La informalidad sigue violentando los derechos laborales

En Costa Rica casi un millón de personas obtienen su sustento mediante la economía informal, y gran parte en condiciones de precariedad, sin derecho a la seguridad social o la cotización a un régimen de jubilación. Ilustración Raquel Mora Vega

Aunque desde 1889 en el mundo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, millones de personas aún no tienen las garantías mínimas que garanticen un ámbito laboral seguro y con un salario digno. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022, solo el 30 % está totalmente cubierto por sistemas de seguridad social en todas sus aspectos.

A pesar de que  existen múltiples causas, una de las principales son las condiciones económicas en los países denominados “emergentes” y “en desarrollo”, en los que predomina el trabajo informal y las contrataciones bajo acuerdos entre patronos y personas trabajadoras donde se excluyen sus derechos fundamentales.  Otros datos de la OIT calculan que la informalidad en esos países llega al 96% y que a nivel global el 61% de las personas obtienen sus ingresos por trabajos informales. Al desagregar los datos, las zonas rurales son las que muestran mayores porcentajes de informalidad, y es la agricultura la actividad en la que se ubican la mayor cantidad de personas en dichas condiciones.

En Costa Rica la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, incidió en un aumento de la informalidad. La última Encuesta Continua de Empleo publicada en enero 2022 mencionó que el 45 % de las personas se dedican a labores informales, en total unas 966 000, registrando un aumento atribuido a la pandemia sanitaria que redujo sensiblemente los ingresos de las familias costarricenses.

Con respecto a este tema, en Costa Rica las personas más afectadas por la informalidad están vinculadas a las actividades agrícolas y al sector cultural. Para colaborar en el empoderamiento de estas personas e incidir en las políticas públicas, dos proyectos de Trabajo Comunal, ejecutados mediante la Vicerrectoría de Acción Social (VAS), enfocan sus esfuerzos en esa línea. 

El primero es el referido al “Cumplimiento de los derechos laborales en las plantaciones y afines. Alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral” (TC-681); y el otro es sobre “Cumplimiento de los derechos laborales en el sector artístico y cultural y sus condiciones socio-económicas” (TC-754), ambos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. En ambos casos, se realizan actividades de acompañamiento y asesoría a personas trabajadoras en instituciones públicas.

Creatividad en tono de precariedad

En el sector cultural costarricense hay una serie de problemáticas generalizadas, en parte porque el gremio es muy amplio y diverso, y en otra porque no existe una normativa que garantice que en el desempeño de su labor cuenten con todos sus derechos, afirmó la Lic. Karen Carvajal Loaiza, coordinadora del proyecto “Cumplimiento de los derechos laborales en el sector artístico y cultural y sus condiciones socio-económicas”.

Si algo caracteriza a las personas que trabajan por la cultura costarricense son las condiciones de precariedad, en las que predomina la informalidad, el subempleo, la subcontratación y la carencia de cosas que la mayoría asume como un derecho, como tener el seguro social o la posibiidad a una pensión al final de la vida laboral.

El TC-754 está en ejecución desde agosto de 2021, a raíz de la preocupación que la docente Carvajal conoció de un informe del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) sobre las graves afectaciones de la cultura producto de las restricciones sanitarias de la COVID-19.  Por ejemplo, entre las personas profesionales de la música del sector estatal hay una problemática de larga data con respecto al tipo de jornada, ya que se les impone una prohibición de tener nombramientos parciales en distintas compañías, pues a criterio del MCJ se consideran distintas instituciones, aunque ambas están adscritas a ese ministerio; es decir, es el mismo patrono. Por el anterior motivo, se han dado despidos sin responsabilidad patronal aduciendo una prohibición sin fundamento, afirma la profesora Carvajal.

Adicionalmente, afirmó la coordinadora del TC-754, no existe uniformidad en el tipo de pago, las jornadas que implican las contrataciones y tampoco hay controles de cumplimiento de los derechos mínimos; pese a que en muchas de ellas está involucrado el Estado. Asimismo, falta reconocimiento del artista como un profesional, y a lo interno del propio MCJ se sigue discutiendo un manual de puestos para la carrera artística.

En cuanto a lo privado, aunque no existe un diagnóstico de la situación laboral del sector artístico, se podría afirmar a priori que el principal problema es el aseguramiento dada la inestabilidad del gremio, tanto así que muchas personas conjugan sus labores como artistas con otras labores distintas a su profesión, y en el caso de los subcontratistas no se sabe si cumplen o no con la normativa laboral costarricense.

Adicionalmente al trabajo realizado entre el sector gubernamental, se participó en el Simposio sobre la Condición Laboral de las Mujeres de las Artes Escénicas, realizado en enero pasado por el Colectivo de Mujeres en Escena. En el futuro, el TC-754 se abocará a organizar varias mesas de trabajo. Una de ella con entes estatales como el Ministerio de Trabajo, la Caja Costarricense del Seguro Social, el MCJ, y organizaciones gremiales para analizar las posibilidades de brindar el aseguramiento necesario. Y otros encuentros en los que se analizará cada uno de los problemas detectados durante este proyecto.

Carvajal concluyó que evidentemente existe una “ausencia de espacios de diálogo ante el Estado, esto limita la incorporación de los derechos de este sector en las políticas públicas. Esto genera que el Estado tampoco preste atención a las problemáticas, porque lamentablemente, en el derecho y a nivel del Estado no suceden cosas o no va a resolver ningún problema si no hay una demanda de los colectivos de esas necesidades”.

Las personas migrantes contratadas de manera irregular en el país carecen de garantías sociales, derecho a un seguro de salud y riesgos del trabajo y viven bajo amenazas de deportación por parte de algunos patronos, especialmente en regiones agrícolas.  Foto Semanario Universidad.

La semilla de inequidad

El proyecto de Acción Social sobre el “Cumplimiento de los derechos laborales en las plantaciones y afines. Alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral” (TC-681) es otra iniciativa de la Facultad de Derecho de la UCR.

El TC-681 reúne el esfuerzo de estudiantes de diversas carreras, bajo la coordinación del Dr. Mauricio Castro Méndez, y tiene el objetivo de facilitar procesos de formación colectiva acerca de los derechos de las personas trabajadoras y al ejercicio de la ciudadanía social por medio del fortalecimiento de las capacidades de sus organizaciones.

El proyecto parte de la premisa que las organizaciones del sector agrícola tienen un rol relevante en la determinación de sus propias condiciones de trabajo y de vida en general, así como en el cumplimiento efectivo de sus derechos laborales.  En la actualidad, el trabajo se enfoca en las zonas Caribe y Norte, acompañando a sindicatos de las plantaciones de banano y piña; y hace poco incursionaron en la región Chorotega, para brindar apoyo a personas trabajadoras de la caña de azúcar, en el Ingenio Taboga.

Este proyecto inició en el año 2017 con un objetivo muy concreto, ya que ese año entró en vigencia la reforma procesal laboral, que planteó nuevas normas. Además, que en Costa Rica en el sector privado existe una cultura antisindical muy virulenta hacia las personas que son parte de los sindicatos, como para quienes se afilian, explicó.

En los diagnósticos aplicados se han detectado una serie de problemas. Entre ellos, es que en materia de salud ocupacional se incumple la normativa; por ejemplo, no se aplica reglamento para prevenir el estrés térmico durante la jornada agrícola; o el existente sobre la aplicación de agroquímicos, para el que existe estrictos protocolos técnicos, “pero una cosa es eso y otros el biomonitoreo relacionado con la aplicación rutinaria en las aplicaciones”. En ambos casos, explicó el docente, se está desarrollando una estrategia para subsanar estos vacíos en las prácticas agrícolas.

En el tema de jornadas y salarios la principal irregularidad es que las empresas propietarias de las plantaciones “acuerdan” con las personas pago por hectáreas o cajas de productos; “pero la legislación indica que si ese pago resulta inferior al mínimo por la jornada regular se debe ajustar. Pero en muchas empresas que pagan a destajo no están haciendo el cálculo de lo que el trabajador debería recibir. Por eso, junto con el Ministerio de Trabajo se está diseñando una aplicación para calcular cuánto debería recibir por lo realizado”, dijo Castro.

Finalmente, otra situación sumamente grave, es la discriminación y abusos con motivo de la condición migratoria de la persona, sobre todo en la zona norte. “Un primer tipo de problema es que hay empresas que prefieren traer trabajadores en condición irregular porque son más vulnerables y no cuentan con la seguridad social, y hasta utilizan la amenaza de deportación cuando los trabajadores exigen sus derechos. Lo segundo es que en esa zona predomina un sistema de subcontratistas que brindan servicios a la empresa principal, y de esta manera esquivan sus responsabilidades legales. Aunque esto es un secreto a voces, en el resto del país existe un desinterés total sobre el asunto, y no fue hasta que las poblaciones migrantes fueron un foco de contagios por la COVID-19 que se les volvió a ver, pero al costarricense en general no le interesa la población migrante y sus derechos”, concluyó Castro.

Este equipo de la UCR trata de “identificar las problemáticas, buscar respuestas, generar documentos, manuales, guías o videos para facilitarle a las personas trabajadoras sobre las mismas”, explicó el docente Castro. Otros de los productos generados son el diseño de propuestas, capacitaciones o estrategias de incidencia; a veces por una organización o una plataforma conjunta; y en otros casos se trata de aportar información como entrarle a los procesos que se están viviendo en casos particulares, detalló.

Una conmemoración sellada con sangre 

A finales del siglo XIX las jornadas laborales eran de 16 horas diarias; y las fábricas operaban en condiciones insalubres y alto riesgo para la vida de las personas. Para ese periodo, los Estados Unidos se habían convertido en un importante centro del desarrollo impulsado por la Revolución Industrial.

El 1o de mayo de 1886 inició una huelga en la ciudad de Chicago que terminó tres días después, y se exigió el cumplimiento de la jornada laboral de ocho horas. Tras las revueltas se desconoce a ciencia cierta el número de fallecidos y heridos; pero quienes pasaron a la historia fueron ocho dirigentes que luego se conocerían como los “mártires de Chicago”. Posteriormente, el Congreso Internacional de Trabajadores, realizado en París en 1889, declaró el 1o de mayo como el Día del Trabajo y desde entonces cada año las personas trabajadoras marchan por las ciudades del mundo en pro de sus derechos laborales, garantías sociales para sus naciones y en protesta contra los proyectos de Estado que atentan contra las mismas.

En Costa Rica, la primera marcha ocurrió el 1o de mayo de 1913, por iniciativa de educadores ilustres como María Isabel Carvajal -Carmen Lyra-, Omar Dengo y Joaquín García Monge. Con el surgimiento del Partido Comunista en 1931, de la mano de Carvajal y Manuel Mora, entre otros intelectuales, la fecha tomó fuerza, hasta la proscripción de esa agrupación política y el encarcelamiento, destierro y asesinato de sus líderes tras la conclusión de la confrontación bélica de 1948, de la que se declaró ganador José Figueres Ferrer.