11 jul 2022Ciencia y Tecnología

Cada vez que el mundo atraviesa una crisis alimentaria, se abre la interrogante de si el país está produciendo lo básico para garantizar el sustento de toda su población o, al menos, tener la seguridad de obtener los alimentos en el mercado internacional a precios razonables.

Esa pregunta adquiere más relevancia hoy, cuando el planeta está experimentando los efectos pospandemia, un conflicto armado entre Rusia y Ucrania que ha disminuido la producción de algunos cereales, la crisis de los contenedores, el elevado precio de los hidrocarburos y la menor oferta de algunos productos agrícolas de gran consumo por los daños que han sufrido los cultivos producto de los trastornos en las temperaturas que ha provocado el cambio climático.

Es el caso de la India, segundo productor de trigo del mundo, el cual se vio en la obligación de suspender sus exportaciones de este cereal este año para garantizar el abastecimiento nacional, dada la ola de calor que experimentó y que redujo la producción de trigo considerablemente. Esta decisión dejó sin un “plan B” al mundo ante la disminución de la oferta de trigo por el conflicto armado, y su consecuente aumento en el precio.  

En este sentido, Víctor Garro Martínez, director del Programa de Posgrado en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR), dice que se calcula que por cada 1% de aumento en el precio de los granos básicos hay diez millones de personas que caen en la hambruna. En esta misma línea, señala que se prevé que más de 250 millones de personas en el mundo sean afectadas por fenómenos de este tipo por la crisis alimentaria que se avecina.

La tendencia agropecuaria costarricense en las últimas décadas refleja una disminución de las hectáreas dedicadas a actividades pecuarias y agrícolas unido a una especialización en ciertos productos para la exportación y a una disminución significativa en el área sembrada de arroz, frijoles, maíz y algunas hortalizas básicas en la dieta de la población nacional, lo cual ha provocado la necesidad de que el país importe muchos de estos productos. De acuerdo con el Informe Comercio Exterior del Sector Agropecuario 2020-2021 de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa), las mayores importaciones de Costa Rica en ese período fueron maíz amarillo, soya, trigo, atunes y arroz, algunas de ellas dirigidas al consumo humano y otras para la alimentación animal para la producción de huevos y carne.

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De acuerdo con el VI Censo Nacional Agropecuario el país registró casi 9 000 fincas menos en el 2014 en relación con el penúltimo estudio de este tipo realizado en 1984. El reporte destaca que es la primera ocasión en la que hay una disminución en este rubro desde 1955. Este dato coincide con una menor cantidad de hectáreas dedicadas a actividades agropecuarias entre ambos períodos, la cual equivale a poco más del doble de la extensión de toda la provincia de Cartago.  De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria del 2019 hay una menor extensión sembrada y cosechada de arroz, frijol, maíz, yuca, papa, tiquisque, tomate, cebolla y ñampí, en relación con el censo del 2014; mientras que hay más tierras dedicadas al cultivo de la palma aceitera, el banano, el aguacate, el mango y la papaya.

Si bien el estudio del 2019 dice que no se obtuvieron datos confiables en el caso de la piña, se calcula que el cultivo de este producto abarca más de 57 000 hectáreas, de acuerdo con mediciones del del Laboratorio Prias del Centro Nacional de Alta Tecnología (Cenat). Es decir, que el lapso de cinco años, hay 20 000 hectáreas más dedicadas a la piña, mientras que en el censo de 1984 apenas aparecía con poco más de 2 000 hectáreas en todo el país. Esto explica el hecho de que Costa Rica ostente el título de mayor productor de esta fruta en todo el mundo y que, en la actualidad, Costa Rica esté produciendo la misma cantidad de piña que se producía en todo el planeta a principios de la década de los años setenta.

Bien se puede decir que las hectáreas que ha ganado la piña y la palma aceitera en el último lustro, las han perdido el arroz, los frijoles, el maíz, la yuca, la papa, la cebolla y el tomate juntos. Este desplazamiento que ha experimentado el país en materia productiva obedece a un principio que subyace en los Tratados de Libre Comercio (TLC), el cual plantea que los países se especialicen en los productos en los que tienen ventajas competitivas o que desarrollan con más eficiencia que el resto. De esta manera, pueden vender sus productos con más éxito en el extranjero y, con las ganancias, pueden adquirir en el mercado internacional los bienes y servicios que no se generan en sus territorios.

Una lectura superficial de este principio aseguraría que los Tratados de Libre Comercio son los responsables de que el país haya disminuido su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación, pero dos investigadores de la Universidad de Costa Rica subrayan que no es así, sino que es producto de la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos que al país le interesa conservar.

Uno de ellos es Garro, quien considera que el país no tomó las medidas necesarias para fortalecer ciertos sectores agropecuarios claves para la seguridad alimentaria antes de que se cumplieran los tiempos que se establecen en los TLC para quitar los aranceles al ingreso de productos foráneos. El investigador explica que este tipo de acuerdos entre países suelen ser asimétricos, de forma tal que “el país grande” retira sus aranceles de forma inmediata para que “el país pequeño” pueda ingresar con sus productos, mientras que al “país pequeño” se le conceden diversos períodos para ir quitando sus aranceles a los productos negociados para que, poco a poco, “el país grande” ingrese con sus productos al nuevo mercado.

Esos lapsos que establecen los TLC a favor de las economías más pequeñas están diseñados para que el país beneficiado fortalezca a su sector productivo mediante capacitación, asesoría técnica, asistencia financiera y apoyo empresarial. Sin embargo, en criterio de Garro, el país no aprovechó esta ventana y dejó al sector productivo sin el acompañamiento necesario para enfrentar la libre competencia con empresas internacionales. Esto ha generado que muchos productores abandonen sus cultivos, vendan sus tierras a compañías dedicadas a monocultivos más rentables o, en el mejor de los casos, cambien de producto cultivado.

En este sentido, Garro es categórico en señalar que los TLC no son incompatibles con la seguridad alimentaria porque hay maneras en las que un país puede respetar los acuerdos internacionales y, a la vez, desarrollar una política pública alrededor de cultivos de interés nacional con la finalidad de hacerlos más eficientes y atractivos para el consumidor y, así, enfrentar exitosamente la competencia con productos extranjeros.

“Los TLC no vienen a debilitar la seguridad alimentaria de un país, no son un atentado, porque los gobiernos pueden diseñar política pública para compensar, para fortalecer a esos sectores, no con aspectos que vayan a ser sancionados en el tratado, no puede haber limitaciones de carácter cuantitativo ni cuestiones arancelarias, pero sí puede haber asistencia técnica, créditos subsidiados, una serie de aspectos que fortalezcan a los productores, para que en sus actividades de seguridad alimentaria generen una propuesta de valor para que los consumidores estén dispuestos a adquirir sus productos y eso va desde el diseño, el mercadeo, el producto y la distribución”, enfatizó Garro.

Similar percepción tiene Rafael González Ballar, director del Programa de Posgrado en Derecho de la UCR, para quien el Estado costarricense ha caído en “hacer muy poco, muy lento y muy tarde” para salvaguardar la seguridad alimentaria del país ante los plazos que establecen los TLC para la libre competencia en productos agropecuarios sensibles, así como en otros aspectos que tienen un impacto directo en la producción agrícola.

“Muy poco interés ha habido por luchar en el tema del cambio climático porque hay otras prioridades. Por ejemplo, el Acuerdo de Escazú que Costa Rica no ha querido firmar o la misma Ley de Aguas. Si no atendemos el tema ambiental como se debe, le estamos haciendo un gran daño a la agricultura. Esto hay que verlo como un combo, no se puede ver aislado. Arranca desde esos años (2008-2009) ese desinterés de los países, haciendo muy poco, muy lento y llegando tarde en temas de biodiversidad, por ejemplo, tema fundamental para la agricultura”, subrayó González.

En concordancia con Garro, González afirma que es urgente que el Estado impulse políticas públicas encaminadas a rescatar la seguridad alimentaria, entre las que destaca que la población recupere el gusto por la gastronomía costarricense mediante un esfuerzo integrado desde las escuelas, con apoyo publicitario y de capacitación y como resultado de una planificación. Sin embargo, manifiesta que no ve un Estado alerta y procurando un equilibrio entre la producción para el autoabastecimiento y la enfocada en el mercado internacional.

“Yo no satanizo los tratados de libre comercio, siempre y cuando un gobierno tenga la suficiente planificación para la agricultura que se va a impactar en los países, el pequeño agricultor, pymes y todo lo que tiene que ver con la pequeña producción, porque los tratados de libre comercio vienen con un criterio de beneficio no necesariamente para la pequeña agricultura. Hay suficiente evidencia de que Costa Rica se vio afectada”, puntualizó el especialista en Derecho Ambiental.

González utiliza el concepto de “sociedades del riesgo” del sociólogo alemán Ulrich Beck para referirse a las distintas complejidades que enfrenta el planeta en materia ambiental, económica, sanitaria y política, y que se ven incrementadas por las disparidades sociales que ha provocado la ausencia de políticas públicas que protejan a los sectores más desfavorecidos ante la entrada en vigencia de los TLC.

“A manera de hipótesis: El TLC ha provocado que en nuestras economías tengamos más riesgos de tipo económico en el sentido de que somos más vulnerables. La sociedad del riesgo produce inequidad y grandes diferencias entre grupos y sectores que se han enriquecido a costa de otros que son más vulnerables. Eso es un riesgo, riesgo social, porque provoca robos, muertes y narcotráfico por ausencia de empleo”, advirtió.

¿Esperar el futuro o construirlo?

Para Garro, el futuro del país es sombrío en materia de seguridad alimentaria en el tanto no se tomen las medidas necesarias para salvaguardarla. De acuerdo con el especialista, el país debe comprender los mercados como cadenas globales y tener claridad sobre cuáles productos son estratégicos para el autoabastecimiento y cuáles políticas públicas en materia de tierras, capacitación, asistencia técnica, crédito, comercialización y mercadeo se van a impulsar para garantizar su competitividad.

“Nosotros tenemos aún a nuestro haber una riqueza biológica enorme que se puede estar explotando de productos que aún no los comercializamos, como pueden ser diferentes tipos de fruta y hierbas. Podemos explotar otro tipo de productos, como harinas, arroz tradicional cultivado por comunidades autóctonas y cacao en polvo. No es solo la ausencia de recursos, sino la falta de creatividad o de impulso para que se pueda desarrollar”, ilustró.

Además de formular una planificación estratégica en torno a la seguridad alimentaria que incluya otorgamiento de tierras a grupos productivos, asistencia técnica, capacitación, créditos subsidiados, comercialización y mercadeo que le brinde mayor competitividad y valor a los productos agropecuarios destinados al autoabastecimiento, Garro sugiere las siguientes tres medidas para construir un mejor futuro en esta materia:

1. Involucrar a los partidos políticos en el tema. El investigador recuerda que, en una democracia participativa, los partidos políticos son los que deben estar pensando el modelo de país y las acciones para alcanzarlo.

2. Velar porque en las juntas directivas de las instituciones se tomen las mejores decisiones para toda la población. En este sentido, el director del Programa de Posgrado en Administración Pública señaló que en esos espacios no siempre se hace la política pública promovida por el Gobierno, sino la de ciertos grupos e intereses particulares representados ahí.

3. Realizar una reforma institucional bastante fuerte que simplifique la toma de decisiones y la forma en que se hace política, con Consejos Económicos Sociales donde participen diferentes grupos de la sociedad.

En esta línea, González considera que para tener un mejor futuro en materia de seguridad alimentaria no hay otro camino que la planificación. De acuerdo con el director del Programa de Posgrado en Derecho lo ideal era prever el riesgo en el momento de la firma de los TLC para calcularlo y tomar las medidas pertinentes. Sin embargo, eso no se hizo y ahora solo queda la vía de la resiliencia, la cual no es otra cosa que promover políticas públicas a partir de lo que hay y las complejidades que establecen los acuerdos firmados, toda vez que ya se cumplieron los plazos de protección para la mayoría de los productos agropecuarios.

“Sabemos que estamos en una sociedad del riesgo. Sabemos que el riesgo lo potenciamos firmando Tratados de Libre Comercio sin tomar las medidas adecuadas para equilibrar a lo interno los impactos a la seguridad alimentaria. Si no fuimos capaces de prever el riesgo y todavía no lo somos, porque prever el riesgo es muy caro, entonces tengamos una política de resiliencia en la mayoría de los niveles. Con políticas resilientes sobre sectores como la agricultura y el turismo podríamos ir más rápido, con efectos más beneficiosos y equilibrar un poco la balanza”, recomendó González.