En el año 2022, una serie de organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de base agro, se acercaron a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica y le solicitaron al rector que la Universidad asumiera el papel de motor articulador de muchos grupos sociales que andan dispersos y que requieren de un espacio y apoyo idóneos para sentarse a dialogar sobre sus preocupaciones en torno a, según dichos grupos, los peligros que están circundando a diferentes instituciones y campos de la sociedad que son clave en nuestro Estado social de derecho.
Ante tal solicitud, la UCR reflexiona y entiende que es su deber responder ante este llamado a la reflexión nacional, así como sumar para amalgamar inquietudes y propuestas que circulan casi siempre unilateralmente, que reúnen preocupaciones varias, pero que convergen con claridad en una gran interrogante: ¿qué está pasando con el Estado social de derecho y el contrato social que suponía y que distingue históricamente a la sociedad costarricense en nuestra región y en el mundo?
El decano de la Facultad de Letras, el Dr. Francisco Guevara, explicó que el hecho de que los movimientos sociales busquen a la UCR para reflexionar sobre la realidad nacional provoca satisfacción y esperanza en el tanto los distintos actores sociales estén en busca del capital intelectual: conocimiento, datos y estadísticas que les permitan construir una visión integral de los problemas nacionales.
A raíz de esa reflexión, el pasado octubre, tuvo lugar en la UCR un primer encuentro de organizaciones y movimientos sociales. Unas 40 agrupaciones acudieron a este primer encuentro: organizaciones de la sociedad civil, de la diversidad, de cultura, de mujeres, de la agricultura, sindicatos de varias instituciones que dan servicios públicos, entre otros.
En este intento de articulación, participan las universidades públicas en la figura del Consejo Nacional de Rectores (Conare). “Esta incorporación del resto de universidades públicas busca que seamos entonces el marco articulador de ese movimiento social que anda desde hace algunos años desamparado, agobiado”, detalló Marinela Córdoba, politóloga y asesora en la Rectoría de la UCR.
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Un segundo encuentro de movimientos sociales se realizó este lunes 28 de noviembre, en el Aula Magna de la UCR. El espacio denominado Foro por el Futuro será la oportunidad para presentar a las diferentes organizaciones sociales una propuesta de mesas de trabajo para los próximos seis meses. “A estas mesas se invitará al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para trabajar en once temas específicos que inquietan a los movimientos sociales. Se pretende construir algunos productos que se puedan retribuir a los tomadores de decisiones en el país, a través de propuestas, proyectos de ley, etc.”.
El espacio incluyó un conversatorio sobre las políticas actuales en torno al Estado social de derecho con intervenciones de representantes de las organizaciones allí reunidas. La Federación de Estudiantes de la UCR también presentó un manifiesto. Hassan Lobo, presidente de la FEUCR, señaló que lejos del discurso populista "... la presencia de los sectores sociales en el foro nos llena de esperanza de un porvenir más justo y democrático".
“Es un momento de compartir, de reflexión y de diálogo, en el cual abordaremos la propuesta metodológica para el trabajo que iniciaremos a partir del 2023”, concretó Córdoba.
Para Marinela Córdoba, parte de la respuesta se encuentra en la legitimidad que la UCR también se ha ganado por su interlocución histórica con muy diversos grupos, temáticas y comunidades; por la capacidad y recursos intelectuales que las organizaciones sociales reconocen en la universidad pública. “La UCR es la llamada a cobijarnos, nos han dicho estas organizaciones, se sienten amparadas en la U, donde ven aún un poquito de ese Estado social de derecho que está en riesgo”.
Por su parte, Pablo Morales, asesor de la Rectoría, considera que todos esos movimientos y organizaciones sociales buscaron a la UCR porque “sienten que están excluidos de la discusión política del modelo productivo que se está gestionando desde algunos espacios políticos, y también porque perciben políticas que debilitan a la institucionalidad pública y a la democracia. Entonces, frente a ese escenario, la UCR es un actor que puede aportar en el análisis y la reflexión sobre esas temáticas”.
Morales señala que es pertinente recordar las funciones constitucionales que se le han encomendado a la Universidad. “La Constitución Política nos manda hacer análisis y reflexión, y esto lo haremos en este foro del 28 de noviembre. Analizaremos y reflexionaremos sobre las situaciones que nos están planteando esos movimientos sociales, sobre esa coyuntura, se trata de generar acciones democráticas en defensa del Estado social de derecho, la democracia y la institucionalidad pública”.
Si bien cada una de estas organizaciones y movimientos tiene una agenda más propia, esta iniciativa en la que el marco articulador está conformado por las universidades públicas no va a gestionar un conjunto de agendas gremiales. “Nosotros, como universidades, vamos a gestionar las preocupaciones de fondo al respecto de la institucionalidad pública, la democracia y el debilitamiento del Estado social de derecho. Es otro plano de discusión en el cual todos estos sectores coinciden, pero que son excluyentes de sus agendas gremiales, están en otro ámbito”.
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Aunque la tarea principal de este trabajo conjunto con las organizaciones y movimientos sociales es la reflexión, la idea es que la Universidad pueda también aportar cuando exista una movilización social y las personas tengan claro por qué se movilizan, “que no sea una movilización en abstracto, desinformada; a la Universidad le puede tocar el rol de problematizar los temas frente a los cuales la gente se moviliza”.
Finalmente, Morales enfatiza que la vida de la mayoría de la población costarricense, a diferencia de otros países, pasa muchísimo más por un entramado de institucionalidad pública que toca diferentes puntos de nuestra vida. “Porque nuestra institucionalidad pública no solo protege los derechos de primera generación (derechos individuales), sino que protege derechos humanos de segunda generación que son derechos económicos, sociales y culturales que tienen que ver con jubilación, con sanidad pública, con educación, entre muchos otros; son derechos que se ejercen más colectivamente que individualmente”.
El rector de la Universidad de Costa Rica, el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, dijo que no se pude permanecer indiferente a los ataques al Estado social de derecho y pidió que, así como se deben dejar de lado las diferencias entre las universidades públicas, se deben dejar de lado las diferencias entre las distintas organizaciones, que no se trata de defender a las organizaciones ni sus privilegios, pero sí defender la institucionalidad.
La funcionaria Córdoba rescató que después del histórico confinamiento por la pandemia del COVID-19, después de una desmovilización es importante sentirnos unidos como sociedad civil, como movimiento. “También es importante el convivir y sentirse ciudadano, ciudadana, con empoderamiento, y eso lo va a permitir esta articulación que se va a hacer desde la UCR”.
Córdoba agrega que es importante entender que la sociedad civil, que los movimientos sociales, necesitan volver a tener voz, y a través de la Academia, de su metodología, de los datos, de la ciencia, se pueda educar y aterrizar de manera menos abstracta en estos temas de ciudadanía que son tan importantes. “Presentar propuestas claras, concretas, de calidad en forma y en fondo para el futuro del país y, sobre todo, para la defensa de nuestro Estado social de derecho”.
En referencia a ese modelo de Estado social de derecho, Morales también suma que la institucionalidad pública, tal como se definió en la Constitución Política y como se desarrolló en las principales leyes del país, tiene por objetivo “penetrar y conectarse directamente, cuando no es gestionar en forma directa, la productividad del país y, por eso, las instituciones públicas son un referente indispensable para entender el desarrollo del país en los últimos 70 años”.
A. Un diagnóstico de las principales problemáticas que aquejan al sector o temática de análisis.
B. Una serie de medidas para el corto, mediano y largo plazo, que serán trasladadas por el rector al Poder Ejecutivo y Legislativo.
Los procesos podrán producir propuestas de ley específicas en las áreas temáticas debatidas.
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