaria, incluso de hambre y desnutrición, como se ha documentado durante la pandemia por Covid-19 o actualmente por la guerra entre Rusia y Ucrania. Es aquí donde vienen a jugar un importante papel los programas de protección social de los Estados, como los comedores escolares y las transferencias monetarias”.

Costa Rica y la inseguridad alimentaria

En Costa Rica la FAO trabaja en coordinación con instituciones nacionales algunos programas enfocados en crear conciencia sobre el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria. Con el MEP programas de escuelas sostenibles desde un enfoque integral con huertos como instrumentos pedagógicos para aprender ciencias, química y matemática de forma más aplicada, complementado con los comedores escolares. También en estos centros escolares se involucra a las familias y a los docentes por medio de capacitaciones y educación nutricional. También señaló Padilla los Frentes parlamentarios contra el hambre y la desnutrición, un  trabajo con legisladores para promover iniciativas en torno al derecho a la alimentación. Se trabaja en diferentes campañas de sensibilización e información sobre este derecho y, finalmente, un trabajo con municipalidades en formación sobre sistemas agroalimentarios y alimentación saludable.

“Las campañas de comunicación e información para diferentes grupos sociales son fundamentales en estos abordajes integrales de sensibilización en conjunto con otros entes internacionales e instituciones nacionales como el MAG, MEP, MSP, Incopesca. Un ejemplo es la alimentación y nutrición en torno a la lactancia materna, que es un tema que debe colocarse en el discurso de las personas, pero también en la agenda política de las diferentes instituciones”, tal como se hizo con la con la producción de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para los primeros mil días de vida en Costa Rica destacó Padilla, elaboradas por la Comisión Intersectorial de Guías Alimentarias, conformada por: la Universidad de Costa Rica, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Colegio de Profesionales en Nutrición, y se contó con el apoyo de la FAO.

 

“Se recomienda el uso de los datos para fortalecer e implementar programas que aprovechen el potencial nutritivo y económico de productos nacionales para educar a la población en el uso de alimentos locales creando una cultura de autoabastecimiento sostenible y nutritivo, adaptada a la zona y cambios climáticos actuales [sic]” (Prevalencia de la inseguridad alimentaria en Costa Rica. Encuesta de hogares 2021, INEC). Foto: cortesía de la oficina de la FAO en Costa Rica.

La seguridad alimentaria tiene que adaptarse a condiciones particulares, precisamente porque no todos tenemos las mismas condiciones, también porque las necesidades nutricionales van cambiando y deben adaptarse “a veces las recomendaciones se dan en términos generales para todos los segmentos poblacionales, sin tomar en cuenta las diferencias”. Es importante ir tratando de regionalizar (zona que habitan, cultura, costumbres, tradiciones) por medio de sistemas alimentarios sostenibles todas estas recomendaciones alimentarias para alcanzar una adecuada seguridad alimentaria.

En el año 2021 la FAO, gracias al apoyo del Ministerio de Salud, logró incluir el indicador “Prevalencia de la inseguridad alimentaria en Costa Rica” en la Encuesta de hogares 2021, realizada por el INEC.  Se logró detectar que 16 de cada 100 hogares en el país presentaban inseguridad alimentaria moderada a severa (1 persona adulta se vio obligada a reducir cantidad o calidad de su dieta), también 2 de cada 100 hogares  inseguridad alimentaria  severa ( 1 persona adulta reducir la cantidad de alimentos o pasar un día entero sin comer por falta de medios o recursos) un problema que se invisibiliza y ha venido en aumento y los grupos poblacionales más enfrentados a esta situación de inseguridad alimentaria fueron mujeres jefas de hogar y la población migrante.

La FAO ha trabajado también con la UCR, UNA, UNED diferentes abordajes sobre la seguridad alimentaria. Con la UCR se ha construido una relación estrecha desde la investigación y lo que se requiera hacer ya en el campo, traducirlo en acciones concretas, aprovechando las diferentes instalaciones que la universidad tiene en todo el país. “Trabajamos con la UCR temas de entornos alimentarios con los gobiernos locales (cantones, municipios). También contamos con una red nacional de agricultura familiar en la que convergen los esfuerzos de productores, instituciones del gobierno, UCR; UNA, UNED, para implementar políticas o programas consensuados y que generen seguridad alimentaria”.

Vea en este enlace un resumen de la entrevista con la representante de la FAO

El profesor Granados nos señala  que Costa Rica es uno de los países en el mundo donde más ha crecido la inequidad y la desigualdad. Nos asegura que estamos ante una población que tiene una mayor capacidad de consumo y otra población que no tiene esa capacidad y que ha aumentado y en condiciones más deterioradas, con menos capacidad de consumo, porque “nuestras políticas están sustentadas o han priorizado el desarrollo macroeconómico, han perdido la visión del desarrollo humano; el ser humano ha pasado entonces a un segundo o tercer orden. Crítica las estrategias de desarrollo sostenible, que considera no son tales, por estar focalizadas en lo macroeconómico, lo cual trae graves repercusiones en la capacidad de ingresos, en la capacidad de educación nutricional, en el descuido de las poblaciones vulnerables.

La desnutrición, la mala alimentación, y la mal nutrición tienen efectos cerebrales importantísimos y consecuencias cognitivas en las poblaciones que no se alimentan bien, y esto repercute y afecta todo, agrega este especialista.  Nos indica, además, que el fenómeno más reciente en el mundo tiene que ver con la mal nutrición, incluso de esos segmentos de la población con mayor poder adquisitivo que están mal alimentándose. Los índices de sobre peso y obesidad en todo el mundo están creciendo, hablamos ya de cerca de mil millones de habitantes, de siete mil quinientos millones que tiene el planeta, que padecen de sobre peso y obesidad, en alto riesgo de desarrollar enfermedades crónicas.  

Vea en este enlace un resumen de la entrevista con el especialista Granados.

Y para terminar esta nota, aquí les compartimos algunos otros enlaces que les ayudarán a ustedes a comprender aún más que nuestro derecho a la seguridad alimentaria y nutricional no es negociable.

https://www.fao.org/publications/sofi/2021/es/

 Informe mundial sobre crisis alimentarias de 2022

 https://hungermap.wfp.org/ (Mapa interactivo sobre el hambre en diferentes países del mundo)

https://www.fao.org/3/cb3685es/cb3685es.pdf (Las organizaciones de consumidores y el derecho a una alimentación adecuada: estableciendo el vínculo)