Universidad de Costa Rica
Doña Julia es productora agrícola y vende papas, yucas, ñampíes y otros tubérculos en la feria. Ella está preocupada por su economía familiar y con justa razón: cada vez su dinero le alcanza menos para comprar los bienes básicos de subsistencia.
En parte, esto se debe al aumento de gasolina (ya casi en sus máximos históricos, producto en gran parte de la guerra entre Rusia y Ucrania), que encarece la importación y el transporte de muchos productos que doña Julia requiere para su hogar, familia y cuidado personal (ropa, objetos de limpieza, alimentos y un largo etcétera). Tampoco le ayuda la devaluación del colón, pues los precios aumentan para ella y sus clientes, reduciendo de paso sus ventas.
Además, la crisis fiscal del Estado limita sus posibilidades de dar subsidios a quienes, como nuestra protagonista, no tienen un ingreso fijo mensual. Y el turismo (una de las principales fuentes de ingresos del país que dinamiza la economía) aún no termina de despegar, en parte por la pandemia y en parte porque la subida en el costo de la gasolina afecta a la mayoría de países de manera importante, elevando la inflación y encareciendo viajes.
Este es el contexto que enfrenta doña Julia y el nuevo gobierno que asuma las riendas del país, a partir del 8 de mayo. Y aunque desde ambos bandos hacia la segunda ronda se augure una “tierra prometida”, la verdad es que el margen de maniobra para hacer malabares con la economía será estrecho. A esa conclusión llegó el director del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR, Dr. Juan Robalino Herrera.
En el contexto económico y geopolítico actual, sostener el precio de los combustibles sin que esto signifique desfinanciar al Estado es uno de los principales desafíos para el nuevo gobierno. De hecho es el primer impacto directo que percibe nuestro país de la invasión rusa a Ucrania.
Siendo Rusia el segundo productor de petróleo en el mundo, este golpe es ineludible. El gigante euroasiático producía el año pasado 9,7 millones de barriles por día (solo por debajo de los 10,2 millones de Estados Unidos) y exporta más de la mitad de esa producción (5 millones de barriles diarios), según la empresa de investigación energética e inteligencia empresarial, Rystad Energy.
No obstante, el aumento en el precio no se debe a una baja en la colocación de petróleo ruso en el mundo, pues las sanciones no abarcan ni las importaciones de su crudo ni de su gas. Es más bien una reacción de los mercados ante la incertidumbre que podría provocar un descenso en esta producción, como ya se puede apreciar en las gasolineras. En todo caso, Robalino tiene la esperanza de que este fenómeno sea pasajero y no afecte mucho al país.
Robalino asegura que la solución a este problema no llegará hasta que el país logre una transición en masa a la electrificación de su transporte. Solo así se reduciría de manera definitiva el impacto de los aumentos en el precio del petróleo sobre los bienes de consumo de la población.
El experto señaló que la guerra ruso-ucraniana no debería de provocar más efectos sobre la economía nacional, ya que la economía de Rusia no está tan interconectada con el resto del mundo como la de otras superpotencias, debido a que ya había sido sancionada en otras oportunidades.
En cuanto a la devaluación del colón, el valor del dólar se vería afectado por el incremento en el costo de las importaciones (de nuevo, sobre todo el petróleo), que impulsaría la demanda de la moneda estadounidense, así como la demanda de dólares interna, como moneda de refugio. En este aspecto, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) juega un papel fundamental con las intervenciones para evitar volatilidades, usando sus reservas de dólares que siguen robustas.
Todo lo anterior hace prácticamente imposible cumplir con la meta fijada por el BCCR para la inflación en este año, dato que calculó en un 3,9 % pero que probablemente termine arriba del 5 %. Robalino recordó que las decisiones que pueden afectar esta variable dependen no del candidato que triunfe en los comicios de este domingo, sino de factores externos y del presidente del Banco Central, quien a su vez es nombrado por el Ejecutivo, pero que cuenta con un importante nivel de autonomía y maneja la política monetaria del país.
Hay dos temas que ocupan la agenda económica del gobierno en los últimos años y ambos están relacionados con el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional. El primero es el proyecto de ley de renta dual, que cobra un impuesto sobre la totalidad de los ingresos laborales que genera una persona, y no como antes, que se tasaba cada ganancia por aparte, generando un pago mucho menor por estos gravámenes.
Según el experto, para que este proyecto sea realmente progresivo, el Ministerio de Hacienda deberá ser capaz de identificar el origen de estos ingresos, es decir, de cuán potente sea su monitoreo. Además el proyecto deja abierta la posibilidad de que Hacienda defina qué ingresos se pueden contabilizar y cuáles otros excluir, para determinar si vienen de una o de varias fuentes. Este detalle es de mucha importancia, considerando que el país tiene uno de los sistemas impositivos más regresivos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El otro gran tema es la aplicación de la Ley de Empleo Público. Robalino explicó que un efecto positivo de esta dependerá de cómo se defina el salario base para cada categoría laboral, así como su implementación. Incluso, el director del IICE adelantó que será necesario esperar varios años para ver resultados en esta homologación salarial en el déficit fiscal.
Sobre las repercusiones que puede producir la Regla Fiscal en el futuro, el reto para el nuevo gobierno será su aplicación en las diferentes instituciones del Estado. Los efectos de los recortes en el gasto en diferentes instituciones tienen diversas consecuencias sobre la economía y sobre el bienestar de las personas. Saber dónde recortar en forma eficiente es clave para no perjudicar a la economía en general y a quienes menos recursos poseen.
