La Escuela de Salud Pública, el Instituto de Investigaciones en Salud (Inisa) y la Escuela de Nutrición, todos de la Universidad de Costa Rica (UCR), muestran su apoyo al proyecto de ley expediente 22 065 que propone el etiquetado nutricional al frente de los empaques de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Así lo manifestaron esas tres unidades en comunicado enviado en diciembre del 2021. De acuerdo con el documento, (mismo que puede ser consultado en su totalidad al hacer clic aquí) el proyecto de ley 22 065 favorece el cumplimiento del derecho del consumidor al permitir acceder a información veraz y oportuna sobre el contenido nutricional de los productos.
Lo anterior es especialmente relevante ante el panorama alimentario actual. Según se expresa en el documento, las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación en Costa Rica aumentan a un ritmo alarmante, lo que representa un grave problema para la salud pública. Las consecuencias de esto son cada vez más palpables.
La Encuesta de Factores de Riesgo Cardiovascular de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del 2018, dirigida a mayores de 19 años, puso sobre la mesa una prevalencia de hipertensión arterial de 37,2 % y una prevalencia de diabetes de 14,8 %.
Asimismo, con base en el Censo Escolar del Ministerio de Salud del 2016, hay un claro aumento de exceso de peso en niños y niñas escolares. Este censo retrata un aumento de 1,5 % de forma sostenida. En el 2008 la prevalencia de exceso de peso fue de 21 % y en 2016 de 34 %.
“La ley de etiquetado frontal viene a facilitar la lectura de etiquetas que actualmente requiere conocer tamaños de porción, así como entender las relaciones de nutrientes y cómo se aplican a cada persona. Este proyecto favorece la identificación de alimentos altos en calorías, grasa total, grasa saturada, azúcar o sodio; con un símbolo de entendimiento claro que es el octágono negro. Este proyecto facilita la toma de decisiones informadas, la protección de las personas menores de edad respecto a estrategias comerciales directas (desde los personajes, juguetes y vinculación con películas o deportistas del momento). Es decir, ver el alimento procesado con sus cualidades alimenticias y no porque traen simbolismos asociados”, comentó la Dra. Nadia Alvarado Molina, docente de la Escuela de Nutrición de la UCR.
La idea del proyecto de ley es incluir un sello en forma de octágono al frente del empaque cuando el producto se excede en azúcar, grasas saturadas, grasas trans o sodio. Esto favorecería a que las personas puedan tomar decisiones más informadas y conscientes al seleccionar sus alimentos, afirman las especialistas de la UCR.
“En Costa Rica hay múltiples situaciones dentro del panorama nutricional. A pesar de que el exceso de peso no es una patología en sí misma, esta tendencia creciente es un reflejo de múltiples factores ambientales, incluido el ambiente alimentario y de actividad física, en los cuales se evidencia que los alimentos frescos han sido reemplazados por alimentos procesados cada vez con más frecuencia y en mayor porcentaje de la alimentación. La información clara puede ser un motivador y una señal para la acción y el cambio”, enfatizó la Dra. Alvarado.
De igual forma, de aprobarse el proyecto se ayudaría a limitar las estrategias de mercadeo de los productos alimenticios que tienen exceso de algún nutriente crítico (azúcar, grasas saturadas, grasas trans o sodio, entre otros).
Datos de la UNICEF (2021) exponen que uno de cada dos niños y niñas, atraídos por la publicidad, compran productos alimenticios poco saludables.
En cuanto al ámbito nacional, el comunicado menciona un estudio del 2019 titulado “Marketing televisivo de alimentos y bebidas dirigido a niños en Costa Rica: estado actual e implicaciones políticas”, el cual encontró que en el país más del 90 % de los productos publicitados en televisión no cumplió con los estándares de calidad nutricional.
Ese mismo estudio también identificó que los productos que utilizan dibujos animados, deportistas o promociones en los alimentos tienen un mayor contenido de nutrientes críticos en comparación con los productos que no los utilizan, se cita en el comunicado.
“Existen investigaciones que demuestran que el uso de este tipo de estrategias de mercadeo influyen en la decisión de compra y preferencias alimentarias de la población infantil y adolescente, animándolos y motivándolos a consumir alimentos con alto contenido de azúcares, sodio, grasa, calorías y, a su vez, prefiriendo estos alimentos en lugar de alimentos frescos como las frutas y los vegetales. Por lo tanto, es importante la aprobación de este proyecto de ley que, además de informar a los consumidores del contenido de nutrientes de los alimentos, busca proteger a la población infantil y adolescente de la exposición a estrategias de publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas poco saludables”, explicó la M. Sc. Tatiana Gamboa Gamboa, docente de la Escuela de Salud Pública de la UCR.
Para las expertas, el proyecto de ley complementa las acciones que ha venido realizando el país y que están orientadas a revertir el perfil epidemiológico de la alta prevalencia de la obesidad y de otras enfermedades no transmisibles.
Por ejemplo, tan solo en la Encuesta Colegial de Vigilancia Nutricional y Actividad física (2018) se observó un 30.9 % de sobrepeso y obesidad en adolescentes, un hecho inquietante de salud pública, especialmente, en la adolescencia.
Dicho panorama, al ser una condición multifactorial, debe tener soluciones que respondan a las distintas necesidades identificadas. Una de ellas es la educación a los consumidores para que tomen decisiones informadas, fáciles y rápidas a la hora de seleccionar sus alimentos, reiteran las docentes.
“Ante nuestra realidad actual, en que la economía se ha visto impactada a raíz de la pandemia, un temor sumamente válido es la afectación de este proyecto de ley en el sector productivo de alimentos. Sin embargo, lo esperable es que las empresas desarrollen y amplíen su oferta de alimentos saludables. Así ha ocurrido en países como Chile, donde después de aprobada la ley no hubo un impacto en cuanto a empleos, salarios y producción del sector alimentario”, dijo la Dra. Carolina Santamaría Ulloa, directora del Inisa-UCR.
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