El país y su población mayor enfrentan retos económicos que se agravarán en el futuro

Hoy, en Costa Rica, el 23 % de las personas (sin distinción de edad) viven por debajo de la línea de pobreza. Pero, en el 2018, previo a la crisis económica provocada por la pandemia, el 24 % del total de hogares de adultos mayores eran pobres; versus el 21 % de pobreza registrada en hogares donde no habita esta población. La diferencia la hicieron los ingresos fijos por pensión.

El investigador Gilbert Brenes Camacho, del CCP-UCR, explica que hoy una tercera parte de los adultos mayores del país no cotizaron para su jubilación y, por lo tanto, no perciben ningún dinero. El otro 67 % de las personas pensionadas se divide en un 50 % que está en el régimen contributivo y un 17 % que percibe ayudas del régimen no contributivo (datos también del 2021).

Además, Brenes comentó que, normalmente, los hogares de personas pensionadas ya cancelaron el préstamo de su vivienda, esto les brinda mayor liquidez para otros gastos. Pero también está la otra cara de la moneda: aún hay mucho adulto mayor que paga alquiler de vivienda o que vive en casas en mal estado.

En términos generales, los ingresos provenientes de las pensiones sí le deberían alcanzar a la población mayor para subsanar sus necesidades fundamentales. El problema viene cuando otras personas dependen de esos mismos fondos o, peor aún, se aprovechan de estos recursos, en detrimento de sus seres cercanos jubilados.

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Cuando los ingresos no rinden o cuando existe la necesidad de sentirse económicamente activos, trabajar es una opción que toman muchos individuos en su "edad de oro". Según el CCP, el 16 % de ese estrato etario realiza alguna labor remunerada (13 % en el caso de la gente con pensión). Esto plantea también otras alertas: asegurarse de que las condiciones de trabajo se adapten a sus necesidades físicas y mentales, que el estrés sea manejable, y administrar de forma correcta su jornada laboral.

También está el caso de personas en edad avanzada que hacen trabajos sin remuneración. Aquí destacan labores como el cuido de menores de edad, personas con discapacidad u otras coetáneas que se encuentran enfermas y no tienen autonomía. Y, si bien este tipo de labor no recibe salario, representa un ahorro fundamental para muchas familias, aunque también produce una labor de desgaste físico y emocional de mucho impacto entre quienes ejercen la función de cuido.

Además, es común que personas en edades entre los 40 y 65 años deban dejar su trabajo para cuidar a otras que ya son adultas mayores, lo cual reduce o elimina el monto de su pensión a futuro. Como suele ocurrir, esta sobrecarga recae principalmente sobre las mujeres, esto convierte a dicho problema en un tema también de género. Se espera que este fenómeno aumente conforme haya más personas en su tercera edad y menos cuidadoras en edades inferiores.

Brenes indica que otro asunto que vincula el género y la edad con la situación económica es que los hombres mayores de 65 años suelen tener más capacidad de aportar recursos que las mujeres. Estas últimas suelen ser más receptoras de dinero que donadoras, debido a que muchas hicieron trabajos no remunerados, por ejemplo, ser amas de casa y/o cuidadoras.

La cobija no da para tanto

Un dato que es más que alarmante es que, del total de personas mayores que viven en pobreza o en extrema pobreza, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) solo puede atender entre el 10 % y el 15 %, la mayoría de ellas sin derecho a pensión por no haber cotizado para el sistema. 

La directora del Conapam, Emiliana Rivera Meza, agrega otro ingrediente de preocupación: el acceso de este tipo de personas a fuentes laborales tampoco es sencilla, ya que son víctimas de discriminación por su edad, condición social, falta de aptitudes o, simplemente, porque las empresas no están dispuestas a contratarlas. 

Un problema adicional y cada vez más serio es el abandono económico por parte de hijos o allegados. En muchos casos, las personas mayores sufren de violencia patrimonial, es decir, les quitan sus posesiones y las dejan en la miseria.

Esta situación se ha ido multiplicando. Según los registros del Conapam, mientras hace unos años la cantidad de abandonos rondaba los 200 casos anuales, a setiembre de este año se contabilizan ya 600 reportes de este tipo. De ellos, el Consejo logró reubicar a unas 400 personas, pero todavía una de cada tres reportadas en tal estado continúa a la deriva, lo cual afecta su bienestar de forma evidente.

Un horizonte poco halagüeño

Hay otros aspectos que, aunque no son problemas que estén por explotar, sí que ameritan la atención de la sociedad y el Estado. Por ejemplo, el CCP señala que casi la mitad de la gente económicamente activa trabaja hoy en el sector informal, es decir, no cotiza para su pensión. Cuando esta población sea adulta mayor, probablemente deberá seguir laborando en el sector informal para sufragar sus gastos.

Al haber aún menos contribuyentes, esto repercutirá en la escasez de recursos para los fondos de pensión y, por lo tanto, menos dinero para cubrir las necesidades de estas poblaciones en el futuro, o bien, que no haya del todo recursos para pagar las mensualidades de jubilación.

Otro detalle sociodemográfico y económico que ya se presenta, pero que será cada vez más común, es encontrar personas mayores viviendo solas o con sus parejas, sin hijos y, por lo tanto, sin la posibilidad de contar con un apoyo económico adicional en caso de no cotizar. De ahí que los planes de pensiones complementarios serán más que necesarios para asegurarse una vejez digna y que el bienestar de las personas en el futuro no dependa de las ayudas económicas de otros.

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La mejora de la calidad de vida depende de más recursos

Para que el panorama económico de la población mayor sea más optimista, hay que tomar decisiones desde ahora. Costa Rica requiere de respuestas prontas y coordinadas sobre su proceso de envejecimiento. Y con “Costa Rica”, no solo hablamos de proyectos del Gobierno o la Asamblea Legislativa, sino también las instituciones públicas, la empresa privada, las organizaciones no gubernamentales (asociaciones comunales, deportivas, religiosas y familiares) y, por supuesto, que eso nos involucra a usted y a mí.

El primer gran reto es cómo hacer frente a una ola poblacional superior a los 65 años, la cual exigirá cada vez mejores atenciones y más recursos, sobre todo para las personas que son incapaces de sufragar sus propios gastos en bienes y servicios que les permitirán tener una mejor calidad de vida.

Hay algo claro y es que el Estado, por sí solo, no dispone de la cantidad suficiente de recursos para poder dar ayudas asistenciales a la población mayor que las requiere. Así lo señala la directora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), Emiliana Rivera Meza, quien urgió la necesidad de reasignar recursos en beneficio de este sector.

Esta situación empeorará conforme aumente el número de personas en esa condición y se reduzca el presupuesto de entidades como el Conapam, así como las cargas fiscales que aportan diferentes instancias financieras públicas (algo que podría agravarse con el eventual cierre del Banco de Costa Rica, por ejemplo).

La única vía que depende del Estado para recolectar fondos que sean utilizados para el financiamiento del Conapam es la creación o la asignación de impuestos. Sin ellos, es imposible cubrir necesidades como la alimentación, el cuido o las donaciones de equipo (camas ortopédicas, sillas de ruedas, entre otros) que requieren algunas personas mayores en situación de pobreza (ayudas que se entregan con un estudio socioeconómico previo de cada caso), o bien, para financiar hogares de larga estancia para esta población.

Específicamente sobre los hogares de larga estancia, la situación no es urgente, pero puede llegar a serlo. Según el investigador del Centro Centroamericano de Población (CCP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gilbert Brenes Camacho, en este momento menos del 1 % de las personas mayores acuden a esta opción para vivir. Pero, en el futuro, al aumentar el número de adultos mayores y reducirse el de personas cuidadoras, así como sus ingresos económicos, esta podría ser una alternativa con mayor demanda en el mediano y largo plazo.

Por ahora, los recursos que gira la Junta de Protección Social son suficientes para su sostenimiento, pero este panorama variará en el futuro, ya que los ingresos de esta entidad no crecen al mismo ritmo que dicha población.

Otra estructura que depende del Estado es la Red de Cuido de Personas Adultas Mayores, creada en el 2011. Se trata en realidad de 55 redes en todo el país que dan soporte a estructuras comunitarias integradas por diferentes actores para atender a unas 14 500 personas. El Conapam es su principal proveedor de recursos económicos.

Soluciones más allá del Estado

El Conapam ya les ha hecho saber a los poderes Ejecutivo y Legislativo la necesidad de contar con más ingresos para ampliar su margen de acción. Sus fondos provienen de dos fuentes: un 31 % de los impuestos recaudados por la Ley de cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos, sumado al 2 % del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf). Además, la Presidencia gira un monto adicional para cubrir gastos administrativos. Pero ese dinero sigue siendo insuficiente.

La opción que las personas consultadas observan más viable para resolver este déficit que crecerá en el futuro es financiar parte de las ayudas a la población mayor en situación de precariedad por medio de los aportes de empresas privadas (por vía responsabilidad social empresarial, eventualmente deducible de impuestos) y de organizaciones no estatales.

Y aunque parte de esta colaboración no estatal ya se da, lo cierto es que la descoordinación es un factor que impide maximizar los recursos existentes. Por eso, tanto Brenes como Rivera señalan la necesidad de mejorar la coordinación de esas aportaciones y canalizarlas por medio de dicha entidad.

Por otra parte, la salud preventiva (buena alimentación, hacer ejercicio...) durante la etapa adulta de la población no solo es adecuada para aspirar a una buena calidad de vida en la vejez, sino que también es otra forma de ahorrarle dinero al Estado (específicamente a la Caja Costarricense de Seguro Social) en la atención de enfermedades crónicas no transmisibles, que cuestan anualmente millones de colones. No es una solución completa, pero suma.

Según Brenes, otro factor que ha colaborado bastante en las últimas décadas para evitar un déficit de población económicamente activa en el país es el bono demográfico que ha aportado la constante migración que Costa Rica ha recibido, mucha de la cual cotiza para el sistema de pensiones y aporta con sus impuestos a la atención de las personas mayores.

El problema que tiene este factor es que la inmigración se ha estancado o disminuido en los últimos años. El investigador del CCP aconseja que el país se plantee la posibilidad de posicionarse como un destino atractivo para personas que deseen laborar, sobre todo si es en áreas relacionadas con la atención de la población mayor.

Fomentar el empleo para personas mayores es otra de las opciones parciales al embrollo económico que existe y que se avecina. La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor contempla la creación de una bolsa de empleo y de fuentes de financiamiento para generar emprendimientos. Además, tanto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como el Conapam velan en el país para que esta población pueda ejercer alguna labor si así lo desean, sin importar si está o no pensionada.

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