Don Juan es un paciente que padece hipertensión pulmonar, una seria afección que consiste en el estrechamiento y endurecimiento de los vasos sanguíneos que transportan la sangre del corazón a los pulmones. Esto obliga a un mayor esfuerzo del corazón para bombear la sangre. Con el tiempo, este órgano se debilita y puede desarrollar insuficiencia cardíaca.
Para la hipertensión pulmonar no hay cura, solamente tratamiento con medicinas para controlar los síntomas. Es por ello que el médico del Hospital México que atiende a don Juan le prescribió Riociguat, único fármaco aprobado por la literatura médica para esta condición de salud, pero que no está incluido en la lista oficial de medicamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Cuando don Juan llegó a la farmacia a retirar su tratamiento le indicaron que la institución no contaba con ese remedio. Así que, el paciente tuvo que armarse de más paciencia para presentar un reclamo tras otro en diferentes instancias de la seguridad social hasta llegar al Comité Central de Farmacoterapia de la CCSS, el cual también le rechazó su solicitud.
Así las cosas, don Juan tenía dos opciones: comprar el tratamiento de su propio bolsillo o interponer un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para obligar a la CCSS a suplirle el medicamento. El primer camino significaba disponer periódicamente de 1 300 000 colones para adquirir una caja con 42 comprimidos de Riociguat, dinero que no tenía. Entonces, decidió acudir al órgano judicial, el cual declaró con lugar su recurso de amparo y ordenó que la CCSS le entregara el medicamento.
El nombre de don Juan es ficticio, pero el caso es real. La sentencia de la Sala Constitucional es de agosto del 2019 y es una de muchas que este alto tribunal ha tenido que emitir a favor de pacientes en condiciones similares a las de don Juan. Esta situación no es exclusiva de Costa Rica. En no pocos países han rediseñado el financiamiento de la seguridad social y han creado un fondo para medicamentos de alto costo, en vista de los acelerados adelantos farmacéuticos para atender diversas enfermedades.
Para Freddy Arias Mora, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinador del proyecto Pro-human biolaw en la Universidad de Costa Rica (UCR), es urgente que en Costa Rica se discuta el tema más allá de promover leyes para bajar el precio de los medicamentos, lo cual no resuelve el problema de fondo, como tampoco lo ha hecho la judicialización de los casos como los de don Juan.
“La judicialización no resuelve el gran problema; resuelve la situación de un paciente, pero no el problema estructural. Eso evidencia la falta de normativa y de política pública. […] Recientemente se ha estado hablando en torno a bajar el precio de los medicamentos, pero no obedece a una reforma integral. Son soluciones paliativas. El problema de fondo es muy complejo. […] La falta de normativa, de regulación y de política pública es lo que está provocando que la gente tenga que acudir a la Sala Constitucional a reclamar un medicamento de alto costo que la Caja no puede otorgar porque crea un desequilibrio en las finanzas de la institución”, apuntó Arias.
El mismo especialista afirma categóricamente en su artículo de Voz experta que “abordajes simplistas como homologación de registros sanitarios o control de precios de medicamentos no resuelven los problemas estructurales que tiene el sistema. Es necesario que como sociedad se genere discusión y acuerdos que permitan brindar sostenibilidad al sistema para lograr una mejor calidad de los servicios de salud”.
El investigador señala que una población más envejecida y con estilos de vida no muy saludables se ha unido a diagnósticos más tempranos y a un desarrollo farmacéutico más especializado para someter a mucha presión la sostenibilidad de los sistemas de salud, en vista de que la nueva generación de medicamentos tiende a ser más especializada y cara, porque hay mucha más investigación para producir remedios para enfermedades que no tenían tratamiento alguno o para afecciones complejas, como las autoinmunes y las autodegenerativas.
“La adquisición de esos medicamentos hace que los sistemas de salud se tambaleen porque no es lo mismo comprar 10 000 aspirinas para 10 000 pacientes que 10 000 interferones. Con 1 000 dólares puedo comprar todas las aspirinas, pero con ese mismo dinero solo puedo comprar una dosis del otro tratamiento para una sola persona. […] Los medicamentos de alto costo, la sostenibilidad de los sistemas de salud y el derecho de una persona sobre la colectividad son temas que tienen que ser resueltos”, ilustró el profesional en Farmacia y Derecho.
De acuerdo con Arias, el país carece de una política nacional de medicamentos y de leyes asociadas que regulen el tema de los medicamentos de alto costo, entre otros muchos temas. Según el investigador, si el sistema no cambia, la gente seguirá acudiendo a la Sala Constitucional a exigir sus tratamientos y el tribunal seguirá fallando a favor de los pacientes, lo cual seguirá presionando las finanzas del sistema de salud porque cada vez habrá mayor número de medicamentos más especializados vinculados con patentes y con derechos de propiedad intelectual.
En este sentido, Arias señala que es urgente que el país inicie discusiones serias y a todo nivel para encontrar una solución sostenible al tema de los medicamentos de alto costo, con el objetivo de lograr un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades de salud de la población y el equilibrio financiero del sistema de salud.
A manera de ejemplo, menciona que en otras naciones se han desarrollado mecanismos de copago y de financiamiento alterno. También se han creado fuentes de financiamiento para medicamentos de ciertas patologías, como el caso del impuesto a las bebidas azucaradas, el cual va dirigido a la adquisición de fármacos asociados con cáncer de páncreas.
La Universidad de Costa Rica (UCR) y el Tecnológico de Costa Rica (TEC) están estimulando espacios de discusión alrededor de este y otros temas relacionados con el bioderecho por medio del proyecto Pro-human Biolaw, una iniciativa de universidades de España, Italia, Francia, México y Costa Rica financiada por la Unión Europea que procura la generación de capacidades curriculares en sus participantes, con la idea de integrar las ciencias de la salud con el derecho para desarrollar políticas públicas y normativas encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida y al respeto por los derechos humanos.
En el marco de este proyecto, el 27 y 28 de junio se realizará en Costa Rica el I Congreso Iberoamericano de Bioderecho y Derechos Humanos bajo el lema Hacia un futuro con compromiso ético. La actividad se desarrollará en el hotel Aurola Holiday Inn y contará con expositores de España, México, Francia, Italia y Costa Rica. A pesar de que la inscripción ya está cerrada, el evento puede seguirse por medio del canal de YouTube de Pro Human Biolaw.
El programa completo del Congreso se encuentra en este enlace.
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