La propuesta elimina al Consejo Nacional de Rectores como el foro que define los planes de largo plazo de las universidades públicas

Proyecto del Ejecutivo pretende amordazar la libertad académica

Laura Rodríguez Rodríguez

Este miércoles 12 de octubre el rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta presentó en el espacio de consejo ampliado su lectura sobre el proyecto “Ley reguladora del fondo especial para la educación superior” N° 23.380 que presentó el Poder Ejecutivo la semana anterior a la Asamblea Legislativa con el objetivo de encontrar argumentos jurídicos para debilitar la educación superior pública.

“Este proyecto entrega las universidades públicas a cuatro ministerios del Poder Ejecutivo” señaló de forma contundente el Rector Gutiérrez Espeleta para dimensionar la transformación que el texto pretende.

Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, exrector Gabriel Macaya Trejos y exrectora Yamileth González García tras sesión del consejo ampliado de rectoría, la tarde de este 12 de octubre.

Se espera que el proyecto sea convocado a debate a partir del próximo 1 de noviembre, y aunque muestra grandes roces constitucionales, sí hay evidencias de una estrategia que intenta polarizar a la comunidad universitaria, pone a discutir entre sí a las universidades públicas con el tema de la redistribución, y contribuye con la polarización de la sociedad costarricense al disminuir el concepto de autonomía universitaria en un escenario fiscalista y sin sensibilidad hacia la importancia de las libertades constitucionales.

También, pone a competir a la educación primaria, secundaria y universitaria, debilitando la asignación de recursos del FEES.

Ante la presentación de este proyecto la Universidad de Costa Rica anuncia que seguirá siendo la universidad integral y universal, aportando desde el libre pensamiento, el derecho a la discusión, el derecho a la diferencia, el derecho a la divergencia, y el derecho al desarrollo del arte y la cultura.

“El proyecto apunta al corazón de la Autonomía Universitaria: si una carrera no está incluida en un Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de turno, no tendría presupuesto” advirtió el Vicerrector de Docencia Felipe Alpízar.

La lectura del proyecto de ley evidencia el desconocimiento, por parte de los proponentes, del aporte de las universidades públicas en investigación y acción social, pues simplifica el presupuesto de las universidades a la cantidad de estudiantes matriculados. Ignora por tanto, la labor humanista, de desarrollo de la investigación y la innovación de las universidades públicas.

Se entiende que este proyecto, considerado “abominable” por la audiencia, es un juego jurídico que quiere, con pretexto fiscal, asaltar el fondo y la naturaleza de los pilares de la sociedad costarricense. En ese sentido, la Vicerrectora de Acción Social Marisol Gutiérrez Rojas dijo que la propuesta se alinea con el desmantelamiento de la Universidad, pero también de las otras instituciones que dan sustento al Estado Social de Derecho; que se entiende que no es casual lo que está ocurriendo con la CCSS, con el INS con la banca pública y el letal recorte al presupuesto del Ministerio de Cultura.

“Entendemos el intento violento de privatización de las instituciones públicas” señaló Gutiérrez Rojas.

Es el fundamento mismo de esta institución el que está siendo atacado y recordamos que con cada golpe, nunca tan fuerte como este, la universidad ha salido fortalecida. Quieren destruir la idea de esta institución que molesta a ciertos sectores del Estado, pero seremos una vez más propositivos, asumiremos los retos de mejora, representaremos una vez más los mejores ideales, porque estamos convencidos de lo que es la UCR para Costa Rica, concluyó el exrector de la UCR Dr. Gabriel Macaya Trejos.

El sector estudiantil, por su parte, denuncia que el proyecto los deja por fuera del proceso de negociación del FEES; al respecto el presidente de la Federación de Estudiantes (FEUCR), Fabián Hassan Lobo, explicó que no permitirán que los excluyan. El llamado a la población estudiantil es a estudiar la función de la educación superior pública en Costa Rica, estudiar a fondo el proyecto y sus intenciones, y no permitir que se eliminen derechos conquistados por los movimientos estudiantiles.