Rector de la UCR: ''Nos convoca la defensa de la educación pública en todos sus niveles''

Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta Karla Richmond

El rector de la Universidad de Costa Rica, el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, convocó este viernes 26 de agosto a una sesión de Consejo Ampliado de Rectoría, para dar reporte de lo acontecido en la cuarta sesión de la Comisión de Enlace que concluyó con la firma del acuerdo del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) para el 2023. 

La autoridad informó al grupo de autoridades universitarias sobre los detalles de la firma bajo protesta que realizó la Institución al acuerdo FEES 2023. En ese sentido, se aclaró que un aspecto positivo del acuerdo es la inclusión de los fondos correspondientes a la Universidad Técnica Nacional (UTN) en el FEES. Esta decisión permite consolidar la estabilidad de los recursos de tal universidad y garantizar su adecuada operación en el tiempo.

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Sin embargo, existieron dos puntos en los que la Comisión no logró consenso: el cumplimiento del artículo 78 constitucional y el aumento por concepto de inflación. En este sentido, la Universidad de Costa Rica y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) remitieron al Consejo Nacional de Rectores (Conare) una propuesta el pasado viernes 19 de agosto. Esta propuesta contemplaba el reconocimiento de la inflación interanual a mayo calculada en un 8,71 % y, de este monto, un aporte de las universidades públicas al rezago educativo por 26 000 millones de colones. Sin embargo, la propuesta no fue adoptada en el seno de Conare. 

El rector de la Institución señaló que la UCR dejó claro a la opinión pública y nacional que “la Universidad de Costa Rica firmó bajo protesta el acuerdo porque incumple con lo estipulado en el artículo 78 de la Constitución Política y está en desacuerdo con el monto incluido por concepto de ajuste de inflación”. 

Las personas presentes en el consejo ampliado, realizado este 26 de agosto a las 2:00 p. m. y que se extendió por dos horas y media, reconocieron la labor realizada por la administración y el ambiente político complejo en el que se generó el actual proceso de negociación.

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Al respecto, el exrector Dr. Gabriel Macaya Trejos recordó que según el último estudio de opinión pública realizado por el CIEP-UCR, se advierte que un 27 % de la población costarricense cree que el Poder Ejecutivo debe ignorar las leyes si estas obstaculizan su función, y un 37 % está de acuerdo en que el Ejecutivo no debe hacer caso a las decisiones de los jueces.

Lamentablemente, en ese terreno se fortalecen acciones (validadas por la opinión pública) de irrespeto a la Constitución Política y al acuerdo nacional de financiar con un 8 % del Producto Interno Bruto al sector educación. Ello es una lucha a la que debe estar convocado todo el sector social del país. 

El rector concluyó señalando que siente frustración compartida por muchos, que se cerraron caminos al andar pero que se abrieron otros. Agregó que se está enfrentando a un gobierno con posiciones adversas a la educación pública y al Estado social de derecho. 

“En este contexto, debemos responder a los desafíos del país,  y particularmente nos convoca la defensa de la educación pública en todos sus niveles”, concluyó.