Ley Marco de Empleo Público: los cabos sueltos

Un lento crecimiento salarial para el funcionariado público haría más difícil captar personal calificado para laborar en el Esado, denuncia la directora de la Escuela de Administración Pública de la UCR. Karla Richmond

Muchas son las dudas que aun deja la Ley Marco de Empleo Público, cuya normativa específica se estará definiendo en los próximos meses, antes de su entrada en vigor en marzo del 2023.  Así lo indican tanto el docente de la Facultad de Derecho y de la Escuela de Administración de Negocios, Alfonso Chacón, y la directora de la Escuela de Administración Pública, Angélica Vega.

Por ejemplo, Vega evidencia que uno de los objetivos de la ley es detener el crecimiento de los salarios. Pero, de manera paralela, el texto no establece criterios claros para desarrollar las capacidades del funcionariado público dentro de esta nueva realidad.

Incluso, alega que la incertidumbre aumenta cuando se analiza cómo podría afectar esta legislación aspectos como el teletrabajo, o lo que ocurrirá con la regionalización de los servicios públicos.

Tampoco está del todo claro cómo se gestionará el sistema entre quienes se acojan al salario global (que implica el pago según la categoría laboral a la que pertenezca la persona) y quienes sigan con el mismo esquema salarial. Quedan también por definir las escalas salariales y cómo se fijarán estas en instituciones autónomas, como la Universidad de Costa Rica.   

De igual manera, Chacón recordó que las resoluciones de la Sala Constitucional surgidas en la fase de consulta de esta ley reafirman la creación de dos tipos de personal estatal: uno que se regirá bajo las normas de las entidades autónomas (como las universidades públicas) y otro que se regiría bajo las directrices del Sistema General de Empleo Público, liderado por el Ministerio de Planificación. El experto insistió en que existe mucha expectativa sobre cómo se llevará a la práctica esta dualidad.

Por otra parte, también existen dudas del impacto que podría tener esta baja en el poder adquisitivo y el consecuente consumo del funcionariado público (12 % de la población económicamente activa del país) y cómo podría afectar esto al mercado nacional. Para las personas trabajadoras del Estado, contar con menos dinero en momentos en que los la inflación aumenta, podría repercutir en una ralentización de la economía en general, muy afectada por los efectos de la pandemia.

En esa misma vía, Vega espera que el Gobierno entrante tenga una actitud de estímulo salarial y laboral para el sector público. Recalcó que para buscar una solución equitativa y concreta, será muy necesario un sano proceso de diálogo entre el Ejecutvo y los diferentes sectores laborales del Estado.

La experta insistió también en que, como país miembro de la OCDE, Costa Rica debe entender que quienes trabajan en lo público dirigen al Estado cada día. Esto implica captar a las mejores personas trabajadoras, quienes deben ser atraídas con salarios, incentivos y sistemas de evaluación atractivos. Ella aduce que de esto dependerá la capacidad del Estado para generar cambios en la competitividad del país.